Escribe Malena Zetkin

Como ya se ha resaltado públicamente desde el ascenso de la “marea verde” en 2018, los abortos clandestinos en Argentina ascienden a las cifras de entre 370 y 520 mil al año y constituyen la principal causa de muerte de mujeres y personas con capacidad de gestar. La necesidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo no es un asunto menor, sino que resulta uno de los principales problemas de salud de las mujeres que puede tener una solución eficaz, tal como se ha demostrado en más de la mitad de los países del mundo en donde el aborto es legal.

Sin embargo, en 2018 el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, a pesar del apoyo de millones en las calles, quedó sepultado tras la negativa de los senadores que eligieron el bando de la Iglesia Católica en contra de las mujeres. Pero la “marea verde” siguió viva y en las calles insistiendo con la aprobación del proyecto de ley. Por ello la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto volvió a presentarlo en 2019 en el Congreso y el pañuelo verde siguió siendo bandera en todas las movilizaciones feministas hasta la actualidad. En este marco, el nuevo gobierno de Alberto Fernández no dudó en subirse a la ola y anunciar que el presidente enviaría al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto, aunque diferente del discutido en las calles y en los cientos de actividades en las que se formó la comisión redactora del mismo.

El nuevo gobierno del peronismo, a diferencia de sus predecesores, debió enseguida anunciar que apoya el aborto legal. Pero pronto comenzaron a surgir rumores acerca de la letra del proyecto de ley. Tras reuniones con el Vaticano y diferentes referentes de la Iglesia Católica, el gobierno dejó entrever que su proyecto tendría una propuesta de objeción de conciencia. Es decir, le daría vía libre a los médicos e instituciones religiosas para que se nieguen a realizar la práctica de salud excusados en sus creencias, tal como ya ocurre en nuestro país con los casos de las niñas obligadas a parir y las mujeres maltratadas, torturadas y hasta criminalizadas, aunque estén contempladas en los casos de abortos no punibles. Por eso, en el pañuelazo del 19F y en las acciones y movilizaciones del 8 y 9M centenares de miles en todo el país, salimos a dejar bien claro que nuestro proyecto está en las calles. Y que seguimos reclamando la separación de la iglesia y el Estado, por lo tanto, la queremos fuera de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

Mientras  se esparcen rumores acerca del proyecto de ley del gobierno, lo cierto igualmente es que éste sigue sin aparecer. El tiempo pasa y debajo de la pila de especulaciones sobre qué presentará el presidente en el Congreso quedan las mujeres muertas, mutiladas o criminalizadas por la clandestinidad. Por eso reafirmamos que al proyecto de ley ya lo tenemos. Es el de la Campaña. Está en las calles. Basta de dilaciones y especulaciones con nuestros derechos. Queremos el aborto legal ya.