Escribe José Castillo   

El primer paquete de medidas ante el coronavirus incluyó 700.000 millones de pesos. De ellos, la mitad se destinó a subsidiar a las empresas, supuestamente para que puedan pagar los sueldos y no despidan personal.

Así, se pusieron recursos del Banco Central como garantía para que los bancos ofrezcan créditos a tasas bajas a las empresas para que puedan financiar hasta el 100% de los salarios de este mes. Traducido: si luego esas empresas no pagan los créditos, lo hará el Estado, que sale de “garante”. Al mismo tiempo, las empresas quedan exceptuadas de pagar contribuciones y aportes patronales. Nuevamente la contrapartida es una mayor desfinanciación de la Anses. También hay exenciones y corrimientos de plazos para pagar impuestos y subsidios.

Además se facilitaron los trámites para masificar un mecanismo que se había inventado durante el kirchnerismo en 2009, los “repo”. De acuerdo con esto, una empresa puede pedirle al Estado que directamente le pague una parte del sueldo de sus trabajadores a cambio de no despedirlos.

En concreto, las patronales están recibiendo enormes “incentivos” (léase dinero del Estado para que cubran lo que dejan de ganar en estas semanas). Pero, como ya vimos en el caso de Techint esto no alcanza para que las patronales no estén planificando toda una ola de suspensiones y despidos en cuanto les resulte posible, así como una baja generalizada de salarios.

Estamos ante una auténtica emergencia sanitaria. Necesitamos todo el dinero posible para resolverla. No estamos de acuerdo con que una parte sustancial se despilfarre entregándosela a grandes empresas con la promesa de que así no se despedirá personal, cosa que, como vemos, luego no se cumple.

Las grandes empresas no deben ser subsidiadas. Al contrario, ellas deben aportar en la crisis con un impuesto especial a sus superganancias de años anteriores.