Escriben Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y Mónica Méndez, secretaria de organización de la Cicop

La semana pasada hubo una seguidilla de contagios de Covid 19 en instituciones en las que trabajadores de la salud fueron involuntarios vectores. Estas situaciones trajeron a la luz la práctica habitual del pluriempleo debido a los bajos salarios en el sector salud. Un médico cordobés, que atendía afiliados de Pami en su consultorio privado, era médico del geriátrico de la localidad y atendía también en un dispensario de la zona, era portador asintomático y, sin saberlo, al parecer contagió a sus pacientes. Según el intendente de la localidad hay 31 casos positivos de coronavirus, cifra cuestionada, por otra parte.

El profesional describe las condiciones en que funcionaba el geriátrico, que son generales en los establecimientos para personas mayores. "En el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y el personal se secaba las manos en los ambos o en una toalla comunitaria porque sólo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos". Culmina su relato refiriendo que, en el hospital de Unquillo, al que concurrió cuando se sintió mal, tuvo que insistirle mucho al colega que lo atendió para lograr que le hiciera un hisopado de fauces.

Equipamiento de protección incompleto y salarios irrisorios

Esta situación de incumplimientos de elementales normas de bioseguridad, que pone en peligro la salud de los trabajadores del sector y los usuarios del sistema, no es privativa de los geriátricos, sino que se extiende en distintos grados a todo el sistema de salud, público y privado. Los centros de salud en Capital y provincia de Buenos Aires, los sanatorios privados y los hospitales públicos no ponen a disposición de sus trabajadores de salud de la totalidad del equipamiento de protección personal. El sistema de salud ya estaba sumido en una crisis estructural muchos años antes que se desatara la pandemia: faltaban insumos de todo tipo como así también se iba reponiendo con cuentagotas el personal faltante.

El otro gran problema del sistema de salud es el recurso humano. Los salarios han sido prácticamente congelados, con aumentos irrisorios en las recientes paritarias. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se queja porque no consigue llenar los escasos puestos que se ofrecen de médicos de terapia intensiva, y así en otras profesiones y especialidades. Es que gran parte de las nuevas vacantes ofrecidas son contratos temporarios sin perspectiva cierta de titularidad y con sueldos ínfimos, algo que no resulta atractivo para nadie.

Instituto Malbrán: ¿joya de la corona u orejón del tarro?

El admirable y abnegado trabajo que desempeña el equipo de virología del Instituto Malbrán habla muy bien de los trabajadores que lo integran, pero muy mal de las autoridades. De los once virólogos y virólogas -la mayoría son mujeres-, ocho tienen designaciones precarias, no son de la planta permanente. Los salarios de todos los trabajadores del Instituto han perdido en los últimos cuatro años el 65% de su poder adquisitivo. Cien puestos permanecen vacantes y los insumos y reactivos escasean o han dejado de comprarse directamente. “Estamos tan mal como un hospital donde uno ve al personal y se pregunta ¿Cómo hace para trabajar así?” sintetiza un trabajador.

La descentralización del testeo viral marcha a paso muy lento. Por ejemplo, el Hospital Paroissien de La Matanza designado como referente en ese municipio de dos millones de habitantes hace casi un mes, tiene ya su personal instruido, pero no aparece la tecnología necesaria para empezar a trabajar.

Se necesitan salarios dignos y medidas enérgicas para proteger al personal de salud y la población

En primer lugar, se debe pagar un salario digno a los trabajadores de salud que no puede ser menor para la categoría más baja que el valor de la canasta familiar del Indec. Se debe titularizar a todos los precarios y mediante un decreto presidencial inscribir la infección por Covid 19 como enfermedad profesional. En segundo lugar, se debe licenciar a los trabajadores mayores de 60 años, embarazadas y portadores de patologías de riesgo para que no concurran a los establecimientos.  En todos los centros se deben constituir comités de crisis con intervención de los trabajadores para manejar la situación.

El personal de salud no solo está en una situación vulnerable, sino que puede ser vector de contagio, por eso debe ser especialmente protegido. Los empleadores deben cumplir escrupulosamente todas las normas de bioseguridad. El personal debe tener las batas, delantales hemo repelentes, protectores faciales, barbijos, antiparras y guantes en calidad y, además, en cantidad suficiente para poder cambiarse como manda el protocolo. El presupuesto para hacer frente a estas necesidades debe provenir de un fondo especial como se indica en otras partes de este ejemplar.

Todos los trabajadores expuestos a la circulación de personas deben se testeados. No solo los de salud, sino también trabajadores del transporte, delivery, cajeros y otros.

Si hay escasez de elementos para dar cumplimiento a estas normas de seguridad, el Estado debe nacionalizar bajo control de sus trabajadores y reconvertir, los sectores industriales que permitan garantizarlo. Sólo tomando estas medidas se podrá terminar rápidamente con la pandemia y así ahorrar más sufrimientos y muertes al pueblo