Escribe Ariel Napoli
Siguen las repercusiones por el primer caso de corrupción del gobierno de Alberto Fernández. A la renuncia de Gonzalo Calvo, el funcionario de Desarrollo Social que había sido el responsable de las compras de alimentos se sumó el despido de otros quince funcionarios del mismo ministerio.
En el transcurso de la semana pasada se dieron a conocer más detalles del caso. Teylem y Forain, dos de las empresas proveedoras del estado que con esta compra iban a recibir 79,7 y 85,9 millones de pesos respectivamente, poseen el mismo domicilio legal, en la calle San Martín 66 de la Ciudad de Buenos Aires. Las dos empresas pertenecen al Grupo L, presidido por Víctor Luis Luzardi, un empresario que supo hacer negociados con la gobernación de la provincia de Buenos Aires, tanto en la gestión de Scioli como en la de Vidal, haciéndose cargo del servicio alimentario del sistema Penitenciario Bonaerense.
Paralelamente, Sol Ganadera y Alimentos Generales, dos proveedoras más, tienen como apoderado, a la misma persona, Federico José Toscano. Ambas iban a cobrar la suma de 82,8 y 48,7 millones de pesos respectivamente. Es decir: El gobierno convocó a seis empresas para realizar la compra de alimentos y, dos pares de ellas tienen relaciones entre sí. Un hecho de corrupción flagrante.
Nuevos hechos
Las irregularidades de la actual gestión de Desarrollo Social no se agotan en el escándalo de la semana pasada. La abogada Silvia Martínez presentó una denuncia ante la fiscalía nacional de investigaciones administrativas en la que asegura que a principios de 2020 Desarrollo Social realizó compras en seis oportunidades con precios muy superiores a los valores de esas mercaderías. La denuncia involucra a las mismas empresas que están vinculadas con el caso de sobreprecios de la semana anterior. En su denuncia la abogada sostiene: “siempre se usa la misma metodología: muchas empresas se presentan, pero pocas confirman la oferta. Y el sobreprecio en los productos es escandaloso”. (Clarín, 12/4/2020).
Pagar caro no es una costumbre exclusiva del gobierno nacional. La semana pasada también se supo que gobierno de la ciudad de Buenos Aires compró barbijos de alta calidad a 3.000 pesos la unidad, siendo que en la página web del fabricante (3M) se cotizan a 11 dólares, es decir unos 940 pesos. Mientras tanto el personal de salud dependiente del gobierno de la ciudad denuncia la falta de insumos para protegerse frente a la pandemia. Una verdadera vergüenza y una muestra más de que los políticos patronales no tienen empacho en lucrar aprovechando sus cargos en el estado, incluso en una situación de gravísima crisis social como la que estamos atravesando. Para ello trabajan en conjunto con empresas inescrupulosas que lucran con la necesidad de los trabajadores. Una vez más decimos ¡Todos los corruptos tienen que ir presos!
