Economistas del establishment y grandes empresarios vienen insistiendo en que el estado debe “intervenir” cada vez más en la economía a su favor, pagando salarios, no cobrándoles impuestos ni cargas patronales y brindándoles todo tipo de subsidios.

Escribe José Castillo

Normalmente, las grandes patronales suelen presentarse como “a favor” de la iniciativa privada y en contra de cualquier intervención del estado en la economía. Sus economistas y periodistas amigos insisten hasta el cansancio: el estado sería “ineficiente”, “traba la inversión privada”, las empresas públicas deben privatizarse, los precios no tienen que controlarse y un largo etcétera. Todo, según su discurso, debe dejarse librado al “libre juego del mercado”.

En realidad, esto nunca es así. Sabemos bien que, cuando les conviene, reclaman subsidios, como lo hacen las empresas de servicios públicos privatizados, piden que el estado les garantice un precio para el barril del petróleo cuando este baja más allá del precio que les conviene o directamente “viven” de los contratos de la obra pública. Los bancos hacen sus máximas ganancias comprandoles letras al Banco Central. Sin mencionar cuando el “estado” que hacen intervenir a su favor es el propio ministerio de Trabajo fallando a favor de las patronales en los conflictos obreros o, directamente, el propio aparato represivo reprimiendo las luchas.

Pero estos empresarios hasta ayer “liberales”, hoy aparecen pidiendo la ayuda del estado. Así escuchamos a economistas como Gabriel Rubinstein afirmando sin ruborizarse que “el Estado debería pagar los sueldos de las empresas privadas”. Insiste en que esto ni siquiera debe ser tomado como un préstamo: “las empresas no tienen que salir de esto endeudadas”. Agrega que tampoco debería cobrarles impuestos. Posiciones similares también se le escucharon a otro economista liberal: Carlos Melconian.

No son opiniones aisladas. Es por lo que las patronales vienen haciendo lobby. Y, digámoslo con todas las letras, una buena parte ya lo consiguieron: el gobierno de Fernández ya está pagando una parte importantísima de los sueldos privados de marzo y a casi todas las empresas se las ha exceptuado de abonar los aportes patronales (con el consiguiente desfinanciamiento de las cajas jubilatorias). Ahora van por más, diciendo que “no van a poder pagar los sueldos de abril”.

Como contrapartida, estos mismos economistas se oponen “horrorizados” a que se le ponga un impuesto a las mayores fortunas o ganancias empresarias: “se trabaría la inversión futura”, dicen descaradamente. Están en contra que se ponga un límite a su “libertad de suspender y despedir”. De la misma manera que advierten que se debe seguir pagando la deuda externa y se oponen, o directamente violan, los controles de precios.

Repasemos, para las patronales y sus amigos, si el gobierno interviene a favor de los empresarios está bien; si lo hace defendiendo a los trabajadores, a los consumidores o a cualquier sector popular, es “trabar el libre juego del mercado”. Quieren toda la plata del estado a su disposición para garantizar la continuidad de sus ganancias. Para nosotros, los socialistas, es exactamente al revés: le exigimos y tratamos de arrancarle a los gobiernos, y en última instancia a un estado “diseñado” para estar al servicio de los patrones, todo lo que podamos para el pueblo trabajador. Por eso exigimos, sí, que el estado “intervenga”: dejando de pagar la deuda externa, cobrándole un impuesto a las grandes fortunas personales y a las ganancias de las grandes empresas y poniendo toda esta plata en un fondo de emergencia para resolver las necesidades más urgentes de la pandemia.