Escribe Mónica Méndez, secretaria de organización de la Cicop
En la compleja y difícil lucha contra el coronavirus, los trabajadores de la salud estamos bajo un fuego cruzado. De un lado por los propios riesgos de contagio que representa estar en la primera línea de combate pero, por otra parte, por la irresponsabilidad con que, en mayor o menor medida, las autoridades de salud pública y los dueños de los establecimientos privados tratan los protocolos de bioseguridad en medio de la pandemia. Tanto es así que mientras la curva de la población en general tiende a achatarse, crece el número de casos de contagios y fallecimientos entre los trabajadores de la salud.
Por eso decimos que tenemos una doble pelea, la que nos exige la profesión, protegiendo a nuestros pacientes, y la que tenemos que dar en defensa de nuestros derechos, comenzando por el de nuestra propia vida. Ya son nueve los muertos entre los que trabajamos en el sistema de salud. Si a esto le sumamos los casi ochocientos casos de contagios confirmados, nuestro país registra uno de los mayores índices de trabajadores de la salud afectados por el coronavirus. Como expresaban los residentes y concurrentes del hospital Penna en una reciente protesta: “Vamos a la guerra desnudos”. La dirección de ese hospital amenaza sancionar al personal que llegue a contagiarse por supuesto incumplimiento de las normas de bioseguridad. Sin embargo, no lo provee de equipamiento adecuado. Es el propio personal quien hace colectas para comprar elementos de protección como barbijos o camisolines, que no alcanzan o son de mala calidad.
Por eso el aumento de infectados y fallecidos entre los trabajadores del sector no es casual, es el resultado de la crisis instalada en la salud en las últimas décadas y de la desidia con que las autoridades públicas y privadas tratan el problema originado por la pandemia. Los bajísimos salarios, por ejemplo, han generado la necesidad del pluriempleo. De esta forma, además de las extenuantes jornadas, los trabajadores debemos tener varios trabajos para cubrir nuestras necesidades básicas, deambulando por varios centros de salud, muchos de los cuales no respetan de forma estricta los protocolos impuestos para la pandemia, expandiendo la posibilidad de contagio.
Fue de esta forma que la semana pasada falleció el cardiólogo Félix Ramírez Sosa, de 61 años. Trabajaba en la clínica General Belgrano de Quilmes y en cinco salitas de primeros auxilios. Es un caso emblemático porque responde a los problemas que denunciamos permanentemente. Pertenecía a un grupo de riesgo por su edad, pero el Ministerio se Salud se niega a cumplir con este protocolo. O sea, en vez de quedarse en casa cumpliendo con el aislamiento social, Ramírez Sosa estaba obligado a trabajar, además de verse exigido a recorrer varios centros de salud con la posibilidad de contagiar tanto a pacientes como a compañeros de trabajo.
Son “tragedias anunciadas” que, aunque no son de ahora, se agravan frente a la pandemia y la falta de equipamiento de protección. Por eso esa doble pelea. En todo este tiempo hemos tenido que mantener una lucha constante contra estas políticas irresponsables que nos exponen al peligro. Solo después de muchos reclamos hemos logrado, desde la Cicop, que las compañeras embarazadas puedan ser licenciadas. Hemos multiplicado las denuncias, las protestas y las exigencias para conseguir pequeños avances en nuestros reclamos. Así como en el sistema público el gobierno se niega a invertir en equipamiento de protección personal, en el ámbito privado las empresas sanatoriales, defendiendo la sacrosanta ganancia capitalista, continúan resistiéndose a proveer estos elementos y, además, están bajando los salarios. Tal es el caso de Galeno, el Hospital Italiano, el Hospital Alemán, la Clínica del Sol, el Sanatorio Otamendi o la Clínica Bazterrica.
Esta pandemia ha puesto en evidencia la falencia del sistema público de salud, algo que siempre hemos denunciado, pero además ha servido para demostrar la necesidad de acabar con un sistema privado cuyo objetivo central es la ganancia y no la salud. Hay que estatizarlo bajo control de las trabajadoras y los trabajadores. Es necesario que mantengamos la movilización que ya empezó. El 7 de mayo hay en Buenos Aires una convocatoria a la Legislatura del personal de los hospitales públicos y circulan en las redes llamados a la lucha para el 15 de los profesionales de clínicas privadas.
Movilizados, continuaremos exigiendo la provisión de elementos de protección de calidad para todos los trabajadores del sector independientemente de la función, test periódicos para controlar los posibles contagios y el funcionamiento de los comités de crisis en cada establecimiento público o privado (formados por la dirección con participación de los trabajadores) para evaluar la evolución de la pandemia y las medidas de protección a ser adoptadas. Pasa a ser primordial la lucha por el aumento salarial, el rechazo a los descuentos tanto en el ámbito privado como en el público, como está empezando a suceder. Junto con esto seguiremos exigiendo un mayor presupuesto para la salud pública que permita una atención adecuada a la población y salarios dignos para sus trabajadores, en base a impuestos especiales a los grandes empresarios, multinacionales y el no pago de la deuda externa.
