Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía

La semana pasada, el gobierno citó a la representación gremial de los trabajadores del Estado nacional para comunicar que posterga sin fecha la discusión paritaria. Este congelamiento salarial deja a decenas de miles de trabajadores del Estado nacional por debajo de la línea de pobreza.

Más allá de grandes discursos sobre el rol del Estado, el gobierno ha consagrado la miseria salarial que nos legaron el macrismo y los últimos años del gobierno de Cristina Fernández. Los estatales nacionales tenemos el triste récord de estar entre las tres actividades que mayor poder adquisitivo han perdido en los cuatro años del gobierno anterior con una merma cercana al 35 por ciento. Y en el convenio Sinep, que engloba a los trabajadores de la mayor parte de la administración pública, el salario inicial ronda los 22.000 pesos. Cerca de la mitad de lo que necesita una familia para no ser pobre (43.000 pesos, según datos oficiales del Indec) y la tercera parte de lo mínimo que necesitó una familia tipo para vivir en el mes de abril de 2020 (67.000 pesos, según relevó la junta interna de ATE Indec).

El gobierno sostiene que la postergación de la paritaria es para esperar que termine la renegociación de la deuda con los bonistas y que pasen los efectos económicos de la pandemia. Los trabajadores le decimos que el salario no puede esperar. Que no se debe pagar un peso de la deuda y que la crisis económica no la tenemos que pagar nosotros sino los grandes capitalistas, con un impuesto extraordinario.

Las conducciones de ATE Capital y Nacional han denunciado, en distintos tonos, la postergación de las paritarias. Pero no han dado una sola muestra de salir a enfrentar esta situación con medidas de lucha. Ambos sectores buscan no hacerle olas al gobierno nacional, dejando correr un congelamiento salarial que se intentará replicar sobre centenares de miles de estatales provinciales y municipales.

Desde cada sector de trabajo tenemos que impulsar asambleas, reuniones de delegados y activistas utilizando las herramientas a nuestro alcance para sortear las dificultades que conllevan el aislamiento y el teletrabajo. Y desde abajo imponer a las conducciones que hoy miran para otro lado un plan de lucha en defensa de nuestro elemental derecho de tener salarios dignos.