Escribe José Castillo

Hasta que se declaró en cesación de pagos en diciembre pasado, y en concurso de acreedores en febrero de este año, Vicentin era el principal exportador de aceite (23,1% del total) y harina de soja (19,2%) del país. 

Se trata de un gran grupo económico nacional. Es parte de una red corporativa que incluye dieciséis firmas en el país y empresas en el exterior (Uruguay, Paraguay, Brasil y España). Además de sus dos plantas cerealeras en San Lorenzo y Ricardone, también es propietaria del frigorífico Friar (que incluía corrales propios y planta de empaquetamiento de carne), de Algodonera Avellaneda (algodón “Estrella”), Arsa (dueña de marcas de yogures y postres que le compró a SanCor), bodega Vicentin Family Wines, la acopiadora y exportadora de miel Promiel y hasta de una terminal en el puerto de Rosario, además de empresas menores ajenas a estos rubros, como la productora de cine que realizó la película El padre Jorge, sobre el papa Francisco. En su actividad principal, la agroexportación, es un grupo económico “integrado”, ya que tiene empresas de acopio de granos hasta puerto propio para la salida de sus productos. 

A todo esto hay que sumar que es dueña, junto con la multinacional suiza Glencore, de Renova, la principal empresa de biodiésel del país. 

La influencia del Grupo Vicentin es tan grande que actualmente le compra la producción a 2.600 pequeños productores de la provincia de Santa Fe. Tiene 5.488 trabajadores: 2.135 en la industria aceitera (1.283 en la propia Vicentin, 806  en Renova, 58 en Renopack y 48 en Patagonia Bioenergía), 920 en la algodonera, 376 en la vitivinícola y 2.057 en la industria frigorífica.

Subió su facturación de 3.535 millones de dólares en 2017 hasta 4.200 millones el año pasado. En esos años su participación en el agronegocio aumentó en todos los rubros: 18% en molienda de soja, 21% en molienda de girasol, 69% en exportación de granos, 4% en producción de biodiésel y 25% en la de bioetanol.

Los actuales dueños de Vicentin son Alberto Padoán y Gustavo Nardelli. Padoán fue presidente de la Bolsa de Rosario hasta el 13 de diciembre pasado. Antes había estado entre los procesados por la causa de los “cuadernos” (coimas de la época del kirchnerismo). El año pasado fue el principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, al que donó 13,5 millones de pesos. Gustavo Nardelli, nieto del fundador de la empresa, fue una de las figuras que PRO “midió” para ser candidato a gobernador de Santa Fe.

La deuda de Vicentin, quién debe cobrar y quién no

Si bien la empresa tiene 90 años, y ya hace más de dos  décadas que está entre las principales del sector, tuvo un crecimiento aún mayor durante el gobierno de Macri. Sin embargo, “extrañamente”, su deuda trepó hasta 99.345 millones de pesos (1.350 millones de dólares). Los principales acreedores de Vicentin son: Banco Nación, 18.182 millones (la deuda de Vicentin con este banco creció 264% en dos años); Banco Provincia de Buenos Aires, 1.814 millones; Banco Hipotecario, 752 millones; Banco Macro, 653 millones; Banco de Entre Ríos, 508 millones; Itaú, 374 millones; Banco de Santa Fe, 372 millones; Banco Ciudad de Buenos Aires, 318 millones, y BICE, 313 millones de pesos. 

Una parte importante de la deuda de Vicentin (30.153 millones de pesos) es, además, con entidades extranjeras. Así, le debe a la International Finance Corporation (Banco Mundial) 16.504 millones de pesos, al Netherlandese Financering 9.228 millones de pesos y al ING Bank NV-Tokyo Branch 4.420 millones.

No cabe duda de que este endeudamiento, y la posterior cesación de pagos de la empresa en diciembre pasado, se trató de una maniobra delictiva. El accionar de los dueños de Vicentin salta por todos los poros. La AFIP detectó sobreestimación de costos y subdeclaración de exportaciones para esconder ganancias y así presentar declaraciones juradas donde tenía que pagar menos impuestos, que después ni siquiera abonó, quedando en mora.

Un tema particular que se abre es sobre el futuro de Renova, una de las empresas más importantes del grupo. Luego de entrar en cesación de pagos, en diciembre pasado, Vicentin le cedió la mayoría accionaria de la empresa a Glencore Agriculture. La multinacional suiza, que obviamente también se benefició con los préstamos ilegales obtenidos, ahora es “socio mayoritario”.

Con la expropiación de la empresa se abre el interrogante de qué pasa con la deuda de la empresa. Un primer tema es que los responsables de este endeudamiento trucho vayan presos y paguen con sus patrimonios particulares. Esto incluye a la propia multinacional Glencore. Obviamente, la expropiación del grupo debe incluir también el de esta empresa, y Glencore debe ser expulsada sin indemnización alguna (es más, se le debería exigir la devolución proporcional a su participación accionaria de los préstamos recibidos). Sin duda, la prioridad para cobrar cualquier deuda la deben tener los propios trabajadores, los pequeños productores y los bancos estatales perjudicados. El resto de la deuda, con otros bancos o con entidades extranjeras (que, como vimos, incluye al propio Banco Mundial) deberá ser desconocida, por fraudulenta.

Un gigante… pero hay otros

Vicentin es la mayor exportadora de capitales argentinos, muy por delante de Molinos Agro (Grupo Perez Companc), Aceitera General Deheza (AGD) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

En los últimos años se movió entre el cuarto y el sexto lugar de la tabla de posiciones de exportadores de granos, soja y derivados del país. Sin embargo, no debemos confundirnos. Hay “jugadores” más grandes. Los otros gigantes son las multinacionales yanquis ADM, Bunge y Cargill (Estados Unidos), la francesa Dreyfus (Francia) y Cofco (China). Vicentin representa apenas el 9% del total de exportaciones del sector de agronegocios.  

Sí es cierto que, ante su situación de virtual vaciamiento financiero y quiebra, los monopolios extranjeros se postulaban para comprarla y concentrar más aún el negocio. Por eso, las patronales del sector (Sociedad Rural, CRA, Coninagro) y los dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a oponerse a la expropiación denunciando “violación de la propiedad privada”. 

Frente a todo esto, es básico plantear la expropiación de la empresa. Por supuesto que no alcanza, debe ser gestionada por sus propios trabajadores y por los pequeños productores involucrados en su operatoria. Y, como señalamos antes, debe ser sin indemnización y con una muy fuerte diferenciación de a quién se le paga lo adeudado y a quién no. 

Pero además, lo insuficiente de la medida salta a la vista frente a los discursos de que esta expropiación sería la garantía para la “soberanía alimentaria”, para definir y controlar precios de alimentos, o para fijar cuánto se les paga a los pequeños productores o, más aún, en el real acceso a los dólares que ingresan por las exportaciones del agronegocio. Ninguna de estas cosas se alcanzará solamente  con Vicentin, incluso si se la estatiza al ciento por ciento. Los otros pulpos seguirán con las maniobras, subfacturando exportaciones, acopiando especulativamente sin vender, para así presionar la suba del dólar o, directamente, fugando divisas. Para terminar con todo esto es necesario sacar del negocio a todos los pulpos monopólicos exportadores nacionalizando el comercio exterior.