Escribe Hugo Iglesias, dirigente de Izquierda Socialista de Río Grande

Una batería de medidas dispuestas en las últimas semanas da cuenta de la carrera de Milei por someter la soberanía de nuestro país en el cono sur a las exigencias de Trump para controlar el cruce bioceánico y la Antártida. Al mismo tiempo que esta semana profundizó sus compromisos geopolíticos con el gobierno de los EEUU, aceptando integrar el fraudulento Consejo de Paz para legitimar el genocidio y colonización de Gaza, puso un pie en el acelerador para su control de Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico sur en función de esos compromisos.

El 21 de febrero a la madrugada, en plena oscuridad, fuerzas de Prefectura naval y de Gendarmería ocuparon el puerto de Ushuaia para dar paso a la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegables (ANPYN) que suspende su habilitación por un año y podría prorrogarse.  El puerto de Ushuaia tiene múltiples funciones. Sirve para fines turísticos en Ushuaia, de aprovisionamiento de cruceros que van a la Antártida, de sostén logístico a la isla, pero también atiende la comunicación y aprovisionamiento por mar de las 13 bases argentinas en ese continente.

En los últimos días, el gobierno de Milei dispuso el traspaso de las bases Carlini y Brown que tienen funciones científicas y dependían de Cancillería al Comando Conjunto Antártico (CoCoAntar) dependiente del ministerio de Defensa. Ambas bases forman parte del Programa Antártico cuya misión es la investigación científica de cuestiones ambientales, biológicas, climáticas y de apoyo logístico a la presencia de nuestro país en el territorio. Científicos y hasta ex militares de estas misiones señalan que el traspaso atentaría contra estos objetivos, y no tiene justificativo. Curiosamente, el personal apostado en esas bases venía señalando el desmantelamiento de recursos en función del ajuste del estado nacional que estaba poniendo en peligro su funcionamiento, lo que podría considerarse parte de una estrategia de pera madura para justificar el traspaso.

Cabe señalar que desde 1959 existe el Tratado Antártico que es internacional y que impide el uso con fines militares del territorio, cuya soberanía está en disputa entre diversos países. Las 13 bases que posee Argentina tienen una ubicación extendida como parte de la defensa de nuestra presencia en el territorio. En 2018 el gobierno de Macri hizo una primera avanzada de militarización, disponiendo el pase de la mayoría de esas bases al CoCoAntar, dependiente de Defensa, dejando solo las dos señaladas para fines científicos. Milei hoy cierra el círculo. Cabe consignar que fuentes no oficiosas de Defensa han manifestado que no tienen recursos para afrontar este nuevo objetivo para sus tareas. Entonces, ¿a qué respondería la medida? ¿Quién sí tiene recursos para sostener o desmantelar estas bases?  No podemos olvidar las dos visitas del jefe del Comando Sur de los EEUU, Almirante Alvin Hosley, y la conferencia sudamericana de Defensa que realizó en nuestro país en 2025, donde se estableció el compromiso de trabajo conjunto para defender el Atlántico sur del supuesto peligro de China en la región, obviamente bajo la dirección de los EEUU. Así mismo recordar que, en noviembre de 2025, producto de estos acuerdos, se realizaron actividades conjuntas de las fuerzas navales argentinas con las estadounidenses en la base militar de Ushuaia.

Al mismo tiempo nos enteramos que uno de los objetivos de la 62 Conferencia internacional de Seguridad que se realizará el 15 de febrero en Munich, es sellar un acuerdo entre el ministro de Defensa Petri y el canciller Quirno con el gobierno inglés para que se levante el veto que rige desde la guerra de Malvinas para que Argentina pueda comprar armas con componentes británicos, y para favorecer el turismo en la Antártida. ¿Nos venden espejitos de colores? ¿Armas británicas para defendernos de quienes ocupan nuestras Malvinas? ¿Una conferencia de seguridad que aborda el turismo en la Antártida?

El 25 de enero un avión de la fuerza aérea estadounidense voló desde Buenos Aires a Ushuaia sin comunicación del Gobiernos Nacional  ni de los organismos de defensa argentinos a las autoridades provinciales.

A esta llamativa avanzada militarista tenemos que agregar la ofensiva de Milei para destruir la economía de la isla que desalienta la permanencia de su población en la misma. En noviembre de 2025 el gobierno nacional redujo la obligatoriedad del 70% al 30% de las partes nacionales que componen un celular, lo que favorece a los importadores y afecta los empleos en el sector. En enero, la fábrica Newsan ya despidió a 150 trabajadores en Ushuaia.

El 15 de enero entró en vigencia el decreto 333/2025 que reduce a 0% los aranceles de importación. Este decreto había sido suspendido en mayo de ese año luego de una huelga general de los metalúrgicos que culminó con un paro provincial. El decreto pone en peligro más de 6.000 puestos de trabajo industriales y varios miles más que esta industria derrama en servicios, comercio, entre otros.

Pero eso, no es todo. También en enero, por resolución 20/206 la Secretaría de Comercio e industria, dependiente del ministerio de Economía nacional, eliminó la obligación de las empresas beneficiarias del Régimen de promoción industrial por Ley 19640 de destinar el 15% de los impuestos que no pagan (IVA) al Fondo de Ampliación de la Matriz productiva (FAMP). Este fondo debía servir para generar fuentes de empleo e infraestructura que permitiera reconvertir el sistema productivo para volverlo sustentable durante el período de prórroga de la mencionada ley que vence en 2030.

Desde su creación el fondo no se utilizó y recién el año pasado los mismos grandes empresarios, como Chernakosvky (Newsan) y Caputo (Mirgor), presentaron proyectos que los benefician, sin necesidad de retorno y que no crean nuevas fuentes de empleo. El FITU presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional en octubre de 2025 para que dicho fondo fuera provincializado y puesto a control de un directorio con mayoría de trabajadores y vecinos de modo que, efectivamente se destinara a un proyecto de sustentabilidad económica de la isla que permita defender el empleo.

Por su parte, el gobierno  encabezado por el peronista Melella, ha demostrado su inutilidad para resolver la crisis financiera que vive la provincia, al punto que hace 7 meses que no paga los salarios policiales, la obra social de los estatales de la provincia, OSEF, afronta graves problemas presupuestarios para la atención de sus afiliados, los hospitales públicos están colapsados por la población sin obra social. Todo esto pronostica una crisis cada día más aguda.

Izquierda Socialista llama a la unidad urgente de todos los sectores de trabajadores para luchar por derrotar la intervención del puerto, apoyando el reclamo que ya vienen haciendo los portuarios en la puerta del mismo.  A sumar esta lucha a la defensa de los puestos de trabajo contra los despidos.

En ese camino proponemos que la realización de un gran encuentro o congreso provincial de sindicatos, trabajadores, vecinos, pequeños comerciantes, estudiantes para discutir la unidad de todos por un plan de emergencia para derrotar la entrega colonialista del gobierno de Milei a cualquier potencia extranjera, y para  proyectar un plan de una economía sustentable que el gobierno provincial no garantiza, y que solo los trabajadores pueden liderar.