Escribe José Castillo

El mayor monopolio agroexportador de capital nacional, Vicentin, entró en convocatoria de acreedores tras una maniobra fraudulenta realizada a los ojos de todos. Ahora han trascendido nuevos “datos”. La empresa se benefició con una cantidad increíble de créditos durante el gobierno de Macri y recurrió a todas las maniobras posibles para evadir impuestos y fugar divisas. En la última etapa, directamente se lanzó a una maniobra de vaciamiento con la complicidad del entonces presidente del Banco Nación Javier González Fraga y el obvio visto bueno de todo el gobierno de Cambiemos. En el medio dejó un tendal de deudas por 100.000 millones de pesos, que incluye a bancos estatales (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires), privados nacionales y extranjeros, la AFIP, el gobierno y varias municipalidades de la provincia de Santa Fe y, lo más grave, dos mil pequeños productores a los cuales nunca les pagó la soja que Vicentin ya vendió y cobró del exterior.

Dentro de estas maniobras está todo el proceso de triangulación por medio de empresas fantasmas (Vicentin Paraguay, Uruguay y Panamá) y la entrega de la mayoría del paquete accionario de Renova (la mayor planta de biodiésel de la Argentina) a la multinacional suiza Glencore, a cambio de un dinero que nadie sabe dónde está.

El conjunto de la patronal, sus cámaras empresarias, medios de comunicación –como el Grupo Clarín o La Nación–, Juntos por el Cambio, Lavagna y hasta ex funcionarios peronistas kirchneristas como el mismísimo Guillermo Moreno, salieron de punta a oponerse a la expropiación, denunciando la “violación a la propiedad privada”. Entre toda la estrategia discursiva que desplegaron, la que se destacó fue mostrar a Vicentin como una empresa nacional, familiar, nacida y desarrollada en la pequeña ciudad de Avellaneda, en el norte santafecino, “benefactora de la comunidad”, que simplemente había tenido un problema financiero “coyuntural” que la había obligado a solicitar el concurso de acreedores.

Muy lejos de la realidad está esa imagen idílica que se quiere vender de Vicentin, bucólicamente campesina, casi al estilo de la familia Ingalls o de Bonanza. Se trata, en cambio, de una empresa que hizo negocios con todos los gobiernos desde hace décadas. Participó en la represión de la dictadura militar, marcando y permitiendo el secuestro de trabajadores de la firma y hasta utilizando para el acta del operativo una máquina de escribir de la propia empresa. Se benefició con la estatización de la deuda externa privada llevada adelante por Domingo Cavallo en el final de la dictadura. Luego tuvo crédito abierto del Banco Nación durante décadas (de hecho, el mayor salto en su endeudamiento se dio durante el gobierno kirchnerista). Participó del circuito de las coimas durante ese gobierno (uno de sus dueños figura en la causa de los cuadernos). Y , por supuesto, después tuvo todas las relaciones habidas y por haber con el macrismo, desde ser su principal aportante de campaña hasta haber intentado colocar el candidato oficialista a gobernador de Santa Fe (no lo fue por el veto de Elisa Carrió, que justamente los acusó de “corruptos”).

Nada de “salvataje”, ¡estatizar ya mismo!

El presidente Alberto Fernández dijo repetidas veces que de lo que se trata es del “salvataje” de la empresa. Seamos claros, a los que hay que salvar es a los trabajadores de la empresa, a los pequeños productores estafados, al patrimonio de los bancos estatales perjudicados, a la AFIP y a las municipalidades a las que este pulpo exportador no les pagó.

“Salvataje” y “rescate” es justamente lo que quiere Vicentin y apoya el conjunto de la patronal: que el Estado se haga cargo de las deudas, “capitalice” (léase ponga plata en la empresa) y le permita a la firma seguir con sus negociados. Lo que corresponde es la expropiación lisa y llana de la totalidad de los activos del grupo y que los dueños, la familia Vicentin, respondan con su propia riqueza acumulada por la deuda que generaron. Ellos y sus socios en la estafa, como Javier González Fraga, deben responder con sus propios patrimonios por el desastre que generaron. Y ante el planteo de que ese dinero “no alcanza” para pagar todas las deudas, la respuesta es clara, una auditoría profunda que determine, tras el pago a los trabajadores, los pequeños productores, los bancos estatales, la AFIP y las municipalidades, si hay algún otro al que debe abonársele o si se trata de cómplices en la maniobra de vaciamiento. Y, desde ya, está cantado quiénes no deben cobrar: los bancos internacionales que ahora aparecen como acreedores.

La estatización debe alcanzar a todo el grupo

Es tan cierto que Vicentin tiene que ser tomado como grupo en su totalidad que, justamente, un pool de estos bancos, encabezado por el mismísimo Banco Mundial y en el que también participan los holandeses FMO, ING Bank y Rabobank y los franceses Natixis y Credit Agricole iniciaron un procedimiento para averiguar cuáles son los activos del Grupo Vicentin en el mundo (el procedimiento se llama justamente Discovery) para así poderle “cobrar” su deuda. Vicentin le debería 16.504 millones de dólares al Banco Mundial (a su brazo que le presta a los privados, la Corporación de Fomento Internacional), 9.228 al FMO y sumas algo menores al resto de los bancos internacionales, hasta totalizar una deuda externa por 33.137 millones de dólares.

Por eso es fundamental que la estatización alcance a todo el grupo, y no solo a Vicentin SAIC, la cerealera. Hay que estatizar Renova y las otras plantas de oleaginosas, Textil Avellaneda, las bodegas, las empacadoras y, por supuesto, el puerto privado de la empresa. En el caso de Renova hay que desconocer la supuesta “venta” del paquete accionario a la multinacional Glencore, efectuada ya en medio de la etapa final del vaciamiento.

¿Por qué debe ser 100% estatal?

El gobierno estaría hablando de crear una sociedad anónima, de economía mixta, con la participación de Vicentin más las operaciones que hoy están a cargo de YPF Agro. No es esa la salida que se necesita. La propia experiencia de la estatización parcial de YPF es el mejor ejemplo. En su momento se creó YPF S.A. con mayoría estatal y 49% de participación privada. Esta figura jurídica (ser una sociedad anónima y no una sociedad del Estado) es la que permitió que se haya llevado adelante el acuerdo secreto con Chevron, pieza maestra del comienzo del saqueo y la destrucción del ambiente en Vaca Muerta. Las empresas mixtas son una cobertura que se usa en muchos países del mundo para esconder a un Estado que se hace cargo de las pérdidas mientras, por atrás, accionistas privados se hacen con las ganancias de los grandes negocios.

¿Por qué debe estar bajo control de los trabajadores?

La segunda cuestión es quién debe gerenciar la futura empresa expropiada y estatizada. No tenemos dudas, deben ser los propios trabajadores, acompañados en todo caso en el control por los pequeños productores. No tenemos que repetir experiencias como la de Aerolíneas Argentinas, que luego de la estatización se transformó en una caja de negocios y clientelismo del peronismo kirchnerista, y de La Cámpora en particular.

Una discusión de fondo es si los trabajadores pueden gestionar una empresa de esas dimensiones. Respondemos tajantemente que sí, recurriendo, por supuesto a profesionales y técnicos comprometidos con la clase trabajadora para los detalles específicos que sean necesarios, pero apelando, siempre, al conocimiento y la decisión final de los propios trabajadores que, durante décadas, aportaron con su esfuerzo a la existencia de la empresa.

Con Vicentin sola no alcanza, hay que nacionalizar el comercio exterior

El gobierno de los Fernández insiste en que la expropiación de Vicentin busca cumplir tres objetivos: tener una empresa testigo del mercado de cereales, evitar la extranjerización del comercio exterior y apuntar a la “soberanía alimentaria”.

Para que todo esto no se termine transformando en un nuevo ejemplo de doble discurso, tenemos que decir que con Vicentin solo no alcanza. Se trata de apenas el 9% del total de las exportaciones agropecuarias. El 90% restante lo manejan los grandes pulpos extranjeros (Cargill, Dreyfuss, ADM y Cofco, y ,como socios menores, otras grandes empresas locales, como Aceitera General Deheza y Molinos). Y eso nadie lo controla, de hecho desde el menemismo, cuando se cerró la Junta Nacional de Granos, todos los gobiernos posteriores sin excepción dejaron correr la máxima libertad para que estos pulpos internacionales hicieran lo que quisieran. Por eso, junto con la expropiación de Vicentin y su conversión en una empresa 100% estatal gestionada por sus trabajadores, hay que avanzar en la nacionalización del comercio exterior. Como, aunque sea parcialmente, existió en nuestro país en la época del primer peronismo con el IAPI. De esta forma sí se tendrán las herramientas para decidir cuánto se exporta, cuánto se dedica al mercado interno, y a qué precios, priorizando la mesa del pueblo trabajador y no, como ahora, los negocios de las grandes transnacionales.