Los trabajadores textiles de Río Grande el 25 de mayo instalaron una carpa frente a la fábrica para reclamar el pago de las cinco quincenas que les deben y las garantías para continuar con la fuente de trabajo. La patronal hace cuarenta años que está en Tierra del Fuego, cuenta con otra fábrica en Trelew, Sedamil, y en la Capital Federal centraliza el área comercial.

Fue beneficiada por el Estado con la ley 19.640, de promoción industrial, y cuenta con la exención y/o  reducción de impuestos nacionales, arancel cero para la importación de bienes y la posibilidad de vender al resto del país sin pagar impuestos aduaneros, lo que nos recuerda a los Vicentin, que vivieron largos años del Estado cosechando fortunas.

Ante la pandemia cerró sus puertas declarándose en concurso de acreedores sin dar garantías de reabrir y propuso, a través del gremio de los textiles, un retiro voluntario, que no significa otra cosa que despidos encubiertos. El Ministerio de Trabajo jamás intimó a la empresa para que definiera la situación.

Los trabajadores, sus delegados y gremios textiles se movilizaron hasta el Concejo Deliberante y no obtuvieron respuestas. Posteriormente, fueron a la Legislatura en Ushuaia donde fue tratada por los diputados, con la presencia de los delegados, la grave situación de los textiles. Solo se resolvió formar “una comisión de seguimiento de toda la situación industrial en la provincia para hacer una evaluación caso por caso de las empresas que están trabajando. Convocarían a los diputados y senadores nacionales para que participen”. Dicen que “seguirán la reacción del conflicto para poder dar contención a sus trabajadores”. Ninguna respuesta concreta para ajustar a la patronal, que durante cuarenta años amasó fortunas y ahora deja a sus trabajadores en condiciones de abandono.

Se solidarizaron y participaron jubilados de ATE, el secretario gremial del Suoem y el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos. La CGT de Ushuaia emitió un comunicado.

El gobierno debería emplazar a la empresa para que reabra, y si no lo hace expropiarla sin pago alguno de su deuda, estatizarla y ponerla en funcionamiento bajo control de sus trabajadores. El próximo miércoles se movilizarán hasta el Ministerio de Trabajo nacional para entregar un petitorio. Diferentes gremios textiles y fábricas de la región fueron invitados.

Corresponsal