Escribe Javier Leonforte

El 18 de agosto, una patota atacó violentamente a las trabajadoras de Algodonera Avellaneda que defienden un piquete de huelga en la puerta de la empresa, en el parque industrial de Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe. Dos compañeras terminaron hospitalizadas, pero los matones no pudieron doblegar el bloqueo. 

La valiente resistencia de las compañeras y los compañeros se alimentó en la fuerza de una lucha que lleva ya varios meses reclamando aumento salarial. Hoy perciben sueldos de hambre, de solo 25.000 pesos, cuando la patronal es multimillonaria. 

La patota actuó instigada por la empresa y el abogado del Grupo Vicentin, amparada por la complicidad del gobierno peronista de Omar Perotti, de la burocracia sindical de la Asociación Obrera Textil (AOT), de la CGT, y la policía de Santa Fe, que liberó la zona. 

El Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) abordó el apoyo a esta lucha en su cuarto plenario del 12 de agosto y posteriormente su mesa nacional resolvió dos declaraciones en apoyo a las obreras, impulsando una campaña de solidaridad en todo el movimiento obrero. Responsabilizamos al Grupo Vicentin, a su abogado, Héctor Vizcay, y a la policía que liberó la zona por este ataque y las secuelas que puedan tener las compañeras heridas. Luego, el juez Santiago Banegas ordenó a la policía desalojar el piquete de las trabajadoras y los trabajadores textiles, pero la huelga continúa firme. 

Se trata de una lucha testigo contra la política de despidos, reducción de salarios y precarización laboral que el gobierno de Alberto Fernández busca imponer para continuar con el pago de la deuda externa y rescatar a empresarios corruptos y vaciadores, como los del Grupo Vicentin.