Escribe Adolfo Santos

Como si no hubiera gravísimos problemas sociales y económicos para resolver, el gobierno peronista está colocando gran parte de sus esfuerzos en el debate sobre la reforma judicial. Según el gobierno la ley sería un avance en la democratización del sistema judicial, ampliando la justicia federal y creando nuevos juzgados y cargos. De ninguna manera estos cambios implican una mayor democratización. Implican avanzar en una justicia maniatada al gobierno y garantizar la impunidad de Cristina y algunos de sus funcionarios. Por eso el apuro del gobierno que cuenta con los votos necesarios para que el proyecto sea aprobado en senadores, pero no en diputados, donde busca obtener los votos necesarios repartiendo con los gobernadores los nuevos cargos judiciales que el proyecto supone en las provincias. La propia vicepresidenta entró en escena para acelerar los trámites de un proyecto que hasta creó un “consejo de notables” para asesorar al congreso. “Notables” como Carlos Beraldi, hombre de confianza y abogado de la vicepresidenta en las causas en que está imputada. El peronismo kirchnerista también actúa para remover jueces contrarios en las causas en las que está imputada con el fin de poner jueces afines.

Tanto interés existe en la reforma judicial, que desde el Instituto Patria, que responde al peronismo kirchnerista, salieron a cobrarle con dureza a la ministra de Justicia Marcela Losardo la poca aplicación de la funcionaria en la defensa del proyecto. ¡Imaginen todo ese esfuerzo colocado al servicio de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras! Por ejemplo, para aplicar un impuesto a las grandes fortunas, resolver los graves problemas de la salud pública o enfrentar a las patronales que suspenden, despiden o cierran empresas tranquilamente.

No nos sorprende. Todos los gobiernos patronales tratan de controlar la Justicia, no para hacerla imparcial y transparente, sino para garantizar su impunidad. La oposición del macrismo a la reforma no tiene que ver con que este quiere avanzar hacia una justicia independiente, sino que responde a pujas de poder por el control del sistema judicial. Cuando Macri era presidente nombró jueces leales que le permitieron zafar de las 214 causas que tenía al comenzar su gobierno. Ahora lo mismo hace Alberto Fernandez. Impulsa una  reforma, que le permitirá controlar el Consejo de la Magistratura, que es el que nombra y remueve jueces o amplía su número para tenerlos de aliados. Muchas veces esos mismos jueces juegan para uno u otro gobierno patronal a fin de protegerse de denuncias y mantener sus privilegios, como hacía el tristemente célebre Norberto Oyarbide.

Una Justicia al servicio de los ricos y poderosos

Nada de lo que se está debatiendo en relación con esta reforma es para favorecer a los trabajadores y los sectores populares. Por eso nos oponemos al proyecto presentado por el gobierno. En este sistema capitalista, la Justicia es un instrumento al servicio de los grandes empresarios. Basta ver cómo actúa con Vicentin, protegiendo a una patronal que estafó a millares de pequeños productores sin sufrir puniciones. Tampoco hizo nada frente al vaciamiento de Latam, que pretende dejar 1.700 trabajadores en la calle, como no se inmutó cuando la multinacional Techint despidió a 1.450 obreros de la construcción en plena pandemia, o cuando la Defensoría de la Tercera Edad denunció el robo a los jubilados.

Pero cuando se trata de denuncias contra los trabajadores, la Justicia actúa con celeridad. Hasta movilizó a Interpol para buscar a Sebastián Romero por protestar contra el robo jubilatorio perpetrado por el gobierno de Macri. Lo mismo hicieron con el Pollo Sobrero cuando Anibal Fernández, sin ninguna prueba, lo acusó de quemar trenes y fue encarcelado. Permanentemente la Justicia moviliza tropas para reprimir las protestas, como hicieron con los trabajadores del frigorífico Penta o los mineros de Andacollo. Solo se consigue avanzar sobre la Justicia cuando es presionada por una poderosa movilización, como la que protagonizaron las mujeres en favor de sus derechos.

Por eso también repudiamos a las manifestaciones de la oposición patronal que, de forma hipócrita, se oponen a esta reforma. Ellos son parte de los que sostienen este sistema judicial injusto, corrupto y desigual. Esta Justicia es la Justicia de los peronistas, de los radicales y de PRO. Un sistema ordenado para castigar al pueblo pobre y trabajador y proteger a los grandes empresarios y a los que se alternan en el poder. Las protestas de la oposición patronal de derecha son una postura falsa. No son para mejorar la justicia, responden a una disputa en las alturas por el control del Poder Judicial. Es por eso que el gobierno negocia con los gobernadores el reparto de los nuevos cargos judiciales que se crearían con la reforma. Por eso afirmamos que ni las propuestas del gobierno ni de la oposición patronal son para mejorarlo, sino para colocarlo a su servicio.

Las cárceles están llenas de presos por pequeñas causas, como el caso emblemático del joven cordobés Jorge Ariel Wayar, condenado a cinco años de prisión en 1997 por “robar un peso”. Sin embargo, es difícil explicar que Carlos Menem, condenado por la venta ilegal de armas de guerra, que luego derivó en el juicio por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, con un saldo de siete muertos, no solo goce de libertad, sino que ocupe el cargo de senador con todos los privilegios.

La izquierda tiene una propuesta para la Justicia

El único cambio de fondo en la Justicia para colocarla a favor de los trabajadores sería posible con un gobierno obrero y popular. Mientras tanto luchamos por cambios inmediatos. Los jueces no pueden continuar siendo elegidos por la UCR, PRO, el peronismo y los grandes empresarios. Deben ser elegidos por el voto popular, con revocación de mandato, cuando se aparten de la imparcialidad o cometan ilícitos. Tampoco el cargo de juez puede ser vitalicio, ni puede tener sueldos millonarios o beneficios que otros sectores de trabajadores no gozan, tanto a nivel jubilatorio como impositivo. Hay que implementar juicios por jurados, que ya son parte de la Constitución, para que sea la propia comunidad la que juzgue la culpabilidad o inocencia de los delitos denunciados. De esta forma también se reducen los márgenes de ilícitos, coimas y recursos leguleyos que son utilizados para condenar a los trabajadores y los sectores populares.