Escribe Fernanda Giriborne

La situación en Jujuy es apremiante. Aunque la provincia permaneció casi dos meses sin casos, el rebrote de mediados de junio dejó al sistema de salud colapsado. Hospitales y centros de salud se encuentran sin terapias intensivas y rechazan pacientes.

La explosión sanitaria que los jujeños atravesamos hoy en la pandemia del Covid-19 no es casual. Tiene su explicación en el desfinanciamiento de la salud pública, que si bien es de larga data, se agravó en los últimos años a partir del proceso de privatización puesto en marcha por el ministro de Salud Gustavo Bouhid, con su Plan Estratégico de Salud. En este marco, y con una curva de contagios que parece imparable, el gobernador Gerardo Morales prioriza las ganancias de sus socios y amigos y liberó una gran cantidad de actividades económicas fomentando la circulación.

El brutal incremento de contagios hoy ubica a Jujuy entre las tres provincias con mayor cantidad de positivos, detrás de Buenos Aires y CABA. La cuarentena es un saludo a la bandera, no protege a la gran mayoría de la población. El sistema de salud está colapsado, y aunque el gobierno diga que las camas de terapia intensiva están en un 93%, la realidad es que no hay cupo para internación y la gente que pide derivación a hospitales es ignorada.

El Estado incurre en el abandono de personas por la saturación del sistema de salud. Los cementerios tampoco dan abasto. Muchas personas que presentan síntomas y que son tomadas como positivas, porque ya no se testea, se encuentran aisladas en sus hogares sin acceso a atención médica alguna.

Resulta imposible comunicarse con el Comité Operativo de Emergencia (COE) por teléfono o videollamada. El SAME tampoco responde las llamadas. Hay personas que mueren tratando de llegar por sus propios medios a hospitales y otras fallecen en sus casas. En departamentos como Ledesma y San Pedro esta situación se agrava y se ve, por las denuncias de medios locales y redes sociales, el colapso absoluto.

La liberación de actividades económicas en pleno rebrote y la falta de un plan sanitario (el único que implementa el gobierno es la represión) hicieron que los contagios ya pasaron de la “primera línea de exposición” (personal de salud y seguridad), a los trabajadores del sector privado. 

Cuando los casos comenzaron a dispararse de manera irremediable en julio, claramente se identificaban unos pocos focos de contagio, confirmando que la circulación del virus sucedía principalmente en los lugares de trabajo. Por ejemplo, cuando la minera multinacional Exar alcanzó los doscientos casos, solo esta empresa contaba con el 20% del total de positivos de la provincia. Otro tanto se concentraba en personal de salud y otro en el de seguridad. Lamentablemente, el desinterés por la salud de los trabajadores hizo que las empresas y el Estado no tomaran las medidas necesarias para frenar la propagación del virus.

A pesar de esta incontrastable evidencia, el gobernador Gerardo Morales, de Cambiemos, y el COE, literalmente se lavan las manos y acusan al pueblo trabajador por no hacer “lo necesario” para no contagiarse. Han decretado, para las cámaras de televisión, la etapa de la “responsabilidad social individual”, y con ello trasladaron todas las culpas a las personas, las “juntadas” con amigos y los días festivos.

Estos argumentos no son exclusivos del mandatario jujeño, ya que el gobierno peronista de Alberto Fernández sostiene también que los contagios no se generan en los trabajos sino en las reuniones sociales y los asados. Cuando los casos parecen no encontrar su pico en la CABA y el AMBA y empiezan a aparecer rebrotes en distintas provincias del país, el gobierno demuestra no estar dispuesto a hacer algo mejor que culpar a la gente y lavarle la cara a los empresarios.

En Jujuy, la minería y el azúcar, baluartes económicos, continuaron funcionando con normalidad a pesar de los reiterados reclamos y denuncias de casos positivos entre sus trabajadores y por el incumplimiento de los protocolos. Estas patronales explotadoras se negaron a bajar el ritmo de producción o la cantidad de operarios para evitar los contagios. La minera Exar acumuló no menos de 260 contagios, hasta donde informaron, y la azucarera Ledesma, de la familia Blaquier, acumula 343 casos y doce fallecidos.

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail) denuncia que la empresa se ha convertido en un foco de contagio para toda la comunidad. Por ello reclaman la realización masiva de testeos a los trabajadores, cambios en el departamento de medicina laboral, el control estricto de los protocolos, el licenciamiento de los empleados mayores de 60 años y el respeto del salario de los trabajadores que se encuentran en aislamiento. Por supuesto, la patronal sigue sin cumplir con estos reclamos.

El gobernador Gerardo Morales permite que las patronales no cumplan con los protocolos, lo que termina generando estas muertes, absolutamente evitables. El presidente Fernández, por su parte, tampoco los sanciona, y hay que decir que en las múltiples oportunidades en las que se ha referido a la realidad de nuestra provincia ni siquiera menciona a los Blaquier. Antes con la dictadura, y hoy con la pandemia, se perpetúa la impunidad.

En síntesis, ni el gobernador radical Morales ni el presidente peronista Alberto Fernández ofrecen política alguna para resolver la crisis sanitaria y social.