Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincia de Buenos Aires (m.c.), Izquierda Socialista/FIT Unidad
Cristina Vázquez tenía 38 años, de los cuales once los pasó tras las rejas, encerrada por un crimen que no cometió. Sin pruebas, la Justicia misionera la condenó a ella, a su amiga, Cecilia Rojas, por el asesinato de una jubilada. En un juicio sin el debido proceso, cargado de irregularidades y hasta con torturas para que “confesara” un delito que no había cometido, en 2010 la condenaron a cadena perpetua basándose en prejuicios y alegando que su estilo de vida daba con el perfil de asesina. Cristina fue condenada por mujer y pobre. Pero con la lucha incansable de su familia, de las organizaciones de derechos humanos y con el ascenso del movimiento feminista, se logró en diciembre del año pasado la absolución para ambas.
Libre, sin ningún tipo de acompañamiento estatal, Cristina estaba totalmente desamparada. Sin apoyo psicológico, con precariedad laboral y con su juventud robada, luego de ocho meses de haber sido absuelta, apareció muerta en la habitación que alquilaba en el barrio El Palomar de la ciudad de Posadas. Según su círculo más íntimo, ella estaba muy preocupada por su estabilidad económica. Ningún organismo estatal, ni los funcionarios de gobierno, ni los jueces que la condenaron sin pruebas, fueron capaces de pedir disculpas por el “error” cometido, ni tampoco le ofrecieron alguna reparación económica, ni una atención integral, ni a ella ni a su familia.
María Ovando, otra víctima de la Justicia misionera, estuvo un año y medio presa acusada de “no impedir” la muerte de su hija de 3 años por desnutrición. La saña con la que la acusaron en 2012 a María fue escandalosa. Ella, analfabeta, abandonada, entregada a un hombre a los 13 años y con doce hijos, víctima de una pobreza extrema, cuando se conoció su historia y por la fuerza de la movilización feminista se logró que la absolvieran. Sin embargo, María irá nuevamente a juicio en septiembre, ahora se la acusa de “no impedir” los abusos contra una de sus hijas y su nieta. Desde que recuperó su libertad, María fue monitoreada sistemáticamente por el Estado que “evaluaba” la relación con sus hijxs y nietxs y desarraigada sin una ayuda integral.
La Justicia es clasista, patriarcal y misógina
Hace unas semanas se estrenó la película Crímenes de familia, basada en hechos reales. En el filme se puede ver cómo la Justicia actúa en dos juicios distintos que involucran a una misma familia adinerada de la ciudad de Buenos Aires. En uno, el acusado es el hijo y enfrenta un juicio por violencia de género y violación. En el otro caso, quien está en el banquillo de los acusados es la empleada doméstica de esa misma familia, quien sin saber que estaba embarazada, da a luz en el baño de servicio de la casa y el bebé nace sin vida. A él, niño rico, a pesar de ser culpable lo absuelven porque logran borrar las pruebas coimeando a funcionarios. A ella, mujer pobre y analfabeta, a pesar de ser inocente, la condenan a prisión.
Lo que se puede ver con claridad es que la Justicia actúa siempre de la misma manera. Mientras los poderosos ricos se manejan con total impunidad, son los sectores más vulnerables y pobres -entre quienes se encuentran las mujeres- quienes se llevan las penas. De ahí el dicho de que las cárceles están llenas de ladrones de gallinas, mientras que los ladrones de guante blanco están libres. Algunos datos lo demuestran: siete de cada diez mujeres privadas de la libertad se encuentran sin condena firme, un porcentaje superior al de los hombres en la misma situación. Según lo advirtió un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) enviado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado en el diario Perfil el 23/10/18, la gran mayoría de ellas se encuentra detenida por delitos no violentos, ya sea transporte, comercialización o tenencia simple de droga y, en segundo término, por hurto o tentativa de hurto.
Nos queda por agregar que el carácter patriarcal de la Justicia también se ve cuando se le llama “desahogo sexual” a una violación en grupo en Chubut. También al mirar para otro lado cuando las pibas son desaparecidas por las redes de trata que actúan con total impunidad bajo la venia de funcionarios, jueces, policías y proxenetas. Por todo esto, insistimos en que se deben destinar recursos suficientes para capacitar y formar con perspectiva de género a todos los funcionarios de la Justicia. Pero, a la vez, también deben ser sancionados y castigados todos aquellos jueces y fiscales que son responsables de las condenas por “error”, como se demostró en el caso de Cristina Vázquez. Esto en el marco más general que proponemos desde la izquierda para que haya cambios inmediatos dentro de la Justicia, como que los jueces y fiscales sean elegidos por el voto popular, que no tengan esos sueldos millonarios y que los cargos sean revocables.
