Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Después de la jornada de movilización ambiental del 25A y de un activo rechazo en las redes sociales, el gobierno anunció a través de la Cancillería la postergación hasta noviembre de la firma del pacto de entendimiento para importar las megafábricas de cerdos chinas. Una nueva movilización nacional el pasado lunes 31 ratificó el rechazo. “Ni ahora ni en noviembre”.

El anuncio de la postergación fue realizado por la cartera de Felipe Solá mediante un tuit: “Hemos incorporado especialmente al memorándum de entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso, su firma se atrasará hasta noviembre”. En escasos caracteres se incluía el anuncio de un retroceso (estaba pautada su firma para este martes 1° de septiembre) y también una confesión: si no hubiese sido por las protestas el gobierno peronista se encaminaba a firmar un acuerdo que no incluía ningún tipo de reparo en sus consecuencias ambientales y sanitarias.

El proyecto

El primer anuncio de este proyecto no lo hizo el gobierno, sino el laboratorio Biogénesis Bagó, una de las empresas vinculadas con el ahora famoso empresario Hugo Sigman. Su conglomerado empresario multinacional quedaría vinculado a ambos lados de la pandemia, por un lado, como productor de una posible vacuna contra el coronavirus, y por otro, como promotor de las fábricas de potenciales próximas pandemias. Este tipo de megafábricas de cerdos ha sido señalado desde el campo científico por su potencial de provocar nuevas pandemias. De hecho, el origen de este proyecto está en el reciente brote de peste porcina africana que impulsó a la dictadura capitalista china a sacrificar entre 180 y 250 millones de cerdos para evitar su propagación. Esto cuando diversos estudios han demostrado la existencia de cepas de gripe porcina, G4 EA H1N1, con potencial pandémico. China busca reemplazar esa producción y para eso aleja de sus tierras estas megafábricas y que otros países corran con los riesgos sanitarios y ambientales.

En julio, una comunicación oficial del gobierno señaló que le habían pifiado por un cero en enero, y que no eran 9 millones sino 900.000 las toneladas que buscaban producirse. Aun así, de lo que trata el proyecto es de enormes establecimientos donde 12.000 madres darían a luz un promedio de treinta cerdos, culminando con 375.000 al año, en estado de hacinamiento, tortura, mutilación, proliferación de enfermedades, un consumo de millones de litros de agua y una generación de desechos gigantesca con riesgos ambientales colosales. El gobierno aclaró que se los alimentará con el maíz y la soja que hoy en día se producen en el país. Solá definió al proyecto como “empaquetar maíz y soja en cuatro patas”. Por otra parte, se afirma que se espera que las locaciones donde se instalen estas fábricas van a contar con cercanía o capacidad de generar esa alimentación. Como fuera, este proyecto culminará indefectiblemente en nuevos procesos de desmonte, mayor concentración de la producción, en riesgos sanitarios monumentales y en un aumento del precio del maíz en el mercado interno por el crecimiento de su demanda. Todo para que un puñado de empresas amasen fortunas y el gobierno del Frente de Todos recaude dólares para pagar la deuda externa. El verso de que estamos ante un proyecto que busca la soberanía alimentaria es menos creíble aún que el ya difunto anuncio de expropiar Vicentin.

Ni en noviembre, ni nunca

La postergación de la firma del memorando de entendimiento fue vista por el movimiento de lucha ambiental como un primer triunfo, pero la pelea debe seguir hasta que caiga definitivamente. El gobierno peronista ha salido a decir que quienes protestan son “sectores urbanos, ideologizados, que no saben cómo funciona el campo”. Pero fue desde las propias provincias señaladas como receptoras del emprendimiento que surgieron las alertas, e incluso desde los pequeños productores y campesinos que ven en este proyecto una profundización del modelo de agronegocios depredador y contaminante vigente hace décadas. Ese modelo que ganó fisonomía justamente con Felipe Solá como secretario de Agricultura del menemismo, cuando en otro memorándum, redactado en inglés, como el actual, dio luz verde al copamiento del campo argentino por parte de multinacionales como Monsanto.

También el gobierno lanzó la campaña de tratar de decir que quienes protestan contra este acuerdo son financiados por la embajada yanqui, argumento trillado de la liturgia peronista kirchnerista si los hay. La realidad, desde ya, es bien distinta. La convocatoria del 25A dijo claramente: “No al pacto de megafábricas de cerdos ni con China, ni con nadie”. Pero a su vez, se trata de un reclamo dentro de un pliego más general que incluye el rechazo al conjunto de la política de sometimiento al FMI y los acreedores externos que desarrolla el gobierno de Fernández. Con la misma vehemencia con que repudiamos este acuerdo con China, saldremos a rechazar el proyecto de ley de hidrocarburos que promueve el gobierno al servicio del fracking y Chevron.