Escribe José Castillo

El gobierno peronista de Alberto Fernández ha presentado su proyecto de presupuesto nacional 2021. Si bien, como todos los años, la denominada “ley de leyes” no es otra cosa que un gigantesco dibujo, este año tiene una importancia particular, fue revisado línea por línea por el FMI, como primer paso para la renegociación de la deuda con el organismo internacional.

El número más importante es el que ya había adelantado el ministro de Economía Martín Guzmán, la reducción del déficit fiscal del año próximo a 4,5% del PBI, desde el 8% de este año. Es importante que se entienda, y baje a tierra, de qué se está hablando: ese número “mágico” es exactamente el tributo al FMI. El gobierno de Fernández le garantiza al Fondo que reducirá el año próximo sus gastos en 1,6 billones de pesos (unos 16.000 millones de dólares). Este es, exactamente, el tamaño del ajuste, que será el más grande desde 2002.

Los “supuestos” del presupuesto

Una parte del presupuesto consiste en una serie de pronósticos, que siempre se calculan en forma optimista y normalmente no se cumplen. Por eso resulta importante resaltar que el propio gobierno reconoce que la economía caerá este año 12,1% y que el año próximo la recuperación sólo alcanzará al 5,5 por ciento. Como sucede siempre, lo más probable es que el crecimiento efectivo sea menor aún. Pero la pregunta es por qué se presupuesta un crecimiento tan débil. La respuesta es simple, el dinero que debería ir a reactivar la economía se va a destinar a pagar los vencimientos de deuda de 2021 y a generar los ahorros necesarios para los mayores vencimientos de los años siguientes.

Por supuesto, hay otros números que son más increíbles aún, como la proyección de que la inflación bajará el año próximo a 29% anual o que el dólar terminará el año que  viene en 102,4 pesos. Estos supuestos que, rápidamente serán sobrepasados por la realidad, son los que se utilizarán para discutir “recomposiciones” salariales con estatales, docentes y trabajadores de la salud el año próximo.

Los detalles del ajuste

Podríamos resumirlo en un solo número: la desaparición del 100% de los fondos dedicados a la pandemia. Las planillas del presupuesto 2021 plantean la total desaparición del IFE y las demás partidas que surgieron en el marco de la cuarentena del coronavirus. 

Pero no solo en los gastos sociales. Aun asumiendo el más que dudoso dato de que la inflación 2021 será de 29%, se recorta el presupuesto de salud 9,4 por ciento. Principalmente, por la eliminación de la partida especial destinada al Covid-19.

El gobierno “vende” un aumento del presupuesto educativo de 21% en términos reales. Claro que no dice que esto se calcula desde apenas el 1,3% del PBI, lejos, lejísimos, de los propios objetivos de la vieja ley de educación, que plantea que el mínimo debe ser 6 por ciento. Sin embargo, no debemos confundirnos, la educación inicial, primaria y secundaria dependen de las provincias, sobre las que se aplica el ajuste vía la reducción de las transferencias. La única responsabilidad directa del Ministerio de Educación, el financiamiento de las universidades, muestra un presupuesto “congelado” con respecto al presente año, lo que, inflación mediante, implica un fortísimo ajuste en términos reales.

El otro rubro que se quiere mostrar como “creciendo”, ciencia y tecnología (8,8% sobre la inflación proyectada), sin embargo sigue estando 37% por debajo de lo mínimo para recuperar el feroz ajuste que se efectuó desde 2015, con investigadores que perdieron hasta 50% de sus salarios.

Un rubro a destacar es que se reducen los subsidios a las privatizadas. ¿Es señal de menores privilegios para estas patronales? Al contrario, como está explicitado en el propio mensaje oficial que acompaña al presupuesto será reemplazado con la bandera de largada para toda una serie de tarifazos en los servicios de luz y gas.

Los pagos de deuda

El gobierno nos vendió que, con la renegociación de la deuda externa con los bonistas privados, el problema estaba resuelto. No es eso lo que muestra el proyecto de presupuesto 2021. Aun asumiendo que se renegocia y patea para adelante el total de la deuda con el FMI y el Club de París, para el año que viene estarán destinados 665.000 millones de pesos a pagos de vencimientos de deuda. Poniéndolo en perspectiva de comparación, es mucho más que todo lo que se destinará a Educación (492.000 millones), Salud (383.000 millones), Vivienda (151.000 millones), o Ciencia y Técnica (95.000 millones). Como viene sucediendo todos los años, con todos los gobiernos, sin excepción, otra vez los pagos a los usureros serán la partida más importante de nuestro presupuesto, llegando, en este caso, a 1,5% del PBI. 

¿Un presupuesto con “perspectiva de género”?

El gobierno dice que, por primera vez, se presentará un presupuesto “con perspectiva de género”. Cualquiera podría pensar que, a partir de esto, se visibilizarían las enormes necesidades pendientes para las mujeres y diversidades sexo-genéricas y, entonces, empezarían a aparecer los fondos para resolverlo. En nuestro caso, la pregunta concreta es ¿habrá mayores fondos para atender violencia de género o combatir la trata? ¿Se construirán más refugios para las mujeres que los necesiten?

Lamentablemente no es así. Por el contrario, acá nos encontramos frente al sumun del doble discurso. En una manipulación escandalosa, se afirma que el 15% del total de los recursos presupuestarios estará destinado a las mujeres y las diversidades, con un monto de 1,3 billones de pesos. Pero en realidad, lo único que se hace es un “maquillaje contable”. Se suman las partidas del IFE, la AUH e incluso las jubilaciones y luego se dice que, como la mayoría de quienes las perciben son mujeres, todo ese dinero estaría ya gastado en “perspectiva de género”. La realidad, en cambio, es que el único proyecto concreto que se plantea es el denominado Programa Acompañar, absolutamente insuficiente, por el que se destina un monto de 16.875 pesos por seis meses a personas en riesgo de situaciones de violencia de género,

Hace falta otro programa económico

El gobierno de Fernández puso arriba de la mesa su programa para 2021. Es el que le exige el FMI, y su prioridad es clarísima, priorizar a los acreedores por delante de las necesidades populares.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo rechazamos y repudiamos. Y decimos que tenemos que oponerle otro programa, obrero y popular, donde se prioricen las urgentes carencias en términos de salud, educación, vivienda, trabajo y salario, financiado con un verdadero impuesto a las grandes riquezas y con la suspensión inmediata de todo pago en concepto de deuda externa y la ruptura con el FMI.