Después de trabajar toda su vida, es de estricta justicia que un trabajador pasivo tenga garantizado un ingreso que le permita adquirir la canasta básica del  jubilado. La Defensoría de la Tercera Edad la calcula hoy en 49.000 pesos. Ningún jubilado debería estar por debajo de este monto. Con él se fija el piso ¿y de ahí para arriba? La respuesta es sencilla, el 82% de su salario en actividad, “móvil”, es decir actualizándose acorde con los incrementos que perciben los trabajadores activos y a la inflación.
Mientras tanto, la realidad es que en nuestro país el 70% de los jubilados cobra la mínima, muy por debajo de la línea de pobreza y cercano a la de indigencia.

El robo permanente

El gran argumento, en la Argentina y en el mundo, es que no hay plata para otorgarle a los jubilados lo que les corresponde. El problema sería que “la gente hoy vive más que antes”. Una gran mentira. Lo que sucede es que, década tras década, se le fue robando al sistema de seguridad social. Y hoy se sigue haciendo lo mismo.

Las jubilaciones se generalizaron en nuestro país como un derecho para todos los trabajadores con el primer gobierno peronista. El 82% móvil se estableció en 1958, durante el gobierno de Frondizi. Las cajas previsionales fueron claramente superavitarias hasta los primeros años de la década del ’60. Hasta ese entonces era mucho más lo que ingresaba a las cajas que lo que se pagaba, dada la poca cantidad de jubilados. Sin embargo, ya en esas primeras décadas comenzó una costumbre sostenida hasta hoy: los distintos gobiernos patronales se apropiaban del dinero que entraba en las cajas para financiarse.

Con Videla y Martínez de Hoz se incorporó por primera vez otra práctica, reducir los aportes patronales y utilizar los fondos previsionales para pagar los vencimientos de deuda externa.

Pero el salto cualitativo se produjo en la década del ’90. Menem y Cavallo hicieron una reducción sustancial y generalizada a los aportes patronales, que ya nunca serán restituidos.
En 1993 se crearon las AFJP. La inmensa mayoría de los descuentos a los trabajadores y de los ya reducidos aportes patronales ingresaban a esas empresas privadas, mientras al Estado le quedaba la tarea de pagar las jubilaciones que alcanzaron niveles de miseria nunca vistos.

Durante el peronismo kirchnerista se acható terriblemente la pirámide jubilatoria. Millones fueron jubilados con la mínima o con valores muy cercanos. En esos doce años de kirchnerismo nunca se subieron los aportes patronales, lo que hubiese permitido incrementar las jubilaciones.

La reestatización de las jubilaciones durante el kirchnerismo brindó la posibilidad de que existiera un fondo, constituido por todo lo acumulado por las AFJP, que prácticamente no habían pagado jubilación alguna. Se trataba de más de 75.000 millones de dólares. Se lo bautizó pomposamente con el nombre de Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Era, teóricamente, el dinero existente para pagar juicios que pertenecía a los jubilados y pensionados. Sin embargo, ese fondo fue utilizado para otros fines. En particular para pagar deuda externa, y reemplazarlo por más “papelitos”, bonos y letras del Tesoro. También para otros usos muy alejados de las necesidades de nuestros abuelos. Macri profundizó esta política, hasta llegar a la actualidad, en que quedan apenas 24.000 millones de dólares, la mitad en bonos públicos.

Las dos últimas estafas: Macri en 2017, y ahora Alberto Fernández

El gobierno de Macri, en diciembre de 2017, cambió la fórmula de reajuste haciendo que se perdiera más de 25% del poder adquisitivo de los haberes al día de hoy.
Alberto Fernández eliminó esa fórmula el año pasado y la sustituyó por aumentos discrecionales por decreto, justamente en el momento que los jubilados iban a “ganar” algo con ese cálculo mientras echó mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para sostener el dólar

Luego viene la ley que hoy estamos denunciando.
¿Cómo modificar esta historia? Haciendo lo que nadie propone.
Hay que restituir los aportes patronales que sacó Cavallo y profundizaron legislaciones posteriores.
Se debe realizar un masivo blanqueo de los trabajadores en negro.A lo propuesto se debe agregar la creación de un impuesto a las grandes fortunas, empresas y multinacionales que, junto con el no pago de la deuda externa, permitirán financiar el sistema jubilatorio.

Por último, el dinero de los jubilados debe ser administrado por los propios trabajadores, activos y pasivos. ¡La Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no deben usarse nada más que para pagar jubilaciones y pensiones!
¡El sistema no está quebrado ni es inviable! Lo están desfinanciando desde hace décadas. La prioridad, de una vez por todas, deben ser los jubilados, no los especuladores de la deuda externa, los capitalistas y el FMI.                                        C.F.