Escribe Claudio Funes

El gobierno de Alberto Fernández prorrogó la prohibición de despidos y suspensiones vigente desde marzo del año pasado. 

A través del DNU 39/2021, publicado el sábado 23 de enero en el Boletín Oficial, el gobierno peronista extendió por noventa días la vigencia de la prohibición de despidos sin causa, por falta de trabajo o fuerza mayor, y de las suspensiones por iguales motivos, salvo las “acordadas con la burocracia sindical”. También amplió hasta fin de año el pago de la doble indemnización, pero con un tope de 500.000 pesos para el plus o duplicación indemnizatoria. La Unión Industrial Argentina (UIA) de inmediato manifestó su rechazo buscando nuevas ventajas.

Este aplazamiento parece ser favorable a los trabajadores, pero no lo es. ¿Por qué afirmamos esto? Porque es un decreto que jamás se cumplió. De hecho el año pasado se perdieron 300.000 puestos de trabajo en blanco bajo convenio, justamente los “protegidos” por el decreto en cuestión. Esto terminó generando que en el tercer trimestre de 2020 las cifras de desempleo subieron, según un informe de la Universidad Católica Argentina, de 10,6% a 14,2%, y se elevan a más del doble si se agrega el “efecto desaliento” al buscar trabajo. En cantidad de habitantes, significa pasar de casi 2,1 millones de desocupados a más de 2,7 millones.

En total son 5,5 millones los trabajadores que han sufrido algún tipo de ataque a sus condiciones de vida. Esta catástrofe social se produce en plena vigencia de la “prohibición de despidos y suspensiones”. 

¿Cómo es posible que se den los despidos si de hecho “están prohibidos”? Muy simple. Por un lado porque el decreto permite que sucedan si hay “acuerdo con la dirigencia sindical”. Por el otro porque muchas patronales hacen caso omiso a la reglamentación, con la convicción que, a posteriori, el propio Ministerio de Trabajo, terminará avalando las cesantías. Esto fue lo que sucedió en innumerables casos el año pasado.

Los más de 600.000 nuevos desocupados muestran que esta “prohibición” nunca impidió las suspensiones ni los despidos que las patronales se propusieron, ya sean directos o encubiertos (forzando al trabajador a aceptar el retiro voluntario). Recordemos los 1.450 despidos de Techint, que fueron homologados el 6 de abril de 2020 entre la Uocra y la patronal en el Ministerio de Trabajo invocando, como un chiste de mal gusto, “razones de fuerza mayor que paralizaron las obras”; los de Latam y Aerolíneas Argentinas, los de la multinacional Acindar, Falabella, Sodimac, Coto, Penta y tantas otras.

A esto agreguemos que es el propio gobierno nacional el que desconoce su DNU y despide en Pami a cientos en el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat que encabeza Jorge Ferraresi, que antes, como intendente de Avellaneda, echó también a docentes. Los gobiernos provinciales hacen lo mismo, como el de Chubut, cuyo gobernador, Mariano Arcioni,  despidió a dos mil docentes.

La doble indemnización también es una trampa. Si a un trabajador le corresponde una indemnización de 800.000 pesos, la doble tiene que ser de 1.600.000 pesos. Pero como el tope del plus se estableció en 500.000 pesos, recibirá solo 1.300.000. Otro guiño de Alberto Fernández a los grandes capitalistas, que ni siquiera pagan la simple indemnización jugando con la desesperación del trabajador que no puede soportar un juicio, que lleva años, para cobrar lo que le corresponde, como sucede en el call center Hey Latam de Rosario, donde la empresa ya avisa que no piensa pagar la doble indemnización a los despedidos. 

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad proponemos que se prohíban de verdad los despidos y las suspensiones. Y ante la violación de esta disposición, que se estatice inmediatamente la empresa para ponerla en funcionamiento bajo gestión de sus trabajadores. Que se rebajen las horas de la jornada laboral sin afectar el salario para incrementar los puestos de trabajo y la puesta en marcha de un plan de obras públicas para generar trabajo genuino, financiado con los fondos de un impuesto a la riqueza, como lo planteamos en el Frente de Izquierda Unidad, y del no pago de la deuda externa.