Escribe Adolfo Santos

Alarmado por la estampida inflacionaria, el gobierno peronista del Frente de Todos busca mecanismos para evitar que las negociaciones salariales acompañen esa escalada. Con el apoyo de los grandes empresarios y la complicidad de la burocracia sindical, el gobierno quiere amarrar las paritarias a la inflación prevista en el presupuesto 2021, fijada en 29%. Un número irreal si consideramos que en diciembre ese índice llegó a 4% y que en enero será algo similar. No por casualidad la mayoría de los analistas económicos calculan que en 2021 la inflación estará entre el 45 y 50%.

Desde el gobierno han iniciado la campaña de que este año quieren que los salarios le ganen a la inflación. Cristina dijo que había que “alinear salarios, tarifas e inflación”. Hugo Yasky de la CTA oficial y diputado nacional llegó a afirmar que está muy entusiasmado con que el ministro de Economía Martín Guzmán enarbole ese discurso, mostrando, dice, a un ministro “inédito” por sus conceptos. Pero detrás de todo esto se encubre un nuevo robo salarial.  

La propuesta del gobierno va a terminar generando un nuevo año de pérdidas salariales en relación a la inflación. Que ya fueron altísimas después de la inflación macrista de 2019, que alcanzó un índice oficial de 53,8%. Tampoco se pudieron recuperar los salarios en 2020 con una inflación que superó el 40% en relación a los alimentos, un rubro fundamental en el presupuesto de una familia trabajadora. Atar las paritarias a un número inflacionario ficticio como es el 29% previsto en el actual presupuesto, será un nuevo golpe en el bolsillo popular.

Queda al desnudo el doble discurso del gobierno de Alberto Fernández. La defensa de los más vulnerables ya se demostró una mentira. Los jubilados perciben ingresos de hambre (perjudicados con una movilidad que no contempla la inflación), se eliminó el IFE, cada vez menos sectores reciben subsidios para sobrevivir a la crisis agravada por la pandemia y el salario pierde por goleada frente a la inflación. 

Por eso la propia burocracia sindical tiene que salir a desmarcarse. La CGT declaró que no van a permitir un “techo salarial” mientras los últimos aumentos de los alimentos devoran los salarios y que van a insistir para que las paritarias terminen 3 o 4 puntos por encima de la inflación. Claro que nadie les cree a estos traidores que en 2020 firmaron un reajuste del 28% para el salario mínimo frente a una inflación del 40% en los productos de la canasta básica.

Una prueba de esta falsa combatividad es el acuerdo que acaba de firmar la Asociación Bancaria. En la primera paritaria importante del año que incluye a 103 mil trabajadores, Sergio Palazzo se jactó de haber firmado un aumento de 29% para 2021, exactamente lo que quiere el gobierno, foto mediante con el propio presidente. Encima de ser un acuerdo a la baja, la recomposición será escalonada -11,5% en enero, 11,5 en abril y 6% a partir de agosto-. Alineado con el gobierno, Palazzo declaró en su cuenta de Twitter: “…los bancarios cerramos una gran paritaria… Lo hicimos sin conflictos y afianzando nuestros derechos”.

No podemos aceptar “sin conflictos” que nos regulen el salario con una inflación imaginaria mientras los grandes empresarios elevan los precios sin ningún control y obtienen todo tipo de beneficios fiscales de parte del gobierno. Todos los días vemos como suben los precios, sobre todo de los alimentos y bebidas, los que más inciden en el bolsillo del trabajador. En lo que va de 202, ya tuvimos tres aumentos de combustibles con un promedio de 8% a nivel nacional y un máximo de 9,7% para la nafta súper en la Capital. Por eso es inaceptable que el gobierno quiera limitar los acuerdos salariales a una inflación irreal.

Sin dudas, Alberto Fernández no podría avanzar con medidas de este tipo sin la complicidad de la burocracia sindical. Por eso ante cada negociación salarial es necesario presionar desde las bases y exigir que ningún dirigente sindical firme un acuerdo sin que sea aprobado por los trabajadores en asamblea. Impulsando luchas por la base podemos presionar a los burócratas y obligarlos a un plan de lucha para conquistar salarios y jubilaciones en relación a la inflación real y para que nadie reciba menos de los 82.000 pesos calculados por la junta interna de  ATE Indec para una familia tipo. Para eso es necesario apoyar todas las luchas y junto con el sindicalismo combativo continuar trabajando para construir una nueva dirección para la clase trabajadora.