El gobierno de Alberto Fernández anunció un aumento de tarifas eléctricas a partir de este mes. A pesar de que el incremento había sido previamente aceptado por la totalidad de los sectores del Frente de Todos, inesperadamente desató una crisis entre el kirchnerismo y el ministro Guzmán.
Escribe José Castillo
La noticia estalló el fin de semana en todos los medios. El ministro de Economía, Martín Guzmán, tras reunirse con el presidente Alberto Fernández decidió aumentar las tarifas eléctricas del área de Capital y Gran Buenos Aires (correspondiente a las empresas Edenor, Edesur y Edelap) 9 por ciento. Primer paso de un tarifazo que seguiría con otro incremento, en el futuro próximo, de 15 por ciento. A la vez, el ministro le pidió la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que responde directamente al kirchnerismo y supuestamente se venía negando a los aumentos tarifarios mayores al 9 por ciento en este año electoral.
El tema adquirió ribetes de escándalo político cuando desde el Instituto Patria, bastión del kirchnerismo, salieron a decir que “Basualdo no se iba”, desautorizando al ministro y abriendo así una crisis política. Más allá de que en los días siguientes el gobierno haya salido a poner paños fríos y buscar una salida salomónica (el aumento se lleva a cabo, pero Basualdo permanece por ahora en su cargo, naturalmente) se abrió un debate en muchos lugares de trabajo y barrios populares: ¿Cristina y el kirchnerismo son el ala “progresista”, o incluso “de izquierda”, del gobierno, y se opondría a los tarifazos para “cuidar el bolsillo popular”?
Esto no es así. Comencemos por el principio. El incremento de las tarifas fue reclamado casi “de urgencia” por Martín Guzmán, que venía de una gira europea, parte de sus negociaciones con el FMI. Era una de las exigencias del organismo un mayor ajuste, ya plasmado en el presupuesto 2021, votado por absolutamente todo el bloque del Frente de Todos, presidido, cabe recordarlo, en la Cámara de Diputados por Máximo Kirchner, y en el Senado controlado férreamente por la propia Cristina. La misma vicepresidenta que, desde el primer día de gobierno, bendijo una y mil veces las negociaciones que se llevaban adelante con los pulpos acreedores privados y con el propio Fondo. Incluso cuando en marzo pasado dijo que “no se podía pagar la deuda con el FMI”, inmediatamente aclaró que su posición era cumplir con este organismo y solo estaba planteando mejores plazos y una rebaja de los intereses.
Pero continuemos con la historia. Guzmán propone la suba de tarifas porque, de lo contrario, tiene que incrementar los subsidios a las privatizadas. ¿Por qué?, porque es un hecho que todos, absolutamente todos en el gobierno, están de acuerdo en que estas empresas no pierdan un centavo. Y sus superganancias las paga el pueblo trabajador con la reaparición de los tarifazos, o las paga, más mediadamente, el mismo pueblo trabajador con sus impuestos o con la reducción de otras partidas, por ejemplo las sociales, para así financiar el aumento de los subsidios a estas empresas. Capítulo aparte de todo esto es que parte del “costo” que es cubierto con tarifazos y subsidios proviene del escandaloso precio del gas que se le reconoce a los pulpos multinacionales del sector, proveedores del principal insumo de la energía eléctrica. Y, nuevamente, uno de los campeones de estos precios dolarizados que son un verdadero regalo a gasíferas y petroleras, es el propio kirchnerismo.
En síntesis, no hay “alas” ni sectores “progres” en el gobierno. Por supuesto que el Frente de Todos es una coalición que, reflejando la propia crisis histórica del peronismo, tiene constantemente peleas de aparato y cada facción defiende sus sillones. Esto sucede entre los sectores más “albertistas”, el kirchnerismo, los funcionarios que responden a Sergio Massa, e incluso, las porciones de poder en manos de los gobernadores e intendentes del conurbano. Pero no nos debemos confundir, todos confluyen en fijar como prioridad la renegociación de la deuda y el acuerdo con el FMI para seguirle pagando a los pulpos acreedores y en garantizarles sus negocios a las privatizadas.
Del otro lado solo se presenta una propuesta alternativa, la que postulamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda. Terminar con los tarifazos y los subsidios a las privatizadas sólo es posible si se procede a reestatizarlas y ponerlas a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores y usuarios. Única forma de garantizar servicios de calidad con tarifas sociales para quienes los necesiten. Y con respecto a las exigencias del FMI, que sin duda van a continuar y se van profundizar, como lo dijimos una y mil veces, la única salida es suspender inmediatamente los pagos de la deuda externa, romper los lazos políticos y económicos que nos someten al FMI y poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.
