Escribe Malena Lenta, candidata a Legisladora CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El pasado 7 de septiembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevó a cabo una histórica sesión en la que despenalizó el aborto para todo el territorio mexicano. La resolución se tomó en función de la declaración de inconstitucionalidad del código penal del estado de Coahuila que penalizaba con 3 años de cárcel a las mujeres que lo practicaran. Al ser una votación con mayoría calificada se ha convertido en jurisprudencia  que indica a los jueces del resto de los estados asumir dicha determinación.

El fallo de la Corte significa un gran avance ya que actualmente se calcula que se realizan en México entre 750 mil y 1 millón de abortos clandestinos anuales, siendo la cuarta causa de muerte personas gestantes. Además, las organizaciones feministas y de derechos humanos calculan que hay más de 750 mujeres presas por abortar, muchas de ellas condenadas con el agregado de homicidio agravado por vínculo, por lo que purgan condenas de hasta 30 años.

Pero esta resolución de la Corte no cayó del cielo. Es parte de una histórica lucha que el movimiento feminista mexicano y las organizaciones de izquierda revolucionaria vienen desarrollando desde hace décadas y que permitió en 2007 lograr la legalización del aborto voluntario en la Ciudad de México. Y, más recientemente, de la mano de la marea verde que se extiende por las calles del mundo, ya obtuvo la despenalización del aborto en Oaxaca (2019), Hidalgo (2021) y Veracruz (2021).

En el marco de este importante hecho, las feministas mexicanas saben que es necesario luchar por más. La declaración de nuestra organización hermana MAS-Mujeres, afirma en este sentido que “si las mujeres queremos contar con nuestro derecho pleno a decidir sobre nuestro cuerpo, es importante alcanzar la Interrupción Legal del Embarazo, que significa la adición de nuevos ordenamientos legales y presupuestales en el sector salud que garanticen la atención especializada, respetuosa, segura, gratuita e inmediata en hospitales públicos para toda aquella mujer que no desee ser madre. El Estado tiene la obligación de garantizarlo. De no ser así, el aborto seguirá siendo un problema de salud pública e injusticia social, ya que serán las mujeres pobres las que tendrán que recurrir a clínicas precarias, clandestinas e inseguras para practicarse un aborto, poniendo aún en riesgo su salud y su vida”.

Las mexicanas saben además que con el presidente López Obrador no hay garantía de que este derecho se vaya a respetar. Son conocidas sus alianzas con sectores religiosos y, hasta el momento, no se pronunció ante el fallo. Asimismo, tendrán que estar alertas ante la reacción de sectores conservadores que intentarán arrebatar este derecho con diferentes maniobras ya conocidas como lo es la objeción de conciencia. Y tampoco podrán confiar en que la Corte Suprema sea consecuente con su propia resolución.

Por eso es fundamental que el movimiento feminista siga en las calles exigiendo al gobierno de López Obrador ¡Aborto Legal, Seguro y Gratuito en cada hospital público! ¡Libertad inmediata a todas las mujeres presas por abortar! ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!