Escribe Graciela Calderón, secretaria ajdunta de Suteba La Matanza y candidata a diputada provincial por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La crisis desatada en el gobierno peronista como resultado de la derrota en las PASO y el recambio de “figuritas” ha traído nuevamente a un conocido de todos: el inefable Aníbal Fernández. Con este nombramiento son una veintena de veces en las que el nuevo ministro de Seguridad ocupa cargos públicos, carrera iniciada en 1983. Asesor en el Senado en 1983, en los Concejos Deliberantes de Quilmes y Florencio Varela (1983-1989), secretario administrativo del bloque peronista y del Movimiento Peronista (1985-1987). Las fechas se superponen porque Fernández supo ocupar los cargos en paralelo, un tipo muy capaz.

Su primer cargo ejecutivo fue en 1991, cuando llegó a la intendencia de Quilmes y en 1994 tuvo que escapar de la sede municipal escondido en el baúl de un auto cuando la justicia le dictó la orden de captura: lo buscaban por malversación de fondos públicos. Quien le “cedió el baúl” fue su abogado de aquel entonces, Martín Ordoqui, actual juez, suspendido de sus funciones por una acusación de asociación ilícita.

Fue funcionario provincial y nacional de Carlos Ruckauf, Eduardo Duhalde, Nestor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández, senador, diputado nacional y su último cargo de interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales.
El recién nombrado ministro de Seguridad fue uno de los responsables políticos, junto a Eduardo Duhalde y Felipe Solá del fusilamiento de Maximiliano Kosteki y Dario Santillán, hecho conocido como la Masacre de Avellaneda el 26 de junio de 2002.

La desaparición de Julio López (2006) quien según Aníbal “fue a tomar té con las tías”, el asesinato de Mariano Ferreyra (2010), la represión del Parque  Indoamericano (2010) lo tuvieron a Fernández como funcionario y responsable. La vasta experiencia de Aníbal en la represión social y la mano dura muestra el perfil que busca el gobierno peronista de Alberto y Cristina para el próximo período.

Párrafo aparte merece la persecución de Aníbal a los dirigentes sindicales combativos, como el caso de Rubén Pollo Sobrero quien fue detenido en septiembre de 2011 acusado de quemar trenes. Detención fogoneada y avalada por el entonces Jefe de Gabinete de Cristina Fernández, quien afirmó que el juez tenía “semiplena prueba”  pero fue liberado a los pocos días luego del repudio y la movilización que exigió su inmediata liberación.
La gestión de Aníbal Fernández siempre estuvo rodeada de violencia, represión, muertes e impunidad.