Escribe José Castillo

En las próximas semanas, el gobierno de Alberto Fernández terminará firmando el acuerdo con el FMI. Aunque digan lo contrario, significará más hambre y miseria para el pueblo trabajador y un mayor saqueo de nuestras riquezas.

El gobierno del Frente de Todos tiene como su máxima prioridad cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo antes posible. Es muy probable que no lo logre en estos días que restan de diciembre (ya que no dan los tiempos burocráticos del propio FMI), pero no pasará de enero o a lo sumo los primeros días de febrero.

Ajuste, aunque se diga lo contrario

El centro de las exigencias de cualquier plan del FMI es siempre “reducir el déficit fiscal”. Esto quiere decir, en concreto, achicar el gasto público, lo que redunda en que se tienen que reducir todas las partidas que atienden las necesidades populares. El Fondo exige un sendero donde, año a año, se gaste cada vez menos, con el objetivo de ir liberando divisas para así poder cumplir con los vencimientos con el propio FMI y el resto de los acreedores privados.

De hecho, para dar señales en la propia negociación, este año ya hubo un fuerte ajuste del gasto público: lo sufrieron los jubilados, todos aquellos que vieron recortadas las partidas sociales del Covid-19 (un ejemplo: no hubo un sólo pago de IFE en 2021) y los empleados del estado de todas las categorías (docentes, trabajadores de la salud, empleados estatales nacionales, provinciales y municipales) que vieron sus salarios pulverizados frente a la inflación. Pero ahora el Fondo exige más para el 2022 y luego un sendero ascendente de ajuste en 2023 y 2024.

El FMI también exige un aumento de las tasas de interés, con el objetivo de que los especuladores locales puedan hacer ganancias con una nueva bicicleta financiera (con tasas por encima de la inflación) y así permitir que los dólares puedan acumularse en las reservas del Banco Central, para garantizar su existencia para pagar la deuda. La contrapartida de este aumento de tasas de interés será el encarecimiento del crédito popular (si hoy las tasas de interés de las tarjetas de crédito, por ejemplo, ya son altas, mañana estarán directamente por las nubes).  

El tarifazo que se viene

Una de las consecuencias que se vienen será el aumento de las tarifas de los servicios públicos privatizados. Actualmente las tarifas de luz, gas, agua y transporte (por lo menos en CABA y Gran Buenos Aires) se mantienen sin grandes aumentos, brindándo a las empresas generosos subsidios como contrapartida. El FMI exige reducir esos subsidios (como parte del recorte del gasto público), pero no serán las empresas las que dejarán de ganar. Por el contrario, serán compensadas con aumentos de tarifas que irán desde el 30 al 100% según los casos. Todo a costa del bolsillo del pueblo trabajador.

Las reformas estructurales

El acuerdo que se firmará (llamado de “facilidades extendidas”) también exigirá un plan de reformas “estructurales” que el gobierno deberá empezar a poner en práctica en el tiempo. Son básicamente tres. La primera será la “reforma fiscal”, que consistirá en reducir los impuestos que ellos llaman “distorsivos” (básicamente los que afectan a las grandes empresas), a costa de aumentar los que pagamos los trabajadores. Y, al mismo tiempo, de reducir las partidas que ya no tendrán financiamiento, en particular las dirigidas a las provincias, que se encontrarán con menos fondos para atender gastos como educación primaria y secundaria, que dependen totalmente de esas jurisdicciones.

La segunda reforma será la previsional, que requerirá seguir reduciendo las jubilaciones (ya en números de indigencia) y particularmente atacar los regímenes especiales (el docente es el más importante), ya que son los únicos que se acercan a garantizar una jubilación cercana al salario en actividad del trabajador.

Y la tercera reforma es la laboral. Se trata del tan anhelado deseo de todas las patronales: flexibilizar al máximo el mercado de trabajo, terminando con los convenios colectivos y liquidando las conquistas que la clase trabajadora logró al cabo de décadas.

No hay salida con el FMI

El gobierno del Frente de Todos, la oposición de Juntos por el Cambio, las patronales empresarias, la burocracia sindical y los economistas del establishment coinciden en que “lo único que se puede hacer es arreglar con el Fondo” y que romper es “utópico”.

Les respondemos: lo utópico es sostener que la economía argentina va a crecer y desarrollarse de la mano de acuerdos con el FMI. Mucho más utópico aún, es un plan del Fondo que garantice la “equidad”, la “inclusión” y la “redistribución de la riqueza”. Con el Fondo nos hundiremos en un ajuste mayor al actual. Más aún, entraremos en un espiral de “monitoreos” (inspecciones trimestrales del FMI para verificar que se cumple con el ajuste), perdiendo cualquier capacidad soberana de decisión de política económica. No tendremos futuro, tal como sucedió en todos y cada uno de los 22 planes que anteriormente firmaron distintos gobiernos con el FMI, desde que pasamos a ser parte de este organismo en 1956.

Por el contrario, lo único “no utópico”, la única chance que tenemos para implementar un programa económico alternativo que empiece a resolver las más urgentes necesidades populares, pasa por suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa y romper ya mismo los lazos políticos y económicos que nos someten al FMI. Solo así el pueblo trabajador podrá acceder a mejores salarios, jubilaciones, trabajo genuino, educación, salud y vivienda.