Escribe Daniel Vera, docente, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina

El 4 de marzo pasado, en Salta, condenaron a Gustavo Zanchetta, obispo abusador protegido por Francisco, a la pena de cuatro años y medio de prisión. Fue acusado del delito de abuso sexual agravado por ser ministro de culto religioso, en perjuicio de dos seminaristas. Nunca quedó tan en evidencia la protección directa de Bergoglio.

Cuando se sufre abuso, hay algo en tu interior que se quiebra para siempre. Lo llevas para toda la vida. Hacerlo público, para que otra u otro no sufra lo mismo que vos, te da fuerzas. Pero sigue ahí. Mucha vida se va en esa lucha. Muchísima. Y todo ese esfuerzo por reconstruirse y para evitar que alguien pase por ese calvario, recibe otro golpe cuando una sentencia se transforma en una burla como lo fue en este caso.

Dos asesores enviados del Vaticano “acompañaron” el juicio. La presión de Bergoglio fue muy evidente. Y la claudicación de la fiscal al pedir esa exigua condena, es una muestra clara de la connivencia de la Iglesia con el Estado. La otra muestra de enorme hipocresía en este caso, es que este abusador condenado por la justicia civil sigue siendo cura.

Este es un mensaje directo a todas las víctimas de abuso eclesiástico: “cállense porque no pueden hacer nada”. Pero el ejemplo del movimiento de mujeres nos muestra el camino de cómo continuar la lucha que no vamos a abandonar.
Los últimos informes sobre abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica en Francia, Alemania, España, los reclamos de las víctimas de Italia, Uruguay, Chile, y los juicios que se vienen desarrollando en nuestro país, muestran claramente que la crisis de la Iglesia es inocultable y deja ver toda la podredumbre de un modo sistemático de actuar: ocultando, encubriendo, mintiendo y revictimizando.

Estos hechos, más la cercanía de la conmemoración del 24 de marzo, por el comienzo de una dictadura que tantos beneficios económicos le dio a la Iglesia Católica, dan cuenta de la urgente y necesaria separación de la Iglesia del Estado y la cárcel a los curas pedófilos y abusadores.