Escribe José Castillo

La inflación mensual de marzo, de 6,7%, fue la más alta desde abril de 2002. Un auténtico récord que tiene como contrapartida la virtual pulverización de salarios y jubilaciones. Es necesaria otra política, para resolver el drama que hoy vive el pueblo trabajador.

El número estadístico se terminó de conocer el pasado miércoles 13, pero no sorprendió a nadie. Primero y principal a los propios trabajadores, que ya veían la carestía desaforada en las góndolas, en particular en alimentos y bebidas. Pero incluso el propio gobierno del Frente de Todos, sabiendo que no se puede tapar el sol con las manos, empezó a atajarse en los días previos. El ministro de Economía Martín Guzmán, como si no fuera el responsable sino un mero comentarista, dijo en una entrevista televisiva que el número “iba a ser superior al 6%”. Y claro que lo fue, por lejos: 6,7%. Y, para peor, otra vez con alimentos y bebidas más por encima todavía: 7,2%. El primer tarifazo de gas y electricidad (del 20%) se hizo sentir en el rubro “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” con un incremento de 7,7%. La ropa también se fue a las nubes, subió un 10,9%. Y la canasta educativa, que pega con todo en el comienzo de clases, creció un 23,6%. Con todo esto, la inflación oficial anualizada da 55,1%. Solamente en este primer trimestre del año, ya  subió 16,1%.

No queremos abrumar con más números. Con estos basta y sobra para darse cuenta que están por encima de cualquier acuerdo paritario, y ni que hablar de lo que sucede con los trabajadores precarizados.

¿Y el gobierno?

El presidente Alberto Fernández hace más de un mes dijo que comenzaba “la guerra contra la inflación”. Puras palabras. Solo se anunciaron algunas “canastas” de supuestos precios cuidados, que luego casi ni se vieron en las góndolas; los anuncios de que las grandes empresas y supermercados iban a retrotraer los aumentos de marzo tampoco se hicieron realidad; y, a pesar de que se llegó a denunciar en los medios cuáles eran las empresas que abusaban e incrementaban los precios de sus productos, no se sancionó a nadie. Se habló de “desacoplar” los precios internos de los internacionales (particularmente el trigo y la carne), poniendo un impuesto a los exportadores (retenciones) para que estos se vieran obligados a vender en el mercado interno a un menor precio. Pero, incluso más allá de la dudosa efectividad de esta medida, ni siquiera se llevó adelante: apenas si se aumentaron mínimamente las retenciones a la harina y el aceite de soja.
Como si todo esto fuera poco, el gobierno del Frente de Todos, para cumplir con las exigencias del FMI, avanza con la segunda etapa de los tarifazos de luz y gas, que volverán a pegar sobre los bolsillos populares. E incluso viene subiendo mes a mes la tasa de interés, encareciendo los créditos y los pagos con tarjeta. Detrás de todo esto hay un secreto a voces: en definitiva al gobierno le conviene que haya inflación, ya que así va licuando salarios de trabajadores del estado, jubilaciones y gastos sociales, por el simple expediente de “aumentarlos” menos que la inflación. La receta ideal para cumplir las exigencias de ajuste del FMI.

Hace falta otro programa

Millones de trabajadores se preguntan casi desesperadamente que hacer frente a una situación que los hunde cada vez más en la pobreza, y varios miles incluso en la indigencia.

Primero y principal, hay que recomponer urgentemente los ingresos de las y los trabajadores. Se necesita un aumento salarial de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy calculado por los trabajadores de ATE Indec en 145.456 pesos. Y, a partir de ahí reabrir todas las paritarias, sin techo alguno, con cláusulas de reajuste mensual de acuerdo a la inflación. Del mismo modo, también hay que otorgar un incremento de emergencia para las jubilaciones, llevando la mínima al valor de la canasta de la tercera edad (90.720 pesos) y aplicar desde allí el 82% móvil. También es necesario el otorgamiento de un ingreso de emergencia mensual (al estilo IFE) para todo  el que lo necesite, que evidentemente no puede ser de 9.000 pesos mensuales (18.000 en dos meses) como se anunció, cuando la canasta de indigencia supera los 40.000 pesos.

La segunda medida para combatir la suba desaforada de los precios debe ser la implementación efectiva de precios máximos a todos los productos de la canasta familiar. Y, lo más importante, que se verifique su cumplimiento y se sancione a quiénes lo violen aplicando la ley de abastecimiento que permite multar, clausurar y hasta expropiar a los infractores.

La tercera medida, para terminar con la especulación de los que exportan productos alimenticios (trigo, maíz y carne) y que, buscando beneficiarse de la suba de los precios internacionales, trasladan esos valores al mercado, es la nacionalización del comercio exterior. Así se terminará con las subas astronómicas de los cortes de carne y de los productos panificados (pan y fideos).

La cuarta medida, es no seguir alimentando la bicicleta financiera, con más subas de las tasas de interés, que encarecen el crédito popular y terminan en los bolsillos de los bancos. Para esto hay que nacionalizar la banca, y así generar crédito barato para quien lo necesite.

Por último, no hay lucha contra la inflación mientras estemos sometidos al plan de ajuste del FMI. Esto lo vemos estos días con la llegada del nuevo tarifazo, a la medida de las exigencias del Fondo. Romper con las cadenas que nos atan a este organismo es una parte sustancial de cualquier programa antiinflacionario.

Estas son las medidas reales que, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, planteamos para luchar contra la carestía y defender realmente los intereses populares.