Escribe José Castillo
Finalmente se conoció el famoso mecanismo de segmentación de tarifas con el que, según el gobierno, se hará “justicia social” con la suba de los valores de los servicios públicos privatizados.
Es un auténtico escándalo. Muy lejos quedaron las promesas de un verdadero trabajo de segmentación, donde se garantice que los que no pueden, efectivamente no tengan que pagar el aumento. Durante meses se habló, y hasta se dio a conocer un mapa geográfico donde estarían las zonas ricas, a las que se les quitaría el subsidio. Luego, se agregó que ello se cruzaría con otro mapa, ahora de ingresos. Así, supuestamente, quien no pudiera afrontar el tarifazo, se vería exento, bien por la zona donde habitaba, o bien por percibir ingresos bajos.
Finalmente, el gobierno optó por dividir a la población por ingresos, exclusivamente. Pero estableció una trampa terrible: será obligación anotarse en un formulario para declarar que el grupo familiar percibe menos de 350.000 pesos mensuales y no tiene tres propiedades, para no ser afectado plenamente por el tarifazo. Ya podemos anticipar lo que va a pasar: montones de personas que, por infinitas causas, no completen el formulario van a ser víctimas del inminente tarifazo. ¿Por qué no se hizo al revés, exceptuando de hecho a la inmensa mayoría que hoy está bajo la línea de pobreza y no puede pagar, para luego identificar y aumentar las tarifas al resto? La respuesta es simple: lo que les importa es que la mayor parte de la población posible, por una vía o por otra, termine pagando esos aumentos de tarifas.
Digámoslo claramente. Al gobierno del Frente de Todos lo único que le interesa es cumplir con la exigencia del FMI: reducir los subsidios a las privatizadas, pero a la vez garantizarles la continuidad de sus superganancias. Para eso, el pato de la boda son, sin dudas, los usuarios. Ellos deberán pagar la diferencia. Así de simple.
Nos oponemos a cualquier tarifazo. Pero, a la vez, tampoco aceptamos que se siga subsidiando a quienes nos roban por no invertir un peso y nos brindan un servicio de pésima calidad. Por eso, lo necesario es proceder a reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados, poniéndolas a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores y usuarios. Y asi otorgar una tarifa social a quien la necesite.
