Escribe Fernanda Giribone

En los últimos días se realizaron dos acciones importantes en la provincia contra la persecución política y criminalización de la protesta por parte del gobernador radical Gerardo Morales.
Desde el Ministerio Público de la Acusación iniciaron (de oficio) una causa por extorsión y asociación ilícita contra distintas agrupaciones sociales. También realizaron una serie de allanamientos en viviendas, comedores y sedes de entidades.

Estos allanamientos fueron realizados sin pruebas. La “justicia” de Morales, con la excusa del manejo de planes Potenciar Trabajo, cae sobre las organizaciones sociales, en el marco de la campaña nacional de criminalización de la protesta.

Todo el arco político opositor a Juntos por el Cambio y al gobernador Morales realizó acciones de lucha. Se concretó una multitudinaria marcha, convocada por decenas de organizaciones, y la presentación ante la justicia de un pedido de habeas corpus colectivo para que se “respeten las libertades democráticas” y “cese la persecución” a quienes protestan, y por el cierre de todas las causas judiciales abiertas contra militantes y dirigentes de la oposición política de la provincia.

La causa armada, donde noventa militantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas figuran con información sensible, demuestra que la investigación y el espionaje llevan meses, desde principios de abril. Gran parte del expediente del fiscal Funes se nutre de información recabada por los infiltrados durante las movilizaciones. Entre las personas investigadas figuran Natalia Morales y Gastón Remy, referentes del PTS.

Desde Izquierda Socialista Jujuy decimos que hay que frenar este avance sobre el derecho a la protesta y organización de las y los trabajadores y las y los desocupados. Es necesario que llevemos adelante la más amplia unidad de acción en la lucha en las calles hasta el cierre definitivo de las causas y el cese de la persecución.