Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)
Hace semanas que la especulación en torno a potenciales ganancias de la explotación del litio es parte importante de los titulares diarios. Analizaremos qué hay de cierto en torno a las promesas sobre este metal, el saqueo que realizan las multinacionales de nuestros recursos naturales y nuestras propuestas.
Se trata de un mineral que tiene múltiples usos, desde la farmacología hasta las baterías de celulares. Este último uso, ser un material con la capacidad de almacenar energía, es el que lo transforma en uno de los bienes estratégicos del presente. Es porque las energías renovables no constituyen un flujo permanente, sino que son intermitentes: por ejemplo, la energía que genera el sol durante el día debe ser almacenada de alguna manera. Aquí, junto a elementos como el magnesio, la plata, y el cobre entre otros, el litio obtiene un rol clave en cualquier intento de pensar una economía que se sostenga sin el insumo de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón), siendo que alcanzar esa “descarbonización” es algo necesario para no atravesar límites catastróficos de calentamiento global.
Pero más allá de esta característica, la realidad es que hoy en el litio se colocan esencialmente burbujas especulativas y peleas de rapiña entre las multinacionales por hacer acopio de este recurso. Eso explica que, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, su precio haya escalado de 9 mil dólares la tonelada a 72 mil dólares. La anarquía de la competencia capitalista hace impensable una transición energética ordenada.
A su vez, el discurso “verde” -ecológico- en torno al litio es aún más endeble, al considerarse que los métodos de extracción hoy en uso son profundamente dañinos de los territorios, como es el caso de los consumos siderales de agua en los salares de la Puna argentina. Para peor, se realizan en localidades cuyas poblaciones no tienen garantizado el acceso a ese derecho indispensable. En nuestro país, además, buena parte de las reservas de litio se encuentran en territorios protegidos por comunidades originarias, a su vez, en humedales o zonas periglaciares; es decir, en territorios que, de sancionarse la “Ley de Emergencia Territorial Indígena”, o la “Ley de Humedales”, o de cumplirse la “Ley de Glaciares”, deberían quedar protegidos de la explotación minera, o cuando menos ser consultados al respecto.
Campeones mundiales de la entrega a las multinacionales
Existe otra dimensión de la explotación del litio en nuestro país, la que está en curso, y la que buscan habilitar con las nuevas licitaciones, y es la persistencia del régimen legal de entrega que dejó el peronismo menemista y que todos los gobiernos continúan ejerciendo hasta la fecha. Parte de la provincialización de los “recursos naturales”, que lleva a que las provincias negocien migajas con las multinacionales y que, en parte por imposición y en parte por la típica connivencia y corrupción de los gobiernos locales de distinto signo político, termina imponiendo las condiciones de cómo saquear nuestros territorios.
Así las cosas, de la mano del también noventista “Código Minero”, el Estado se desliga de cualquier tipo de interés por obtener él mismo los recursos bajo tierra, y le entrega completamente esa actividad a las multinacionales. Éstas disponen de facilidades de todo tipo y se encargan de pagar regalías por el total de exportaciones que se les ocurra declarar y, en lo que hace al litio, dejan en el país un irrisorio 3%. Algo que ha sido contrastado en estos días con el andamiaje chileno que dejó la dictadura de Pinochet, en el que de base se recauda un 10%, y de superar el valor de mercado los 10 mil dólares la tonelada, trepa al 40% de tributo. Y, por otro lado, contrastado con el caso boliviano, donde el Estado tiene participación directa en sociedad con multinacionales. Es decir, Argentina es el eslabón del “Triángulo del litio” más privatizado y en el que más beneficiadas son las multinacionales. No solo eso, sino que tenemos casos como el de la empresa yanqui Livent, que mientras secaba completamente el Río Trapiche, subfacturaba exportaciones hacia su propia casa matriz. A su vez, venía de despedir 800 trabajadores cuando esto estaba prohibido durante la pandemia. En Jujuy es Toyota la empresa que encabeza la explotación en el salar de Olaroz-Cauchari. Se trata de firmas que nos saquean y luego nos venden manufacturado en autos, computadoras o celulares el mismo litio a un precio sideralmente superior.
Desde ya que el gobierno peronista del Frente de Todos tampoco pone en discusión los métodos de extracción del litio, siendo que hay especialistas que señalan que existen otros mecanismos que no implican el consumo desmedido de agua o energía, o el desaprovechamiento de paneles solares en el proceso productivo. Las multinacionales cuentan, tanto en la Jujuy del radical Gerardo Morales como en la Catamarca del peronista Raúl Jalil, con una complicidad total, y por ende optan por la reducción de costos por sobre cualquier criterio de cuidado del ambiente.
Las transiciones
En su libro “La transición energética en la Argentina”, investigadores comprometidos con las luchas ambientales como Maristella Svampa y Pablo Bertinat concluyen en el carácter “ambivalente” del litio: por un lado, hoy sostiene un pie en las mismas lógicas depredadoras extractivismo capitalista del petróleo; pero por otro, siendo que no es viable ni un futuro basado en combustibles fósiles, ni uno sin electricidad, este mineral resulta asociado a los requerimientos de un nuevo paradigma energético.
Según la Agencia Internacional de Energía cumplir con las metas de descarbonización hacia el año 2040, con el pase masivo a la movilidad eléctrica, implicaría multiplicar por 42 la extracción de litio actual. Al margen de si esto es realmente realizable, el caso argentino, en el que en los últimos años casi la totalidad de la superficie de los salares y territorios a la vera de salares de Catamarca, Jujuy y Salta ha sido reclamado para su explotación, da cuenta de cómo esa transición podría realizarse lejos de cualquier tipo de cuidado ambiental, avasallando las comunidades locales y únicamente en pos de las ganancias de las multinacionales.
En un mundo cuyas potencias imperialistas discuten el racionamiento energético y planifican guerras por recursos naturales, nuestro país no puede sostener el modelo actual. Declarar estratégico al litio, derogar el código minero y reestatizar la totalidad de los bienes comunes vinculados a la generación de energía, son pasos necesarios para poder discutir una transición en que la clase trabajadora, sectores populares, las comunidades originarias y científicas sean el sujeto de la toma de decisiones y no los CEOs de las multinacionales. Se trata de empezar por escuchar la voz de espacios como la Asamblea Pucará catamarqueña, y a su vez, seguir exactamente el camino opuesto a los tarifazos y la luz verde al saqueo del Frente de Todos.