Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)
El diputado radical Atilio Benedetti, de la UCR de Entre Ríos, presentó en el Congreso un proyecto redactado al servicio del agronegocio y apoyado por diputados libertarios, macristas y peronistas, con el respaldo de corporaciones como la Sociedad Rural (SRA), las bolsas cerealeras y Monsanto. El nombre del proyecto es engañoso: “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios”. Lejos de proteger el ambiente, su verdadero objetivo es legalizar fumigaciones con agrotóxicos a solo diez metros de zonas pobladas.
El único bloque que rechazó de forma unificada este proyecto fue el Frente de Izquierda Unidad. Nuestro compañero Juan Carlos Giordano lo denunció en la comisión donde comenzó el debate parlamentario y exigió que se escuche a las víctimas, asambleas socioambientales y científicos que denuncian desde hace años el modelo de producción basado en agrotóxicos.
La periodista Anabel Pomar, integrante de la Asamblea Paren de Fumigarnos de Exaltación de la Cruz, explica cómo se ocultan las consecuencias del agronegocio. Para eso cita una frase que se hizo popular: “Es difícil lograr que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”. Y nosotros acá podríamos extender la idea al conjunto de la realidad argentina: “Es imposible que los gobiernos reconozcan que están envenenando al pueblo si el pago de la deuda externa depende de eso”.
El modelo sojero transgénico que impulsó Monsanto comenzó hace 30 años. Desde entonces, las fumigaciones se transformaron, por un lado, en la principal fuente de ingreso de dólares para pagar la deuda externa, garantizando ganancias millonarias para las corporaciones del campo y la exportación, especialmente hacia China. Por otro lado, convirtieron al país en un Chernóbil silencioso, un desastre sanitario del que no se habla y que los gobiernos ocultan para proteger el negocio sojero.
En los primeros 22 años del paquete tecnológico Roundup (que incluye el glifosato, clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud), la superficie cultivada creció un 50% a costa de desmontes y destrucción ambiental. Pero el dato más grave es otro: el uso de agrotóxicos aumentó un 858%. Ningún gobierno quiso medir las consecuencias sanitarias. Sin embargo, distintos estudios demuestran un aumento alarmante de cáncer, problemas respiratorios, abortos espontáneos y malformaciones. Uno de los más conocidos es el trabajo del médico Medardo Ávila-Vázquez (2017) en Monte Maíz, Córdoba. Allí se concluyó que “la incidencia de cáncer, la prevalencia y la mortalidad fueron entre dos y tres veces mayores que el promedio nacional”.
El proyecto que hoy discute el Congreso legaliza el avance de las fumigaciones y elimina conquistas logradas en luchas locales que establecieron zonas de resguardo para escuelas y viviendas rurales. Propone fumigar con veneno a 10 metros con mochilas manuales, a 40 metros con drones y a 150 metros con aviones. Sin embargo, la evidencia científica dice lo contrario. El estudio encabezado por Natalí Bernardi (2015) en Marcos Juárez demostró que no hay diferencia en los daños genéticos y respiratorios en niños que viven a 500 metros o a 1.500 metros de las zonas de fumigación. Es decir: el veneno viaja y envenena igual.
Digamos las cosas por su nombre: el proyecto impulsado por Benedetti, la Sociedad Rural y el gobierno es una licencia para matar a la población rural, en especial a los niños y a las y los trabajadores del campo. Este proyecto no debe pasar. Tenemos que fortalecer la organización y la lucha para frenarlo en las calles y en el Congreso.
