Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

“La Ley de Glaciares no se toca”. Bajo esa consigna, casi un centenar de representantes de asambleas y organizaciones (desde Tierra del Fuego hasta Jujuy) acordamos impulsar una campaña unitaria para enfrentar la avanzada extractivista. La Asamblea surgió por impulso de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones como reacción al discurso de Javier Milei, quien, en paralelo al anuncio del tratado bilateral con los Estados Unidos, adelantó que presentará un proyecto para terminar con la protección legislativa de los glaciares. ¿Qué está en juego y por qué debería importarle a las y los trabajadores de todo el país?

Porque Donald Trump así lo demanda

Todas las provincias atravesadas por la Cordillera de los Andes tienen glaciares en sus territorios: son 16.968 glaciares, una de las principales fuentes de agua potable del país, ya que alimentan los ríos de los que se extrae para consumo humano. De por sí, los glaciares están hoy amenazados por el calentamiento global, que acelera los procesos de deshielo. Eso ya amerita preocupación, pero además se suman los intentos de empresas mineras por intervenir sobre los ecosistemas que les dan vida, ya sea extrayendo agua o desechando químicos contaminantes.

La existencia de la Ley de Glaciares sólo se explica por las luchas en defensa del agua, la vida y los territorios. En 2008, ante su primera aprobación, Cristina Fernández la vetó a pedido de multinacionales como Barrick Gold, interesada en avanzar con la megaminería sobre glaciares en San Juan. La insistencia de la movilización permitió que en 2010 se aprobara definitivamente en su redacción original, a pesar de las maniobras de funcionarios como Daniel Filmus, que buscaron en el Congreso una versión “intermedia”. Desde entonces, la Ley 26.639 estuvo siempre en la mira de las empresas mineras y de los gobiernos provinciales que buscan avanzar sobre el 1% del territorio nacional alcanzado por su redacción. Incluso su modificación integró el primer proyecto de “Ley Bases” de Milei.

Entonces, si los gobernadores (peronistas, radicales, del PRO o de partidos provinciales) siempre quisieron tirar abajo la Ley de Glaciares, ¿por qué ahora? ¿Por qué Milei habla de glaciares y periglaciares en sus discursos?

El anuncio del presidente se dio en simultáneo con la confirmación, por parte de Estados Unidos, del avance de un tratado comercial con nuestro país. En ese marco, el capítulo “ambiental” del acuerdo plantea “fomentar una economía más eficiente en el uso de recursos, incluso en el sector de minerales críticos”. Las palabras clave son eficiente y minerales críticos. No hay ninguna preocupación ambiental: se trata de garantizar recursos estratégicos para los Estados Unidos. Y ahí encaja el anuncio de modificar la Ley de Glaciares: necesitan “eficiencia” para reventar esas reservas de agua. Para despejar dudas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) ubicó la Ley de Glaciares entre sus principales “preocupaciones legislativas”, junto con la reforma laboral y el Presupuesto 2026 (Infobae, 11/11/2025).

Tenemos que frenarlos

El gobierno pretende que cada provincia determine su propia definición de “glaciar” y “periglaciar”, lo que permitiría favorecer a la multinacional de turno. Frente a eso, la Asamblea discutió defender la Ley de Glaciares tal como está y rechazar cualquier negociación posibilista que abra, por otra vía, la puerta a las mineras.

En estas horas, el pueblo de Mendoza está dando pelea contra el avance minero. En todo el país existe una enorme experiencia de luchas ambientales que debemos recuperar, coordinar y unificar para frenar esta ofensiva. Eso es lo que buscamos organizar con la campaña que acabamos de poner en pie.

Sumate, junto a Ambiente en Lucha, a defender los glaciares en todo el país. La Ley de Glaciares no se toca. El próximo 4 de diciembre salimos a las calles.