Escribe Nicolás Nuñez

La película “Argentina, 1985” puede servirnos de puntapié para recuperar un poco más de este proceso singular y contradictorio que terminó con parte de los cabecillas del golpe militar tras las rejas. Para eso fuimos a los números de Solidaridad Socialista, el periódico que editaba nuestra corrriente morenista en los ‘80. Fuimos parte de esa historia.
 
Desde el comienzo del gobierno de Raúl Alfonsín, señalábamos la manipulación que el líder radical realizaba del clamor popular por el juzgamiento de los genocidas. Se explicaba entonces (Solidaridad Socialista N° 133): “nuestro país está a mitad de camino entre las naciones que, como Brasil o Uruguay, no hicieron nada contra sus terribles dictadores, y otras como Nicaragua, donde hubo una guerra que destruyó al ejército y terminó con el éxodo o encarcelamiento masivo de la antigua dictadura”. En Argentina, si bien no se había destruido al ejército, sí se había abierto un proceso revolucionario que fue el que derrumbó a la dictadura militar, y el que hizo inviable la impunidad de los principales responsables del genocidio.

Alfonsín comenzó por intentar que los propios milicos se juzgaran a sí mismos, rechazó la propuesta de una comisión bicameral y la apertura de los archivos de “inteligencia” del ejército. Esto último, algo que sigue reclamando hoy el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Ningún gobierno ha brindado esa información clave para saber qué hicieron con los desaparecidos y las y los niños apropiados que no han recuperado aún su identidad.

En ese sentido, el juicio a las Juntas terminaba representando, al mismo tiempo, un triunfo en tanto posibilidad de sentar a las cabezas del genocidio en el banquillo de los acusados. Pero, al mismo tiempo, implicaba la maniobra de acotar los procesos sin ir a fondo por el “juicio y castigo a todos los culpables”, que era la consigna de masivas movilizaciones que se daban en paralelo a las audiencias del proceso judicial.

Así, en Solidaridad Socialista número 121 de septiembre de 1985, ante la transmisión televisiva del alegato del fiscal Julio Strassera que hoy vemos interpretado por Ricardo Darín, nuestro periódico de ese entonces señalaba: “Nos daremos el lujo de ver sudar frío, bajo la mirada de todo un país, a estos nueve genocidas. Poder ver este espectáculo es un triunfo inmenso de todo el pueblo argentino. Es en primer lugar, un triunfo de todos los trabajadores y de todos los que desde 1976 resistimos a esa dictadura infame. Es un triunfo de las Madres de Plaza de Mayo que jueves tras jueves denunciaron todos los crímenes en las situaciones más adversas. Fue esta resistencia obrera y popular la que terminó socavando hasta el derrumbe definitivo a la dictadura, y fue esta lucha la que llevó al banquillo de los acusados a los nueve comandantes”.

“Juicio del siglo: una farsa que absolvió a la muerte”, decían las páginas centrales del periódico posterior al fallo (Solidaridad Socialista N°133 del 12/12/85). Allí se señalaba la contradicción de un fallo que reconocía los crímenes perpetrados por los milicos pero daba penas irrisorias. Por caso: “Agosti, culpable de torturas y robos reiterados, recibió cuatro años y seis meses de prisión. Mucho menos de los ocho que puede alcanzar quien roba una billetera en un colectivo”.

¿Qué había pasado? Respondíamos: “todo indica que los jueces decidieron acoplarse a la política seguida desde hace dos años por el gobierno alfonsinista, y que está destinada a impedir el juzgamiento y castigo de los miles de oficiales y de cómplices civiles que actuaron en el proceso. Para ello, recurrieron a la maniobra de considerar al genocidio como si fuera un delito común, cometido individualmente por algunos de los oficiales”. Sin embargo, no dejábamos de reconocer que la perpetua a Videla y Massera representaba “un triunfo del pueblo”, aunque lo que primaba era el “estupor ante la blandura” del fallo en general.

Todo esto, señalado hace casi cuarenta años, se ratifica en una perspectiva histórica donde hasta el día de hoy primó la impunidad, siendo que de más de 600 centros clandestinos de detención que hubo en todo el país, tenemos alrededor de apenas mil sentencias firmes a los milicos genocidas. Esto es así porque después del juicio a las Juntas lo que vino fueron las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”, y luego los indultos del gobierno peronista de Menem en los ‘90. Si luego se logró la nulidad de dichas leyes y de los indultos fue gracias a la continuidad de la lucha contra la impunidad y al cambio de relaciones de fuerza generado por el Argentinazo de diciembre de 2001.

Hoy el peronismo kirchnerista hace loas de haber descolgado el cuadro de Videla, pero durante su gobierno Cristina puso a uno de esos genocidas impunes a cargo del ejército, César Milani.
 
Un reclamo revolucionario y vigente

La impunidad para los milicos siempre fue también para los cómplices civiles (empresarios), eclesiásticos y políticos patronales. Recordaba aquel Solidaridad Socialista que la UCR había sostenido durante el golpe 310 intendentes, y hasta el embajador en los Estados Unidos. Por su parte, el Partido Justicialista mantuvo en funciones 169 intendentes. Por eso es tan de fondo la pelea por el juicio y castigo a todos los culpables. Los partidos patronales siempre buscaron y seguirán buscando la forma de limitar el juzgamiento, porque en última instancia, ir a fondo implicaría ir también contra los mismos intereses económicos y políticos de ajuste, sometimiento y entrega del país tanto bajo la dictadura como bajo los gobiernos radicales, peronistas y macristas.
En ese camino seguiremos peleando. 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, ¡Presentes!