Escribe José Castillo

Ya estamos a punto de conocer la inflación de octubre. Rondará el 7%, acercándonos al valor anual de 100%. Los precios de la canasta familiar, se sabe, crecieron más aún. Es un secreto a voces que las grandes empresas de consumo masivo aplican abusivos aumentos, pero el gobierno solo inventa programas inocuos mientras deja que siga la carestía.

La vicepresidenta Cristina Fernández ya oficia de comentarista, como si ella no tuviera nada que ver con el gobierno y como si no hubiera sido quien respaldó el ascenso a Sergio Massa a superministro (respaldo que sigue sosteniendo cada vez que se le pregunta). Sin embargo, critica a las grandes empresas de consumo masivo (alimenticias, de tocador y de limpieza) por provocar aumentos desmedidos. Ahora el propio ministro Massa mandó a “investigar” los costos de quince fabricantes de esos productos, y le pidió a las grandes cadenas de hiper y supermercados (cómplices también en la carestía) que rechacen mercaderías con subas mayores al 4% mensual. El secretario de Comercio Matías Tombolini habla de “veinte o treinta grandes compañías formadoras de precios que representan el 65% del consumo masivo”. O sea, todo el mundo sabe de qué se trata esta suba desmedida de precios y quiénes son los ganadores.

Parecería una comedia, sino fuera por cómo afecta trágicamente al bolsillo del pueblo trabajador. Es que desde hace años, los distintos gobiernos vienen amagando con controles de precios que no son tales. Recordemos que durante la presidencia de Cristina, en 2014, se inauguró “precios cuidados”. Un acuerdo que, con idas y vueltas, aún existe. Se agrandó la lista de productos, luego se achicó, se volvió a agrandar y otra vez a achicar. Lo que jamás se hizo fue sancionar a nadie por incumplimiento. Las empresas hicieron de todo: desde hacer desaparecer distintos productos de las góndolas, cambiándolos por otros iguales con algún pequeño cambio (un clásico, los yogures con “más fruta” que reemplazaban al inexistente de precios cuidados), hasta aprovechar cada “vencimiento del acuerdo” para aplicar aumentos por arriba de la inflación.

Hace un año atrás, el entonces secretario de Comercio Roberto Feletti aplicó un “congelamiento” sobre 1.200 productos que nunca existió, ya que nadie lo controló.

Anuncios sobran. Hace un mes atrás el gobierno hablaba de un congelamiento por cuatro meses de una serie de bienes esenciales que tendrían los precios impresos en el envase. Por supuesto, nunca pasó del anuncio.

La nueva figurita se llama ahora “precios justos”. Se habla de congelar por 120 días entre 1.200 y 1.500 productos básicos de marcas líderes. A cambio se les ofrecerá a las empresas acceso preferencial al dólar oficial (a 166 pesos).

Nos animamos a anticipar cómo va a terminar todo esto. “Precios justos”, como todas sus variantes anteriores, va a fracasar. No es muy difícil adivinar el porqué: el hoy vigente “precios cuidados” tiene un cumplimiento de apenas el 50%, según datos del propio gobierno (¡uno de cada dos productos no está en la góndola!). Mientras tanto, el referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque da como gran línea que la gente no compre si los precios son altos, como si ello fuera posible cuando el kilo de pan acaba de alcanzar el valor récord de 500 pesos.

Las patronales y los economistas y periodistas del establishment dicen que estos fracasos se están debiendo a que “los controles de precios nunca funcionaron”. No es así: los controles de precios sí que funcionan, y protegen el bolsillo popular, si se los hace cumplir. En nuestro país contamos con la Ley de Abastecimiento, que permite multar, clausurar, encarcelar y hasta expropiar a quien viole una disposición legal sobre precios, acapare, o provoque desabastecimiento. El problema es que nunca se la aplica. Ningún empresario fue siquiera multado por haber violado alguno de todos estos acuerdos. Es que los gobiernos, este y el anterior, son socios de los negocios de estas patronales. Incluso les autorizan aumento cuando se trata de precios regulados, como en el caso de las empresas de medicina prepaga, o cuando hay una empresa del estado en condiciones de determinar un precio, como hace YPF subiendo “primero” los combustibles, para cubrir a las transnacionales que luego la siguen.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad exigimos un auténtico congelamiento y control de precios de todos los productos de la canasta familiar, con fuertes sanciones para quiénes lo violen. Esto, más un aumento de salarios de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, ajustado mensualmente por inflación, son las medidas más urgentes para defender el bolsillo del pueblo trabajador.