Escribe José Castillo

La inflación de marzo, cuyo índice oficial se conocerá este viernes, fue superior al 7%. En el primer trimestre del año quedará arriba del 20%. Eso no es lo peor: ya se sabe que hubo fuertes subas de los precios de los alimentos en la primera semana de abril, por lo que se viene otro mes de fortísima carestía. Obviamente, los salarios, que ya venían golpeados de años anteriores, cayendo más del 30% desde 2017 a la fecha, perdieron en todos los casos en lo que va de 2023, cualquiera haya sido el arreglo en las paritarias negociadas en estos meses. Ni que hablar de aquellas trabajadoras y trabajadores que están tercerizados o directamente en negro. Se generaliza la realidad de aquellos que, aún con trabajo, están por debajo de la línea de pobreza, e incluso algunos de la indigencia.  

La burocracia de la CGT ya no sabe qué inventar para seguir manteniendo su apoyo al gobierno del Frente de Todos, y en particular al ministro de Economía Sergio Massa. Ahora prepara un acto de agradecimiento, recibiéndolo en la sede de la calle Azopardo. Todo porque el gobierno accedió a exceptuar algunos rubros del impuesto a las ganancias que se le descuenta a los trabajadores. Los “beneficiados” por dicha excepción serán apenas 613.000, sobre un universo total de casi 10 millones de trabajadores. ¡9.400.000 pierden por goleada!

Hay que exigirle a la CGT y las CTA que rompan su acuerdo con el gobierno, y que planteen un plan de lucha por un aumento salarial de emergencia, que lleve el salario mínimo al valor de la canasta familiar calculado por los trabajadores de ATE-Indec (hoy en 273.146 pesos), reajustable mensualmente en forma automática por la inflación. Y que, a partir de ese monto, se reabran todas las paritarias. Y, con respecto al impuesto a las ganancias, todas las y los trabajadores deben estar exceptuados: ¡el salario no es ganancia!

Esa es la única forma de enfrentar la pérdida del poder adquisitivo. Al mismo tiempo, le exigimos al gobierno que ponga precios máximos de verdad, que los controle y que sancione a las patronales que los violan, como establece la ley de abastecimiento que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a los que violen estas disposiciones.