Escribe José Castillo, candidato a legislador porteño por Izquierda Socialista / FIT Unidad

La jueza Loretta Preska falló a favor del fondo buitre Burford Capital, diciendo que el estado argentino debe abonar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.
Se trata de un auténtico escándalo. Burford nunca tuvo nada que ver con YPF. Simplemente le compró el juicio que había iniciado el Grupo Petersen (de la familia Eskenazi) que reclamaba que a ellos no se les había pagado nada cuando se estatizó la compañía. Precisemos: la YPF privatizada pertenecía a la multinacional española Repsol. En 2008, Néstor Kirchner, con la excusa de “argentinizarla” hizo entrar, con el 25% de la propiedad, a sus amigos del banco de Santa Cruz (los Eskenazi). Estos nunca pusieron un peso, simplemente iban a pagar su entrada en el capital de la compañía con las ganancias que se generaran. Repsol, los Eskenazi y los gobiernos de Néstor y Cristina hicieron la vista gorda durante cuatro años más, mientras Repsol vaciaba la empresa y la dejaba sin reservas. Cuando finalmente, en 2012, se produce la estatización parcial, con la retirada de Repsol, el ministro de Economía de entonces, Axel Kicillof, dijo que el país no iba a poner un peso, ante los pasivos ambientales y de liquidación de reservas que estaba dejando Repsol. Fue puro doble discurso, ya que al poco tiempo se aceptó pagarle a Repsol 5.000 millones de dólares. El Grupo Petersen que, como dijimos más arriba, nunca había puesto un peso, también reclamó cobrar una parte, iniciando un juicio. Pasaron los años, y los negocios de los Eskenazi se demostraron tan truchos que el Grupo entero entró en quiebra (para ese entonces se habían “mudado” de la Argentina y su domicilio estaba en el estado Español). En ese momento apareció el fondo buitre Burford, quien le compró los derechos del juicio por sólo 16 millones de euros. Ahora, gracias al fallo de la jueza, Burford cobraría 16.000 millones de dólares: ¡el negocio más grande de la historia!

Ante este increíble fallo, Milei propone pagar vendiendo YPF. Otra barbaridad: hoy la empresa cotiza en 5.000 millones de dólares, por lo que si se hace lo que propone el candidato de La Libertad Avanza, nos quedamos sin empresa estatal de gas y petróleo y con una deuda a pagarle a Burford de 11.000 millones de dólares. Patricia Bullrich, por su parte, plantea lo mismo que hizo Macri en 2016 con los fondos buitres de entonces: pagar sin chistar. O sea, avalar un nuevo escándalo (uno más) de los tantos de la deuda externa argentina.

El gobierno nacional y el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, dicen que apelarán la sentencia. ¿Acaso alguien cree que si se llega a instancias superiores, incluyendo la Corte Suprema de los Estados Unidos, los jueces yanquis cambiarán el fallo a favor de la Argentina? Nada de eso sucederá, al contrario, nos dirán que ahora debemos 20.000 millones de dólares (y ya no 16.000 millones) porque se habrán acumulado nuevos intereses.

La postura de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unidad es la única que efectivamente se enfrenta a este nuevo intento de saqueo. Hay que desconocer la sentencia por cuestiones de soberanía, no aceptando la jurisdicción de tribunales en Estados Unidos. Y hay que complementar esto terminando con la forma jurídica actual de “YPF S.A.”, estatizando el 100% de la empresa, creando una YPF sociedad del estado, que a la vez se haga cargo de la totalidad del negocio petrolero, desde la prospección, pasando por la extracción, el refinado y la comercialización, gestionada por sus propios trabajadores.