Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Tanto en el DNU como en el proyecto de ley ómnibus, el gobierno del ultraderechista MIlei también lanza un auténtico plan de guerra contra el ambiente, a favor del saqueo capitalista.

A contramano de su habitual discurso que niega los efectos negativos de la producción capitalista sobre los ecosistemas, Javier Milei tuvo que embarcarse hacia la Antártida para dar cumplimiento a un convenio suscrito entre el país y la Agencia Internacional de Energía Atómica en pos de un plan que busca avanzar en el control de la presencia de microplásticos en la región. Tal como lo hizo al recibir a la responsable de energía y al embajador del gobierno yanqui, el presidente se encarga de cubrir ciertas apariencias “ecologistas” que hoy en día le exige el propio imperialismo, en pos de que no le sean reducidos los canales de endeudamiento externo proveniente de iniciativas “verdes”. Mientras tanto, puertas adentro, el DNU y la “Ley Omnibus” dan cuenta de un plan de salto en calidad de la depredación ambiental en nuestro país.

Desmantelar la legislación existente

Entre el conjunto de los ataques a la clase trabajadora y los sectores populares en pos de las ganancias de las multinacionales y grandes empresas que co-redactaron el DNU y el proyecto de ley, se incluyeron también modificaciones sustanciales a la legislación ambiental vigente. El decreto presidencial manifestó la “necesidad” de modificar el ya nefasto menemista “código minero”, para que las empresas dejen de tener obligación de informar cómo y qué explotan, y a su vez, la “urgencia” de dar de baja canones que debían pagar. La “casta” extractivista está de fiesta con Milei.
A su vez, el proyecto de ley macro del gobierno libertario incorporó:

-La modificación de la “Ley de Quemas” (26.562)  para facilitar el incendio de territorios en pos de la modificación del uso del suelo;
-Cambio en la “Ley de Bosques” (26.331) de manera de que el 80% del bosque nativo argentino, unas 42 millones de hectáreas, pierda distintos tipos de protección o exigencia de estudios de impacto ambiental previos a que avance la tala o destrucción total;
-Elimina a su vez, y de paso, la necesidad de garantizar la participación de las comunidades originarias involucradas en los territorios, y también, el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos, dejando a discreción de Javier Milei la definición del total de montos destinados a tal fin;  
-Interviene la “Ley de Glaciares” (26.639) a fines de habilitar la explotación en zonas “periglaciares” que circundan los glaciares y son vitales para su subsistencia;
-Modifica el régimen de pesca a fines de favorecer la depredación de las multinacionales del “comunismo” chino contra el que Milei sarasea en particular.
-En nombre del “acuerdo de París” y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsa cero políticas de reducción de emisiones, y en cambio promueve el desarrollo de “mercados de emisiones” en los que las empresas pagan por contaminar más. Esto mercantiliza la problemática del calentamiento global sin suponer ningún tipo de reducción real de la contaminación.

Hecho este repaso, desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista, igualmente señalamos que no debemos entrar en ninguna discusión leguleya o meramente ambiental al plantarnos frente al DNU y la Ley Ómnibus. Por el contrario, al movimiento socioambiental le caben “las mismas ante la ley” que al conjunto de los sectores en lucha: hay que frenar el intento de Milei de otorgarse superpoderes para cerrar el Congreso y prohibir la protesta social. En última instancia, nunca fueron las muy limitadas leyes existentes las que protegieron los territorios, sino les trabajadores, las comunidades, asambleas y organizaciones socioambientales que salieron a las calles para enfrentar los planes extractivistas de todos los gobiernos.