Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció que a partir del 1°de enero de este año ya no recibe el aporte económico previsto en la ley 21.950 por la que el Estado les pagaba los sueldos a los arzobispos y obispos de nuestro país. Algunos medios lo levantaron como si se tratara de la separación de la iglesia del Estado, pero no es así. La iglesia católica ya había renunciado a percibir ese dinero - de manera gradual - desde el 2018 mientras se debatía en el Congreso la legalización del aborto. No se trató de un gran sacrificio ya que representaba solo el 10% del presupuesto de la institución. Tardó cuatro años y para compensarlo creó el programa de Financiamiento Eclesial (FE) por el cual recibe donaciones de sus seguidores. De todas maneras, la iglesia católica sigue percibiendo innumerables beneficios impositivos y económicos por parte del Estado que van desde no pagar impuestos por sus inmuebles hasta recibir subsidios que sostienen a sus instituciones educativas religiosas. Es decir, que la iglesia católica sigue siendo beneficiaria de los aportes económicos estatales y de lugares de poder clave que le permite tener incidencia en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, Carlos Torrendell, ex director de la Universidad Católica y miembro del Departamento de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Argentina, fue nombrado por Javier Milei como el nuevo Secretario de Educación, cartera que depende del ministerio de Capital Humano.

Para avanzar en terminar con los privilegios que recibe esta institución reaccionaria y conservadora es necesario anular los demás decretos/leyes de la última dictadura -no solo uno-  que establecen el financiamiento estatal, como la norma 22.162 de subsidios a los sacerdotes en zonas fronterizas, la ley 22.950 por la que se contribuye a la formación del clero diocesano, entre otras. Eliminar el artículo 2° de la Constitución Nacional mediante el cual se “sostiene a la iglesia católica”. Terminar con el subsidio a las escuelas confesionales, eliminar el artículo 5° de la ley de Educación Sexual Integral por la que se les permite a las instituciones religiosas ir en contra de los avances científicos y de los estudios de género. Es decir, todavía queda mucho recorrido por delante para lograr una verdadera separación de la iglesia del Estado.