Escribe Noelia Agüero, legisladora Izquierda Socialista/FIT Unidad

Desde que asumió Milei, el gobernador peronista de Córdoba, Martín Llaryora, viene siendo noticia nacional. De entrada, representó al sector dialoguista, que con un discurso de dar gobernabilidad se prestó a votar la ley ómnibus. El tremendo ajuste de Milei y el impacto no solo en la clase trabajadora sino en algunos sectores medios productivos hizo que, luego de votar la ley en general, se aprestara a rechazar algunos artículos. El gobierno nacional terminó retirando la ley, a pesar de que Llaryora planteó que “fue un error gravísimo bajar la ley, podríamos haber continuado con el tratamiento” (Clarin, 18/2).

En este marco se produce un quiebre entre Llaryora y Milei, con este último endilgandole una “traición” al gobernador cordobés y avanzando con un feroz ajuste que incluyó el recorte de todo tipo de fondos y subsidios, como el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), el transporte, entre otros. Mientras, las y los cordobeses somos quienes sufrimos las consecuencias.

Tanto Llaryora como los grandes medios hablan del “modelo cordobés” como algo opuesto al gobierno actual e incluso al del peronismo de Alberto, Massa y Cristina. Pero el modelo cordobés es también el de ajuste al pueblo trabajador. Esto lo demuestran las jubilaciones de miseria y el cobro de los aumentos con un diferimiento de 60 días en relación a los activos. En la docencia, Llaryora incumplió el acuerdo paritario firmado en 2023 a la fuerza -mediante conciliación obligatoria-, dejándonos un 10% debajo de la inflación en enero. Ahora pretende darnos “la mitad de la inflación” más un bono miserable en negro, abriendo las puertas al conflicto docente provincial, mientras las escuelas se caen a pedazos. Lo mismo sucede con los hospitales públicos, donde las y los trabajadores de la salud en 2022 protagonizaron una enorme rebelión que duró meses, obligando al gobierno a retroceder en alguna de sus medidas.

En los últimos días tomó repercusión la tremenda suba del transporte, donde el colectivo urbano pasó a 700 pesos, aumentando en 2024 el 190% y el interurbano de corta y media distancia un 150%, reventando aún más el ya escaso poder adquisitivo.

Con estos datos demostramos que Milei aplica la motosierra en el país y los gobiernos provinciales como el de Llaryora también ajustan para beneficiar a los ricos y al FMI.