Escribe José Castillo

Después de la derrota sufrida a mediados de febrero por la Ley Ómnibus “original”, el gobierno vuelve a la carga, presentando otra que, más acotada y con menos artículos (269 artículos en vez de 650), sigue conservando lo central de la anterior.

Este nuevo proyecto, que algunos llaman irónicamente ley “Traffic”, contiene una declaración de “emergencia” con facultades delegadas para Milei por un año, tiempo de sobra para que el presidente ultraderechista lleve a cabo su cometido. También incluye la reforma laboral que fue suspendida por la justicia cuando apareció planteada en el DNU, que implica de hecho una virtual eliminación de todos los derechos conquistados por las y los trabajadores en las últimas décadas. Se insiste, asimismo, con la privatización de empresas públicas, creándose un nuevo listado. Se plantea así la privatización total de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Radio y Televisión Argentina, y la privatización o concesión de otras como el Banco Nación, Yacimientos Carboníferos, Aysa, Correo, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora ferroviaria, Corredores viales, Empresa Argentina de soluciones satelitales y Nucleoeléctrica Argentina,

La nueva ley insiste en ajustar salvajemente a las y los jubilados, incluyendo una nueva fórmula previsional a partir de abril donde las jubilaciones no recuperan ni la mitad de lo que perdieron desde diciembre a esta parte. Aclaremos que, ante la duda de que la ley pueda ser aprobada, el gobierno ultraderechista de Milei se cubre anunciando que va a enviar la nueva fórmula jubilatoria a la vez por medio de un nuevo DNU.

También el proyecto de ley incluye la “liberalización del mercado energético”, a medida de los grandes pulpos del gas y del petróleo, así como un paquete de medidas para “promover inversiones” que son una auténtica invitación al saqueo de nuestros recursos en todos los campos (incluyendo megaminería, litio, etcétera).

Por fuera de la Ley Ómnibus, pero como ofrecimiento de “contrapartida” a los gobernadores, se le ofrece restituir el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, o sea el “impuesto al salario”, que pasarían a pagarlo todo trabajador o trabajadora que gane más de un millón de pesos si es soltero o un millón y medio si es casado. O sea, una virtual nueva confiscación al bolsillo popular.

En síntesis, una nueva ley, más chica, que conserva lo esencial de la anterior: las reformas estructurales del plan de guerra de Milei contra el pueblo trabajador.