Foto de portada: Festival en plaza de Mayo y Daniela Calarco, única mujer que permanece detenida

Escribe Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus)

Organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron en audiencia el accionar del Ministerio de Seguridad de Bullrich por la escalada represiva y las detenciones ilegales durante las manifestaciones del 12 de junio contra la Ley Bases. Repudiamos esta política represiva con que el gobierno pretende amedrentar a los que luchan.

Correctamente, los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticaron el protocolo antipiquete y expresaron que la represión del 12 de junio fue contra “manifestantes pacíficos”. Y atacaron el argumento oficial, usado por Bullrich y Milei: “No se puede tratar a una reunión en su conjunto como violenta, asimismo no se pueden usar conceptos como terroristas a otras conductas que no lo son”. De la misma forma se había expresado el CELS: “Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta”.

A un mes de cumplirse las injustas detenciones por la movilización de la Ley Bases, gracias a la lucha colectiva, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones decidió por mayoría ordenar la liberación de Cristian Valiente y David Sica, aunque siguen procesados. Sica, que vive en situación de calle, ni siquiera había ido a la manifestación, ya que quedó en medio de un cruce policial mientras cruzaba la calle para ir a una iglesia a buscar comida.

Los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, que integran la Sala, coincidieron en desechar la acusación por “intimidación pública”. Sin embargo, fallaron de manera distinta. Trascendental fue el voto en disidencia de Boico, donde el juez señaló que debía ordenarse la libertad de todxs los detenidxs, argumentando que hubo una clara persecución y criminalización contra los manifestantes: “Es indudable que resulta difícil precisar límites jurídicos estandarizados de las prácticas sociales de protesta, pero lo claro es que el ‘manifestante’, a secas y en contexto pacífico, no puede categorizarse como un ‘enemigo’, ni tampoco, livianamente, con calificativos e imputaciones adjudicables a quienes procuran desestabilizar el sistema democrático”.

Sin embargo, la cacería represiva orquestada por el gobierno nacional, las fuerzas represivas, los servicios de inteligencia con sus infiltrados que le permitió “armar” las causas al fiscal Stornelli, hace que aún siguen detenidxs Daniela Calarco y Roberto de la Cruz Gómez en cárceles de máxima seguridad. Desde Fadhus, como defensa técnica de Daniela, vamos a ir hasta Casación apelando por la inmediata libertad. Junto a la Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs por Luchar, que organizó un masivo festival en Plaza Mayo del cual Izquierda Socialista es parte, seguiremos impulsando apelaciones, acciones y campañas por la libertad de los dos detenidos que quedan, y el cierre de todas las causas.