Escribe José Castillo

Al mismo tiempo que el gobierno vetó el reajuste jubilatorio e impuso un techo de 2% en las paritarias, se desató un vendaval de aumentos de tarifas de todo tipo. El objetivo, confesado por el propio ministro Luis Caputo, es garantizar los fondos para pagar los próximos vencimientos de deuda de este año y el próximo.

A partir de este mes las tarifas de luz, gas y agua subirán en promedio un 4,5%. Un nuevo salto en los tarifazos que se vienen dando desde el comienzo del gobierno ultraderechista de Javier Milei.

La canasta de servicios públicos (datos IIEP/UBA) subió un 380% entre diciembre pasado y agosto, mientras que el salario mínimo pasó en el mismo período de 156.000 a 262.000 pesos. Para comparar, hoy una familia tipo gasta en promedio 150.000 pesos exclusivamente en pago de servicios (luz, gas, agua y transporte). Para un ingreso promedio, estas tarifas pasaron de representar el 6,2% del total a ser actualmente el 14,3%.

Digamos además que este tarifazo no será el último, ya que el gobierno ha proclamado que quiere llevar los subsidios a cero, cuando hoy todavía representan el 56% del valor de la tarifa. Por lo que hay que esperar que en los próximos meses haya nuevas subas llevando cada servicio al doble que lo actual. Como los sectores que conservan todavía los subsidios son los de menores ingresos, estos nuevos aumentos van a pegar de lleno entre los más pobres, agravando su situación.

En lo que respecta al transporte, ya hubo un tarifazo muy fuerte en colectivos, subte y tren en el AMBA a principios de agosto. Ahora se suma que el gobierno nacional anunció que retira el subsidio a los colectivos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. En lo inmediato, las empresas ya anunciaron que reducirán sus frecuencias, en especial de noche. Además se eliminará el boleto combinado (que permite pagar menos por un segundo y tercer viaje inmediato al anterior). Partiendo de la base de que un trabajador o trabajadora toma promedio tres medios de transporte de ida (y otro tanto de vuelta) para desplazarse a sus lugares de trabajo, se calcula que solamente esta medida significa un incremento de 40% en el costo diario de transporte.

A todo esto hay que sumarle los aumentos autorizados en los otros precios regulados: las prepagas, los servicios de internet y telefonía celular, las cuotas de los colegios privados y los combustibles, todos en un promedio de 5%. Y, además, los alquileres, que, en el caso de tocarles ser ajustados por la ley vieja, subirán este mes un 245% (un alquiler de 200.000 pesos pasará a ser de más de 650.000).

¿Bajarán los precios de los productos de primera necesidad?

El gobierno miente diciendo que todos estos aumentos de tarifas son para “financiar” la baja del impuesto PaIs, que pasará este mes de 17,5% a 7,5%. Primero y principal, digamos que ese impuestos (a compra de dólares y productos importados) lo aumentó el propio Milei cuando asumió (a contramano de todas sus promesas demagógicas de que antes de subir un impuesto “se cortaba la mano”). Segundo, si a alguien favorece esa baja, es a los grandes empresarios, que podrán traer del exterior sus insumos o productos terminados a un menor precio.

Sin embargo esto no redundará en que bajen los productos finales que el pueblo trabajador ve en las góndolas. De hecho, es al revés. Las consultoras LCG y EcoGo registraron una fuerte aceleración de la suba de los precios de los alimentos en la última semana de agosto. Tanto las cadenas de supermercados como las empresas productoras de productos de consumo masivo ya le anticiparon al ministro Caputo que “no ven condiciones” para bajar sus precios. Pueden hacer esto porque nadie las controla. Y, obviamente, con el guiño del gobierno siguen priorizando sus superganancias, engrosadas con el enorme salto que le dieron a todos los bienes tras la devaluación de diciembre.  

En síntesis, todo seguirá aumentando a costa del bolsillo del pueblo trabajador. ¿Para qué? Milei y su ministro Caputo dicen que es para “no entregar su gran logro, el superávit fiscal”. El mismo argumento que utilizan para vetar  el reajuste jubilatorio. Pero este superávit fiscal, conseguido a costa de hambrear al pueblo trabajador, no es para generar ninguna reactivación o mejora futura. Al contrario.

Lo reconoce el propio ministro: la prioridad es cumplir con los millonarios vencimientos de deuda externa. Los que faltan de este año (5.680 millones de dólares) y, sobre todo, los impresionantes del año que viene (28.000 millones, y de ellos, 5.000 millones en enero).

Lo dijimos una y mil veces. Así no tenemos futuro. Hay que suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa y romper el acuerdo leonino que tenemos con el FMI. Hay que parar los tarifazos, retrotraerlos y reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados, para ponerlas a funcionar bajo la gestión de sus trabajadoras, trabajadores y usuarios, única forma de garantizar servicios de calidad con tarifa social para quien la necesite. Hay que terminar con los abusos de las empresas monopólicas de consumo masivo y las grandes cadenas de hiper y supermercados, congelando y poniendo precios máximos a los productos de la canasta familiar, con severas sanciones a quienes los violen. Hay que eliminar el IVA a esos productos, así como el impuesto a las ganancias sobre los salarios, reemplazándolos por fuertes tributos a pagar por parte de las grandes empresas y los multimillonarios.Todo ello al servicio de atender las más urgentes necesidades populares de salarios y jubilaciones justas, trabajo genuino, y salud, educación y vivienda, y garantizarlos para todas y todos.