Escribe Fernanda Giribone, dirigenta de Izquierda Socialista Jujuy
Desde Izquierda Socialista queremos manifestar nuestro profundo repudio a la decisión del Juez Rodolfo Fernández de elevar a juicio la causa del “20 Junio” donde se acusa arbitrariamente a nuestro compañero Ivan Blacutt y a otros dirigentes políticos y sociales de la provincia.
En el 2023, con un masivo rechazo popular, el gobierno de Jujuy juró a escondidas del pueblo una Constitución reformada, momento en que se desplegó una brutal represión con detenciones ilegales, por orden del entonces Gobernador Gerardo Morales. A posteriori la Justicia, en connivencia con el poder político (y económico) tejió, a través del uso arbitrario de las leyes, la judicialización de dirigentes sociales y políticos, con el fin de aleccionar al pueblo. En una quirúrgica selección imputaron a los compañeros Miguel Ángel Ramos, Santiago Zamora, Leonardo Alejandro Rosales, Walter Armando Puca, Gabriel Taboada, Martin Antonio Abad, Francisco Emilio Lyonnet, Luis Santiago Zalazar, José Ivan Blacutt, Gabino Cruz, José Darío Donaire, José Luis Leopoldo Vilca, Nelson Javier Mamani, Mayuk Nasib Mamani, Héctor Luis Gerónimo, Walter Damián Brizuela, Dan Leonel Liborio, Gonzalo José Marino Diaz, Nahuel Tomás Herrera, Rivero Lautaro Joaquín, todos ellos dirigentes políticos y sociales.
Ahora, más de un año después de los hechos represivos se reaviva esta causa escandalosa, que sin pruebas ni argumentos firmes, -en un claro hecho de criminalización y judicialización de la protesta-, pretende hacer escarmentar a todo un pueblo. Según sus dichos, el Juez Rodolfo Fernández, los eleva a juicio porque entiende formalmente que la causa “es correcta” aunque en realidad se trate de una acusación que en cualquier otra circunstancia sería inadmisible por no describir los hechos ni las conductas atribuidas a los imputados (entre otras cosas).
De ninguna manera podemos permitir este tipo de retroceso en materia de derechos. Las acciones de Morales/Sadir van en consonancia con la política represiva del presidente Milei, que de la mano de protocolos represivos, nos quiere hacer vivir en una dictadura.
El gobierno de Milei ha dejado en claro que su plan motosierra no pasa sin persecución y represión. Ante eso nosotros oponemos el camino de la movilización para enfrentar el ajuste, y de la unidad entre aquellos que rechazamos que se condene a quienes luchamos.
Rechazamos todo intento por criminalizar la protesta social y llamamos a impulsar una gran campaña por la absolución de los compañeros. Decimos que lo que se judicializa no son solo veinte militantes sino la fuerza de todo un pueblo que se desplegó en las calles durante el invierno del 2023, con decenas de cortes de rutas, marchas y paros, que enfrentó a una reforma constitucional que intentaba dejar a la provincia de Jujuy indefensa ante el saqueo.
Desde Izquierda Socialista exigimos el cese de la persecución a los que hoy son judicializados injustamente, que caigan todas las causas y que, por el contrario, se juzgue a Gerardo Morales y sus cómplices en el gobierno, por la ola persecutoria y represiva que se desató y que ha dejado un trágico saldo para el pueblo jujeño, que es de público conocimiento.
