Proyecto de ley
La Honorable Cámara de Diputados sanciona con fuerza

No al Presupuesto 2025 de Milei. Postulamos un plan económico alternativo de emergencia, obrero y popular, para erradicar la pobreza, la desigualdad social, la dependencia y el sometimiento del país a las multinacionales y al FMI.

Art 1. Impleméntese un nuevo plan económico alternativo de emergencia obrero y popular. El mismo tendrá como objetivo combatir el hambre, la pobreza, la desigualdad social y la dependencia del país. Los fondos recaudados en el presente proyecto estarán destinados a aumentar los salarios y jubilaciones, a generar trabajo genuino con un plan de obras públicas, una fuerte inversión en los presupuestos de salud, educación, universidades y vivienda, entre otros, para satisfacer las urgentes necesidades populares.

Art 2. A partir de la presente se suspenden todos los pagos en concepto de deuda externa, tanto de capital como de intereses, ya que se trata de una deuda ilegítima, usurera y fraudulenta contraída en perjuicio del pueblo trabajador. La República Argentina, a su vez, desconoce a través de la presente ley el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, declarándolo nulo de nulidad absoluta, como así también todos los actos, condicionamientos y disposiciones que se desprendan del mismo.

Art 3. Se impone a partir la presente ley un impuesto especial a las grandes riquezas, ganancias y utilidades de millonarios, grandes empresarios, bancos y multinacionales. Y se dispone la eliminación inmediata del IVA de la canasta familiar y del denominado impuesto al salario, cuarta categoría, el mal llamado impuesto a las ganancias.

Art 4. Procédase a reestatizar (nacionalizar) todas las empresas privatizadas, incluyendo el sistema ferroviario, disponiéndose la anulación de todas las concesiones, sin indemnización. Dichas empresas pasarán a manos del Estado nacional, como único titular de las mismas, funcionando
bajo control, gestión y administración de trabajadoras y trabajadores y organizaciones de usuarios. De la misma manera se procederá con la Hidrovía del Paraná.

Art. 5: A partir de la presente se nacionaliza la producción, extracción, refinación, exploración, transporte y distribución de la industria petrolera y gasífera. A tal fin se creará una nueva YPF y Gas del Estado, que serán sociedades cien por ciento estatal, tomando posesión de los bienes existentes para su planificación racional. Se avanzará en el fin de la explotación contaminante del fracking y se frenará el avance de la exploración hidrocarburífera en los mares (off shore), dado su carácter depredatorio. Se procederá, a su vez, a la estatización del conjunto de los recursos y bienes comunes energéticos y minerales estratégicos, cuya explotación se hará en consulta con las comunidades, asambleas y profesionales, en estricto cuidado del ambiente, quienes encararán un plan de transición productiva al servicio de las necesidades populares. Prohíbase la megaminería contaminante y procédase a implementar una fuerte inversión a través del Conicet y los organismos correspondientes en el desarrollo de técnicas para la obtención de recursos minerales estratégicos como el litio, que tengan un carácter sustentable y sean aprobadas desde los territorios.

Art 6. Procédase a nacionalizar la banca y el comercio exterior, a fin de terminar con la especulación financiera, la fuga de capitales y el gran negocio con las exportaciones e importaciones, lo que garantizará que el dinero que se genera en el país sea puesto prioritariamente al servicio del pueblo trabajador, el crédito popular, hipotecario y proyectos para reactivar de manera urgente la economía del país.

Art 7. De forma.

Mónica Schlotthauer

Fundamentos

Argentina está sumida en la extrema pobreza (53%) e indigencia (18%). Es un país rico en alimentos, carne, leche, petróleo, gas, bosques, mares, ríos, minerales, pero tiene millones de personas que no pueden acceder a un alimento, al agua, a los medicamentos. Siete de cada diez niñas y niños son pobres. Casi el 20% están en la indigencia, es decir, no consumen lo mínimo e indispensable para subsistir. A tal punto que ascendió la desnutrición crónica o malnutrición infantil (sobrepeso-obesidad), provocando un retraso en el crecimiento de los menores en edad escolar, baja en la talla y en el rendimiento intelectual (informe de la FAO-Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, agosto 2024).

Esto se debe a que Argentina sigue siendo una semicolonia del imperialismo norteamericano desde el golpe de 1955, donde reina la decadencia económica y social como parte de la crisis capitalista mundial. Desde los años 70 fue retrocediendo cada vez más, dando paso a la concentración monopólica, extranjerización y saqueo, pegando un nuevo salto en ese proceso bajo el gobierno peronista de Carlos Menem en los años 90.

Argentina a lo largo de las décadas ha perdido la propiedad y el control de los ferrocarriles, YPF, las empresas de luz y gas, teléfonos, los puertos, la Hidrovía del Paraná, Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), el manejo de lo que se exporta e importa, entre un largo etcétera. Todo bajo una estructura capitalista que todos los gobiernos han dejado intacta. Males que se han agravado desde la asunción del gobierno ultraderechista de Milei.

El gobierno festeja el “superávit fiscal”, pero lo hizo mediante la poda inhumana de las jubilaciones, la obra pública, las universidades y otros recortes esenciales como parte de un plan motosierra al servicio de engordar las ganancias capitalistas y los bolsillos de los usureros internacionales y el FMI. Dice que no hay más déficit fiscal, cuando el “déficit” permanente lo genera el pago de capital e intereses de la deuda externa. Por ejemplo, en enero de este año los intereses de la deuda externa superaron lo que se pagó en jubilaciones y pensiones.

El “no hay plata” del gobierno es para encubrir que la plata se va a la deuda externa y al FMI. Mientras les perdona impuestos a los mercenarios del blanqueo de capitales, a las multinacionales extractivistas y contaminantes beneficiadas con el RIGI, les reduce impuestos a los más ricos
(Bienes Personales) y reimpuso el impuesto al salario (ganancias) a un millón de trabajadoras y trabajadores. Argentina se desangra pagando una supuesta deuda ilegítima y fraudulenta, mientras todos los gobiernos dejan que se vaya la riqueza nacional por la fuga de capitales, evasiones impositivas a los grandes empresarios y multinacionales, por los puertos privados, el comercio exterior, la bicicleta financiera, entre tantas otras permisiones y maniobras.

Los distintos gobiernos pagaron religiosamente esa deuda contraída en la última dictadura militar y la renegociaron permanentemente imponiendo severos ajustes. Por pagar la deuda, todos los días se van escuelas, hospitales, salarios, jubilaciones, rutas, caminos, viviendas populares. Atento a ello la pobreza viene creciendo exponencialmente: Cristina Kirchner dejó el gobierno en 2015 con un 30% de pobreza, Macri el 38%, Alberto y Cristina el 41% y Milei la llevó al 53%.

El pacto con el FMI vuelve a redoblar aún más las recetas que ya se aplicaron con la hiperinflación de Alfonsín en los años ´80; el 1 a 1 de Menem-Cavallo en los años 90 (donde se remataron todas las empresas del Estado para pagar “en especie” mientras la deuda externa creció al doble); el “blindaje” de De la Rúa-Chacho Alvarez de 1989/2001; los 12 años peronistas kirchneristas donde nunca “nos liberamos” del FMI ni “nos desendeudamos” como demagógicamente decía el gobierno, sino que se pagaron 200.000 millones de dólares en concepto de deuda externa y terminó ese gobierno con una deuda similar. Luego vino Macri y Caputo que nos endeudaron en 100 mil millones de dólares, entre ellos los 45.000 millones de dólares con el FMI, y posteriormente Alberto Fernández y Cristina Fernández reconocieron esa estafa, volviendo a sellar un pacto con el FMI. Ahora Milei ordenó el presupuesto 2025 bajo la prioridad de cumplir con el Fondo Monetario sea como sea, llevando a cabo un ajuste brutal contra el pueblo trabajador, recesión, desigualdad social.

Entre diciembre 2023 y agosto 2024 la deuda creció 87.000 Millones de Dólares provocando que la deuda del Estado nacional sea de 455.000 MD (85% del PBI). Esto sumado a la deuda del Banco Central -pasada ahora al Tesoro-, las Provincias (30.000 millones de dólares) y municipios, asciende a la friolera de 520 mil millones de dólares.

Para el Presupuesto 2025 la prioridad no son las y los jubilados, la docencia, la universidad, el personal de salud o nuestras niñas o niños, sino los pagos de la deuda externa. En los próximos 10 años hay pagos por
180.000 millones de dólares. Hasta diciembre de este año se deberán pagar 3.000 millones de dólares y el año que viene más de 20.000 millones de dólares. Por eso sostenemos que la primera medida del plan económico que proponemos pasa por dejar de pagar ya esa deuda usurera y liberarnos de los dictados económicos y políticos que nos someten al FMI, volcando esos fondos a trabajo, salario, jubilaciones, salud, educación y vivienda.

También hay que imponer un fuerte impuesto a las ganancias y utilidades de los grandes capitalistas. Es mentira que en Argentina hay muchos impuestos que impedirían a los capitalistas invertir. Nuestro país impone menos que la OCDE, países donde se grava más con impuestos directos (progresivos) y no como acá, donde el que más recauda es el IVA con el 21%, el más regresivo, ya que pagan más en proporción a sus ingresos quienes menos ganan que un gran capitalista.

Al contrario, son las multinacionales que actúan en nuestro país (agronegocio, automotrices, mineras, petroleras, litio, etcétera) la que se llevan las grandes ganancias, haciendo miles de maniobras para evadir.

Las principales empresas que actúan en el país, centralmente extranjeras, tuvieron una gran rentabilidad en el primer trimestre de 2024 a pesar de la recesión. Según el informe “Ganadores y Perdedores en los primeros meses del gobierno de Milei”, elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), si se suma a las tres empresas alimentarias que cotizan en bolsa (Arcor, Mastellone y Río de la Plata), sus ganancias operativas tuvieron un incremento del 687 por ciento, muy por encima del 273 por ciento de la inflación del período. “Se registran incrementos que superan el 9.000% en los laboratorios; 5.000% en el complejo exportador de granos; 1.300% en el sector alimenticio; 945% en el sector bancario y 790% en el hidrocarburífero”, dice el informe.

¿De qué empresas estamos hablando? Entre las petroleras y gasíferas: YPF, PAE, Tecpetrol (Techint), Pluspetrol, Vista Energy, Shell, Total Austral y Chevron, entre otras. Alimenticias: Arcor (Pagani); Mastellone; Molinos Río de la Plata (Pérez Companc); Molinos Cañuelas; Quilmes; Mondelez; Nestlé. Agroindustria y Oleaginoso: Cargill, Viterra, Bunge, Dreyfus, Aceitera General Deheza (AGD), Cofco, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro (Perez Companc), entre otros operadores. Bancos: Santander (Banco Santander de España); Macro; BBVA; Galicia; Supervielle; Hipotecario; Comafi. Metalúrgicas: Ternium (Techint); Aluar-Aluminio (Madanes Quintanilla); Tenaris; Acindar; Aceros Zapla; AcerBrag y Gerdau (Sipar). Energía mayorista: Central Puerto
(Miguens-Bemberg y Escasany); CT Ensenada Barragán (Pampa Energía-Mindlin); YPF; Enel (Italia); Aes; YPF Luz. Farmacéuticos-laboratorios: Bayer; Pfizer; AstraZeneca; Richmond; Elea; Roemmers; Gador; Bagó.

Por otro lado, según la revista Forbes, la lista de billonarios argentinos la encabeza Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, con una fortuna de USD 6.300 millones. Este dato es de destacar ya que Galperín es beneficiado con 100 millones de dólares al año en subsidios impositivos por parte del Estado fruto de una ley de promoción de la economía basada en el conocimiento sancionada bajo el gobierno peronista. Galperín es dueño de la empresa local de mayor valor, con un market cap (valor acumulado de las acciones de la compañía) en más de USD 82.000 millones (Infobae, enero 2024), superando hoy los 100 mil millones de dólares. Le sigue en fortuna Paolo Rocca (Grupo Techint) con USD 5.600 millones; Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy) con USD 4.900 millones; Gregorio Pérez Companc (USD 3.900 millones); Eduardo Eurnekian (Corporación América-Aeropuertos Argentina 2000) con USD 3000 millones y Eduardo Costantini (gurú de las finanzas y desarrollador inmobiliario) con USD 1.400 millones. Si se gravaran especialmente estas exponenciales ganancias empresariales ahí tendríamos los millones de dólares para erradicar la pobreza.

Por otro lado, como parte del plan económico que postulamos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad, es necesario recuperar el patrimonio nacional rematado con las privatizaciones en la década del 90 bajo el gobierno peronista de Carlos Menem, gobierno que Milei reivindica como el mejor de la historia. “Modelo” de saqueo que siguió bajo todos los gobiernos posteriores.

Así se hizo entrega de las empresas del Estado diciendo que “daban pérdidas”, con el objetivo de entregarlas a precio vil al capital privado. Se decía que de esa manera la deuda externa iba a bajar, pero creció el doble. Señalaban también que todo tenía que ser privatizado para que haya trabajo e inversión. Ocurrió lo contrario. Ahora vuelven a insistir con lo mismo.

Las empresas privatizadas de electricidad, por ejemplo, han hecho un desastre. Brindan un servicio malísimo, hay cortes permanentes, no invierten y ahora son beneficiadas con tarifazos monstruosos. Un gran negocio del que lucran las generadoras, transportistas y
distribuidoras (Edenor-Edesur-Edelap) desde 1992 en que fueron desguazadas Segba, Hidronor y Agua y Energía Eléctrica.

El gobierno de Milei le está haciendo pagar al pueblo trabajador la reducción de los subsidios para financiar la “inversión” con tremendos tarifazos. Es decir, el pueblo financia a las empresas para que encima presten un servicio deplorable, caro e ineficiente. A tal punto es así que ellas mismas lo reconocen. En una solicitada pública dijeron: “las tarifas permiten a las empresas afrontar las inversiones, gastos de operación, mantenimiento de sus redes”. ¿Por qué entonces se mantiene ese colosal negocio privado con subsidios del Estado y tarifazos que paga el pueblo en vez de que sean reestatizadas?

El gobierno de Milei dice, por ejemplo, que Aerolíneas Argentinas da pérdidas, por eso se debe privatizar. Lo mismo sostiene para todo lo que es estatal. Pero no cuenta que la línea de bandera genera un beneficio económico y social enorme, varias veces superior a lo que el gobierno llama pérdidas (beneficio de 6.000 millones de dólares en 2021, por ejemplo).

Las empresas del Estado no necesariamente deben dar “ganancias”, sino que deben valorarse por el beneficio social que generan y el servicio que prestan. Por ejemplo, la privatización del ferrocarril de los años 90 fue puro saqueo, negocio privado y muerte, provocando la masacre de Once en 2012 como resultado del vaciamiento ferroviario provocando 52 muertes y más de 800 heridos.

El ferrocarril nació por impulso del Estado Argentino en 1854. Scalabrini Ortiz en "Historia de los Ferrocarriles Argentinos" desmitifica que por ser estatales eran sinónimo de ineficiencia, onerosidad y pérdidas. Daban ganancias y sus tarifas eran inferiores en un 50% a la de los ferrocarriles privados. El ferrocarril estatal cumplía un rol de fomento, llegando a zonas pobres o de poca densidad de población, uniendo pueblos y dando empuje a las economías regionales.

Otro tanto ocurrió con Gas del Estado. Cuando en 1945 se nacionalizó, bajaron las tarifas, los costos de producción y se amplió la red de distribución y gasoductos (20.000 kilómetros). Empresa que fue desguazada y descuartizada con una ley votada con diputruchos en 1992.
Lo mismo podemos decir con la privatización del río Paraná llevada a cabo por el gobierno de Carlos Menem en 1995 (Decreto 253/95) y prorrogada por todos los gobiernos posteriores. Por la Hidrovía (Cuenca del Paraná) sale el 80% de nuestras exportaciones e ingresa el 95% de las
importaciones. A ello hay que sumarle las veintinueve terminales portuarias en manos de grandes grupos transnacionales de la agroexportación: Cargill, Bunge-Viterra, ADM, Dreyfuss, Cofco.

El Paraná es el tercer río navegable del mundo en su extensión, sin embargo, nuestro país no tiene ningún tipo de control, ni sobre la mayoría de los puertos en su ribera desde la destrucción de la estatal Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA). La privatizada Hidrovía fue campo fértil para todo tipo de maniobras de saqueo, que incluye la fuga de divisas (se calcula que se evaden 20.000 millones de dólares al año) y el contrabando de granos (como se vio en forma flagrante en el caso Vicentin), donde el Corredor Litoral también ha sido utilizado para la evasión tributaria, trata de personas, narcotráfico y contrabando de armas.

No es posible el desarrollo del país si se tienen empresas estratégicas, recursos y servicios esenciales en manos privadas (petróleo y el gas, electricidad, sistema ferroviario, etcétera). Deben estar en manos del Estado Nacional bajo estricto control y gestión de trabajadores y organizaciones de usuarios. A su vez, es fundamental nacionalizar la banca y el comercio exterior. Pocas empresas concentran las exportaciones del país, petroleras, mineras, cereales, empresas agroindustriales, automotrices, industria, aluminio, entre otras. Esos pulpos financieros controlan la especulación con el dólar y la fuga de capitales.

El comercio exterior (lo que se vende -exportaciones- y lo que se compra -importaciones-), es una parte esencial del mecanismo por el cual se llevan nuestras riquezas, que se complementa con la fuga de capitales y las bicicletas financieras. Según datos oficiales, en 2020 facturaron la friolera de 51.300 millones de dólares. Es que los pulpos exportadores sólo presentan declaraciones juradas sin que nadie verifique qué y cuánto se sube exactamente a los barcos mercantes.

Se trata entonces de crear un ente estatal que, articulado con una banca también nacionalizada, tenga el manejo de esta actividad estratégica determinando qué se puede exportar una vez cubiertas las necesidades populares. Se terminará así con cuestiones inexplicables, como que el pan tenga valores exorbitantes porque la harina cotiza al precio del trigo medido en dólares. El ente estatal de comercio exterior adquirirá los bienes destinados a la exportación a los productores, les pagará en pesos y los acopiará antes de definir si van al consumo interno o a la exportación. El Estado luego venderá aquello que se decide exportar, percibiendo directamente los dólares (no como ahora que quienes lo cobran son
multinacionales), terminando con la actual especulación cambiaria y la fuga de capitales. Medidas que deberían ser complementadas con una reforma agraria que expropie a los grandes terratenientes, respetando al pequeño productor y a las cooperativas, para potenciar el acceso a la tierra para quien la quiera trabajar.

Al mismo tiempo es indispensable que todos los bancos pasen a conformar una banca nacionalizada que unifique el ahorro nacional y el sistema de crédito en manos del Estado. Una banca estatal única que otorgue créditos baratos al pueblo trabajador y a los pequeños comerciantes.
En nuestro país no faltan “dólares”, sino que los distintos gobiernos permitieron que se fuguen. La Red de Justicia Fiscal para América latina y el Caribe revela que han desaparecido de la región casi seis billones de dólares entre 2002 y 2011, a un promedio de 600 mil millones de dólares por año, el equivalente al total de las exportaciones sumadas de los diez países de América del Sur. A esto sumémosle las ganancias que van hacia las casas matrices, el dinero que sale por los miles de agujeros del circuito financiero y los dólares que directamente se escapan por maniobras delictivas como lavado de dinero, paraísos off-shore o el narcotráfico.

Se calcula que actualmente hay aproximadamente 450.000 millones de dólares fugados de nuestro país en el exterior, casi un PBI completo, es decir, el equivalente a la riqueza entera que producimos en un año. En ese marco es que es necesario la nacionalización de la banca y el comercio exterior, como parte del nuevo plan económico que estamos postulando.

Como conclusión, está claro que plata hay. Si se deja de pagar la deuda externa, se impone un impuesto especial a las ganancias de grandes empresarios, bancos y multinacionales, si se impide la fuga de capitales y la bicicleta financiera, se recuperan las empresas privatizadas, nacionaliza el petróleo y el gas, la banca y el comercio exterior, se lograría que los fondos vayan a erradicar el hambre, la pobreza, la desnutrición infantil. A aumentar los salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar, subir los presupuestos de salud, educación (llevándolo al 10% del PBI renacionalizando todo el sistema educativo) y de vivienda, a reactivar la economía dando empleo genuino, prohibiendo los despidos y suspensiones, nacionalizando o provincializando toda empresa que cierre o despida, reduciendo la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo con igual salario, entre otras medidas. Es decir, se terminaría con el enriquecimiento de una minoría de grandes empresarios, bancos, multinacionales, usureros,
dando fin a las imposiciones del FMI, pasando a combatir los males sociales de millones.

Todos los gobiernos capitalistas nos han llevado al desastre, radicales, peronistas, el PRO. Hoy la ultraderecha de Milei está provocando un nuevo capítulo, tal vez el más siniestro, de esta debacle social. El peronismo gobernó 28 años de los más de 40 que nos separan de la última dictadura militar haciendo creer que con algunas regulaciones (el verso del “Estado presente”), bajo un supuesto gobierno “nacional y popular”, se solucionarían los problemas. Una mentira total. El peronismo gobernó para los grandes capitalistas, las multinacionales y el imperialismo, para sus empresarios amigos y una gran corrupción, manteniendo las bases intactas de este sistema capitalista de hambre, dependencia y destrucción ambiental que, bajo distintas formas, defienden tanto la centroderecha, la denominada centroizquierda y ahora la ultraderecha.

Hay otra propuesta, completamente opuesta, que es la que estamos presentando en este proyecto de ley. Un plan económico de la clase trabajadora y demás sectores populares, que deberá ser implementado bajo una economía planificada en función de sus intereses. Pelea que va íntimamente ligada a la de lograr un gobierno de las y de los trabajadores y de la izquierda, como promovemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, en camino a una Argentina Socialista con plena democracia para el pueblo trabajador.

Mónica Schlotthauer