Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La campaña oscurantista de censura de libros vino acompañada del cuestionamiento a la educación sexual en las escuelas por parte de sectores conservadores y eclesiásticos afines al gobierno. Durante días escuchamos en los medios de comunicación y en las redes sociales a personajes que dijeron sobre la ESI cualquier cosa.

Esto es así porque la contraofensiva patriarcal de la ultraderecha (que es mundial) está librando una “batalla cultural” contra los avances del feminismo, o como ellos mismo lo denominan en Estados Unidos el wokismo (que abarca otras esferas como por ejemplo la lucha contra el racismo). Entonces, atacan conquistas como el reconocimiento de las diferentes identidades de género o la Educación Sexual Integral (ESI) que, en ambos casos, fueron gracias a la movilización feminista.

La ESI en nuestro país está vigente desde el año 2006, fecha en que fue promulgada la Ley Nacional 26.150 que establece el derecho de las y los estudiantes a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos. Si bien la implementación de la Ley fue resistida por los sectores conservadores y eclesiásticos, gracias a la insistencia de la docencia y los movimientos feministas, la ESI se fue incorporando cada vez más y de manera transversal a los contenidos curriculares.

La falta de financiamiento y capacitación, pero sobre todo la injerencia de las iglesias en materia educativa, hace que la ESI tenga sus limitaciones. Sin embargo, a casi veinte años de su promulgación, y pese a los intentos por parte de los sectores reaccionarios por sustituirla, muchas niñas, niños y adolescentes han logrado reconocer situaciones de abusos o de violencias gracias a la ESI. Muchas veces, la escuela es el único lugar que las chicas y chicos tienen para contar una situación de violencia que ocurre en el ámbito intrafamiliar.

La ESI no alienta perversiones o un adelantamiento de la sexualidad en las infancias. Es una herramienta que sirve para trabajar en la prevención de las violencias de género y para proteger a las niñas, niños y adolescentes. Por eso la defendemos de quienes buscan eliminarla, a la vez que exigimos presupuesto para que pueda ser implementada de manera científica y con perspectiva de género.