Escribe Francisco Moreira

El 5 de febrero de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón, “Isabel”, firmó el decreto Nº 261/75, que establecía la ejecución de “las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”¹. La medida represiva supuso la movilización de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército, bajo el mando del general Acdel Vilas (y desde diciembre del ‘75 del general Antonio Bussi) a las autoridades constitucionales y la policía provincial. El decreto fue presentado con la excusa de terminar con el accionar de la guerrilla en Tucumán. El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, denunció que implicaba “un avance de las Fuerzas Armadas que, abandonando su papel pasivo en la retaguardia, comienzan a asumir un papel” directo en la represión del activismo obrero, juvenil y popular. ²

El “Operativo Independencia” marcó el inicio del plan sistemático de desaparición de personas y fue el primero de los llamados “decretos de aniquilamiento” que constituyeron un antecedente del golpe de Estado de marzo de 1976, en cuya legalidad se ampararon los militares para justificar sus crímenes y el terrorismo de Estado.

El peronismo no logró frenar el ascenso

El “Cordobazo”, la semi insurrección de mayo de 1969, había herido de muerte a la dictadura de Juan Carlos Onganía, dando inicio a una nueva etapa en el país, marcada por el ascenso revolucionario obrero y popular. Los militares, el radical Ricardo Balbín y el propio Juan Domingo Perón, exiliado desde el golpe de 1955, intentaron canalizar y frenar el ascenso forjando el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN) con el que acordaron convocar a elecciones y el fin de la proscripción al Partido Justicialista. Sin embargo, no lograron encauzar la situación. Ni siquiera el retorno de Perón, el 20 de junio de 1973, y el inicio de su tercera presidencia, en octubre de ese año, pudieron hacerlo.

Los nueve meses de gobierno de Perón estuvieron marcados por grandes turbulencias y un giro reaccionario (contrario a las expectativas de la base peronista que esperaba la “liberación nacional”), que tenía el real objetivo de sostener el “Pacto Social”, el plan de ajuste contra las y los trabajadores.

A comienzos de 1974 comenzaron a actuar las bandas de ultraderecha contra el activismo peronista y de izquierda, entre ellas la Triple A, organizada por el siniestro ministro de Bienestar Social, “el brujo” José López Rega. El PST, que era parte de la vanguardia, sufrió los asesinatos de Inocencio Fernández y la “Masacre de Pacheco”.³  En el acto del 1º de mayo, Perón echó a la JP/Montoneros de la plaza, los calificó de “estúpidos” e “imberbes” y pidió “rendir homenaje” a los burócratas sindicales, agradeciéndoles sostener el Pacto Social.

La muerte de Perón, el 1° de julio de 1974, y la asunción de su vicepresidenta Isabel, dejó al gobierno aún más debilitado y bajo la conducción efectiva de López Rega. El nuevo gobierno peronista se fue enfrentando al deterioro creciente de la situación económica, producto de la crisis mundial del petróleo del ‘74, pero continuó con la orientación reaccionaria iniciada por Perón.⁴ Con la excusa de prevenir la acción de la guerrilla, Isabel ordenó el “Operativo Independencia” por el que se desplegaron las fuerzas represivas al mando del coronel Mario Benjamín Menéndez en la ruta 38 en Tucumán y se utilizó “la escuelita” Diego Rojas de Famaillá como el primer centro clandestino de detención y tortura del país, por el que pasarían 3.000 activistas obreros, juveniles y populares, un antecedente directo del terrorismo de Estado y el genocidio de la dictadura.

Sin embargo, a pesar del creciente despliegue de las fuerzas represivas y del accionar de las bandas de ultraderecha, el gobierno seguía sin controlar la situación. En junio, el ministro de Economía Celestino Rodrigo anunció un plan de ajuste, que consistía en una devaluación superior al 100%, aumento de los servicios públicos y liberación de precios. Además, limitaba el incremento de los salarios a un máximo de 40%, a pesar de que muchos gremios ya habían negociado números superiores. Eso despertó la furia de los trabajadores. La propia burocracia sindical se vio obligada a reclamar “paritarias libres” y llamar a una huelga general de 48 horas para julio. Pero el 27 de junio se precipitaron los acontecimientos. El “Rodrigazo”, la primera huelga general contra un gobierno peronista, desestabilizó al gobierno. La presidenta se vio obligada a homologar todos los acuerdos salariales que se habían negociado, López Rega huyó del país y dos días después renunció Rodrigo.

El golpe se puso en marcha

El “Rodrigazo” marcó el comienzo del fin del gobierno peronista. En los meses subsiguientes el escenario continuó dominado por la acción de las bandas fascistas y el intento de aplicar nuevas medidas de ajuste. El PST sufrió nuevos golpes como la “Masacre de La Plata” y debió tomar medidas de semi-clandestinidad. ⁵

En ese contexto se dio el avance de un grupo de militares golpistas, que habían comenzado a actuar desde sus puestos dentro del aparato de gobierno. El peronismo y la burocracia sindical, al contrario de lo que planteaba el PST de organizar un nuevo “Rodrigazo” para derrotar el ajuste y defender las libertades democráticas ⁶, comenzaron a tender puentes con los sectores golpistas. Prueba de ello fueron los “decretos de aniquilamiento” firmados el 6 de octubre, entre otros, por los ministros Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero, y el presidente del Senado, Ítalo Luder, ampliando a todo el país la represión militar. ⁷ A esto se sumó el radicalismo, que por boca de Balbín insistía en que lo principal era “aniquilar a la guerrilla fabril”, eufemismo con el que llamaba a liquidar a la nueva vanguardia obrera. Finalmente, el 24 de marzo de 1976 los militares dieron el golpe de Estado.
Se comenzaba a escribir una de las páginas más trágicas de nuestra historia, que dejaría un saldo de 30.000 detenidos-desaparecidos, millares de exiliados y una economía destruida al servicio de los intereses de las multinacionales y el imperialismo.

Tras la caída de la dictadura y gracias a la histórica lucha del movimiento por los derechos humanos, se logró llevar a juicio en la “Megacausa Operativo Independencia” a militares genocidas, logrando algunas condenas a prisión perpetua y otras condenas menores. El proceso legal continúa.Sin embargo, la mayoría de los responsables políticos y militares del “Operativo Independencia” continúan impunes. Tal es el caso de la propia Isabel Perón, del ex jefe del Ejército bajo el gobierno de Cristina Kirchner César Milani, y del padre de la actual vicepresidenta, Eduardo Villarruel. La lucha por justicia continúa.

1. Decreto Nº 261/75. Disponible en www.argentina.gob.ar  
2. Avanzada Socialista Nº 136, 20/02/1975.
3. El Socialista Nº 268, 21/05/2014 Disponible en www.izquierdasocialista.org.ar
4. Ricardo de Titto. “Historia del PST”. Tomo 2. CEHuS, Buenos Aires, 2018.
5. Idem.
6. Avanzada Socialista Nº 177, 30/12/1975.
7. Decretos 2770, 2771 y 2772/75. Disponibles en www.argentina.gob.ar