Escribe Diego Martínez

Tras el espantoso asesinato de Kim, la niña de siete años de La Plata, Milei y Bullrich como parte de la campaña electoral vuelven reflotar un proyecto legislativo presentado el año pasado, que consiste en bajar la edad de imputabilidad penal a trece años de edad, algo que ningún organismo internacional sugiere. Nada extraño del ultraderechista Milei que llegó a plantear que habría que bajar la edad a los ¡diez años de edad! mientras las infancias caen todos los días en la pobreza. La inseguridad es un problema que se agrava día a día y afecta particularmente a la clase trabajadora y los jóvenes de los barrios populares. Agarrándose de este flagelo y siempre que hay elecciones, todos los gobiernos utilizan como un caballito de batalla que con la baja de imputabilidad bajarán los índices de  inseguridad, como lo hicieron años anteriores los gobiernos de Macri y Cristina.
Pero esto es una gran mentira. La participación de los menores en delitos es infinitamente inferior a la de los mayores de edad. En 2023 en  la provincia de Buenos Aires, sólo el 2,2% de los delitos fue cometido por menores. En el primer semestre de 2024, según la base general de datos de la Corte Suprema de la Nación, 907 niños y adolescentes enfrentaron causas penales, el 84% de ellos por robos y hurtos, y solo cinco de ellos por homicidios, tres por tentativa y solo dos por hechos consumados. Por eso decimos, que es una ley para criminalizar a las y los menores, no para bajar la inseguridad.
El proyecto de Milei y Bullrich, que cuenta con el apoyo del PRO, la UCR y algunos sectores del peronismo, intenta engañar a los millones de trabajadoras y trabajadores que con justa razón están preocupados por la cuestión de la inseguridad, para hacer alharaca de una ley que  tal como está demostrado en los países donde se aplicó no soluciona el problema porque no ataca las raíces del mismo.
Los delitos juveniles en su gran mayoría están organizados por adultos. Una gran parte  de ellos están asociados al consumo problemático de drogas. Miles de jóvenes son utilizados para robar o como “soldados” por las bandas narcos amparadas por la policía, la misma que está involucrada en la desaparición de Loan.  Estas poderosas bandas criminales cuentan además con la protección de la justicia. Tal es así que el propio ministro de Justicia Cúneo Libarona, que hoy promueve esta ley, fue defensor de algunos de los principales jefes narcos del país.
Con una pobreza infantil del 62,9 % y  jóvenes  que no tienen ninguna perspectiva de futuro, el consumo crece y las bandas delictivas ganan terreno ante el abandono del gobierno en los barrios, lo cual debilita todo tipo de contención. Se desfinancia la educación, se recorta presupuesto en deporte y cultura y hace pocos días Milei despidió 2.000 trabajadores de la secretaría de Niñez. ¡Todo lo contrario a lo que debería hacerse!
Es fundamental combatir la inseguridad, pero las respuestas represivas, la “mano dura”, solo es más criminalización y no resuelven sino empeoran el problema. Para combatir la inseguridad se necesita terminar con las mafias que las organizan al amparo del poder político, judicial y policial. Y  terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI, caldo de cultivo de la violencia.
Con esta perspectiva nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer junto al bloque de diputados del FIT Unidad vamos a rechazar el proyecto de Milei que busca criminalizar a la juventud y fortalecer el aparato represivo, sin solucionar de fondo el problema de la inseguridad. Llamamos a las trabajadoras y trabajadores a hacer lo mismo en las calles.