Escribe María Lorca

La moratoria previsional establecida por la Ley 27.705 quedó cerrada por orden del Gobierno nacional. Aunque tenía la posibilidad de extenderla por dos años más, el domingo 23 se cerró la ventana de tiempo que había disponible en la Anses para poder jubilarse sin cumplir con los 30 años de aportes, que permitía a adultos mayores acogerse a “comprar”, en cuotas, los años sin aportes. A lo largo de los veinte años de vigencia, la moratoria permitió que millones de adultos se jubilaran, sobre todo a que más de 2 millones y medio de mujeres accedieran a ese derecho, por eso la llamaron la “jubilación de las amas de casa”. Era una medida que reconocía la desigualdad de género, la brecha salarial y las tareas de cuidado que recaen mayoritariamente en las mujeres. Por realizar estas tareas domésticas que incluyen la crianza de sus hijos e hijas las mujeres tienen menos años de aportes que los varones, con el agravante que son las que están sometidas a trabajos más inestables e informales.

Todo este aporte sustancial de la mujer en la sociedad actual es negado desde que asumió Javier Milei. Por eso en vez de prorrogar la moratoria, la cerró definitivamente, destruyendo este derecho básico. Este cierre impacta directamente ya que sólo el 30 % de los varones y el 10 % de las mujeres en edad jubilatoria podrán acceder a una jubilación sin moratoria. Sino tendrán que acogerse a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que solo se puede tramitar a partir de los 65 años de edad. O sea, las mujeres que hasta ahora se acogían a la moratoria a partir de los 60 años, deberán esperar a cumplir 65 para tramitar la PUAM, cuyo monto asciende en la actualidad a 223.297 pesos, el 80% de la jubilación mínima, una miseria extrema si comparamos con el valor de la Canasta Básica de Jubilados que asciende a 1.200.000 pesos según la Defensoría de la Tercera Edad. Basta de quitar derechos a nuestros adultos mayores y de reprimirlos cada vez que reclaman por una jubilación digna.