Escribe Adolfo Santos

El drama de las y los jubilados no es nuevo. Por décadas, los diferentes gobiernos han aplastado el haber jubilatorio a límites insoportables. Siguiendo ese derrotero, el gobierno ultraderechista de Javier Milei redobló la apuesta y profundizó el saqueo previsional para cumplir con las exigencias
del FMI.

Cuando el gobierno de Javier Milei se jacta de haber reducido el déficit fiscal, del otro lado de la ecuación está el brutal ataque a las y los jubilados. En nombre de que el sistema es deficitario, en vez de corregir los defectos, los gobiernos lo utilizan como variable de ajuste. En enero de 2024, frente a una inflación de 20,6%, el Gobierno nacional reconoció apenas el 12,5%. Aunque se reajuste por la inflación, si no se recuperan las pérdidas anteriores, se perpetúa un mecanismo de saqueo eterno de los haberes. Más aún si se complementa con un bono congelado desde hace un año en 70 mil pesos.

Como si esto fuera poco, el Gobierno ha restringido la gratuidad de medicamentos, eliminó los créditos baratos que otorgaba la Anses y acabó con la moratoria para los que no tienen la cantidad de aportes suficientes. Esta última medida dejará a 240 mil personas sin jubilación. Le cargan a las y los trabajadores la responsabilidad por los aportes no realizados, cuando es conocida la evasión del pago por las patronales o el aumento del trabajo informal. El mismo gobierno que exige 30 años de aportes, mediante la Ley Bases eliminó las multas laborales para el empleo no registrado, alentando la informalidad.

Un problema que viene de lejos

El déficit previsional no es nuevo, y tampoco es responsabilidad de las y los trabajadores. Fueron las políticas previsionales desastrosas de todos los gobiernos las que nos llevaron a esta situación. Un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL) dice que “en la década de 1950, la acumulación de títulos públicos en las cajas de previsión representaba el 47% del Producto Bruto Interno (PBI)”. Una fortuna que se licuó irresponsablemente al ser colocada en bonos de la Tesorería al 4% anual cuando la inflación llegaba hasta el 25%. Y en 1970 se dispuso el rescate de esos bonos en diez cuotas anuales sin ajuste. Un verdadero robo de las cajas previsionales.

Si le agregamos la permisividad ya citada de los gobiernos con la evasión y el trabajo no registrado, tenemos un combo perfecto para el desastre. “Entre 1974 y 2017, la informalidad ascendió desde un 24% al 33% del total del empleo. En tanto, se aprobaron jubilaciones de privilegio para jueces, diputados, senadores y concejales, entre otros. Y, con el argumento de abaratar la creación de empleo, las constantes reducciones de las contribuciones patronales que acentuaron el desfinanciamiento del sistema, agravado porque no evitaron el incremento de la informalidad”, Clarín 21/03/25.
Otro capítulo de esta historia se escribió en los ‘90 cuando se crearon las AFJP. Un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) concluyó que la transferencia de recursos previsionales al sector controlado por el sistema financiero fue en torno a los 8.000 millones de dólares. Lejos de resolver el problema previsional, lo agravó, disminuyendo las coberturas y beneficios. En 2008, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, se estatizó el sistema, pero se mantuvo la ley de jubilaciones de los ‘90, que había reducido el cálculo de los haberes, y se continuó cargando a la Anses el pago de beneficios que no se financiaron con aportes, como consecuencia de los altos niveles de desempleo, informalidad y evasión patronal.

Entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, por el aumento de la inflación, las jubilaciones y pensiones tuvieron un deterioro del 19,5%, lo que generó fuertes protestas frente al Congreso. En 2021, durante el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina impusieron una nueva fórmula  de movilidad desligada de la inflación, lo que mantuvo las pérdidas frente al altísimo costo de vida.

Hay una deuda ineludible de todos los que gobernaron con las y los jubilados, y que el gobierno de Milei intenta perpetuar. Según datos oficiales, desde septiembre de 2013 a la fecha, las jubilaciones mínimas incluyendo el bono cayeron un 36,3%, mientras el resto se desplomaron un 49%. Para superar este achatamiento, exigimos un haber jubilatorio que cubra el costo de la canasta básica del jubilado calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, establecido en 1.200.523 pesos para el mes de marzo. Que se restituyan los aportes patronales y el 82% móvil. Repudiamos y combatimos el “ahorro” que se hace ajustando a uno de los sectores más vulnerables para obtener un superávit que irá a parar a los cofres insaciables del FMI.