Escribe Guido Poletti

La inflación de marzo “sorprendió” con un 3,7%, acumulando en el primer trimestre del año un 8,6%. Abril, con la devaluación exigida por el FMI, también dará un número cercano al 4%, y se espera otro tanto para mayo. Todos estos son los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si nos remitimos a la suba de los alimentos y bebidas, el número es peor aún: 5,9% sólo en marzo, acumulando un 10,9% desde comienzos de 2025.

La contrapartida a todo esto son los salarios. El gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Trabajo, se niega sistemáticamente a convalidar negociaciones paritarias por encima del 1% mensual. Solo en lo que va del año, todo salario en blanco sufrió un mazazo terrible, que se suma a todo lo perdido el año pasado. Por supuesto, mucho peor lo pasan los trabajadores informales. Todo un sendero de pulverización de los ingresos, incluidas las jubilaciones. En este último caso, basta un único ejemplo: el reajuste de marzo fue de apenas el 3,7%, por lo que bastó la inflación de ese mes para comérselo.

La perspectiva hacia el futuro inmediato no es alentadora. Hace apenas un par de meses, el ministro de Economía, Luis Caputo, nos prometía que, para abril, la inflación mensual ya estaría con un “1” adelante. Ya sabemos que no será así, sino con un “4”. Los propios economistas amigos del gobierno ahora señalan que, con optimismo, tasas cercanas al 1% recién se podrán alcanzar en el último trimestre del año. Pero, aún con este dato, el gobierno insiste en que no se homologarán paritarias superiores al 1% mensual. ¡A sabiendas se planifica seguir reventando los salarios!
Milei y Caputo mienten cuando hablan de reactivación. La única realidad, masivamente expresada, es que al pueblo trabajador no le alcanza para llegar a fin de mes. La reciente encuesta de la consultora Scentia, que muestra una nueva caída, ahora superior al 5% en el consumo masivo de marzo (comparado con los valores ya de crisis de marzo de 2024), refleja la realidad de 16 meses consecutivos de descenso del consumo popular.

Es urgente un aumento salarial de emergencia, que lleve el salario mínimo al valor de la canasta familiar, tal como es calculado por las y los compañeros de la Junta Interna de ATE-Indec, hoy en 1.768.976 pesos, ajustado mensualmente por inflación. Además, que, a partir de ese valor, se reabran todas las paritarias, sin techo, para recuperar el poder adquisitivo perdido. Del mismo modo, la jubilación mínima también debe tener un reajuste de emergencia para que nadie perciba menos que el valor de la canasta del adulto mayor, calculada según la Defensoría de la Tercera Edad en 1.200.523 pesos, y que, a partir de ese número, se aplique el 82% móvil.

El gobierno ultraderechista tiene en la mira, como eje de su ajuste y su motosierra, al conjunto de la clase trabajadora. Por eso, hay que responder con firmeza y contundencia, como lo hacen las y los jubilados todos los miércoles. Después del último paro general, hay que seguir con nuevas medidas de fuerza y un plan de lucha. En lo inmediato, concurriendo masivamente a la marcha convocada para el 30 de abril y exigiendo su continuidad con un nuevo paro general de 36 horas y un plan de lucha.