Escribe José Castillo

El presidente ultraderechista Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, mienten descaradamente al decir una y otra vez que “los salarios se han recuperado y están creciendo”. Es una mentira tan obvia que la puede refutar cualquiera con ver cómo se esfuma el ingreso al tener que pagar las cuentas e ir al supermercado.

En los lugares de trabajo, la opinión es unánime: “la plata no alcanza”. Las compañeras y compañeros hacen malabares. Todos están endeudados, con las tarjetas de crédito al tope de tanto usarlas para comprar artículos de primera necesidad. Crece el pluriempleo: ya es común que, luego de terminar su jornada laboral, el compañero o la compañera complete ingresos haciendo algunas horas de UBER u otra aplicación, o con otra changa.

Para las patronales (sobre todo las extranjeras) es una fiesta: el costo salarial en dólares es el más bajo de los últimos quince años y uno de los más bajos de América Latina. Encima, en un país que se ha transformado en el más caro en dólares de toda la región.
El salario mínimo es un escándalo. Desde noviembre de 2023, su poder de compra se redujo un 33,5%. Está incluso más bajo que durante el menemismo: se encuentra en 296.832 pesos.

Hay trabajadoras y trabajadores del Estado que no llegan a 500 mil pesos. Un chófer de colectivos cobra 900 mil de bolsillo. Son salarios de hambre, rozando la indigencia.

Es absolutamente necesario y urgente un aumento salarial de emergencia, para que ningún trabajador o trabajadora del país gane menos que el valor de la canasta familiar calculado por las y los trabajadores de ATE Indec en 1.768.976 pesos. Además, que ese valor se actualice automáticamente mes a mes por la inflación. Es necesario reabrir todas las paritarias, sin techo, para que las distintas categorías de trabajadoras y trabajadores recuperen lo perdido.

Venimos de la movilización del 9 y del paro del 10 de abril. Luego estuvo la multitudinaria convocatoria del 30 de ese mes. Esta semana se dio el paro de la UTA y está abierto un fuerte conflicto en la UOM. Sobra bronca y ganas de luchar. Por eso, desde la corriente sindical nacional A Luchar y desde el sindicalismo combativo insistimos en que la CGT tiene que darle continuidad. La salida no puede ser una “reunión con los gobernadores” o ponerse al servicio de la campaña de Axel Kicillof. Se impone un nuevo paro nacional, ahora de 36 horas, y un plan de lucha, como herramientas indispensables para poder frenar el plan motosierra de Milei y el FMI.